El éscándalo de corrupción en Brasil en torno a la estatal Petrobras, se acerca cada vez más a la figura de Lula da Silva. Ayer se supo que uno de los empresarios presos por el caso de corrupción en la petrolera estatal afirmó ante la Justicia que pagó cuentas personales de un hijo del ex presidente por 530.000 dólares con fondos desviados ilegalmente de la empresa pública. Así lo aseguró ayer el diario O Globo.
Quien confesó esos supuestos pagos es Fernando Baiano, quien está acusado de ser intermediario del pago de sobornos entre empresas contratistas de Petrobras y dirigentes políticos. Baiano es uno de los arrestados por el caso que se acogieron al mecanismo de confesar aspectos del caso ante el tribunal a cambio de que se les reduzcan las penas que les correspondan y el único de ellos que no fue liberado luego de que se comprobara la veracidad de sus declaraciones. Es lo que en Brasil se llama “delación premiada”, un mecanismo que ha permitido perforar el blindaje de impunidad en el caso Petrobras, con un efecto devastador sobre la clase empresaria brasileña y sobre la dirigencia política.
El empresario Baiano aseguró al juez que pagó gastos personales de Fabio Luis Lula da Silva —apodado en Brasil “Lulinha”- por casi dos millones de reales (530.000 dólares) con dinero procedente de la red de corrupción de Petrobras, según infromó el diario O Globo. La “delación premiada” de Baiano fue homologada el viernes pasado por el juez Teori Zavascki, pero el empresario permanecerá encarcelado hasta el 18 de noviembre próximo, cuando se cumpla un año de su arresto.
Autorización. La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (la corte suprema de Brasil) autorizó a la Policía Federal a citar al ex presidente Lula para interrogarlo en calidad de testigo, no como imputado o investigado en el caso Petrobras, el llamado “Petrolao” o, también, “Lava jato” (Lavadero de autos). Baiano cayó preso en noviembre de 2014, en la llamada “Operación Juicio Final”, una etapa del Petrolao que alcanzó al brazo empresario del esquema de corrupción. En una primera resolución del tribunal, Baiano fue condenado a una pena de 16 años y un mes. Fue esta pena la que lo impulsó a negociar un trato de “delación premiada”.
El permiso para interrogar a Lula fue pedido en septiembre pasado por un comisario de la Federal que cree que el ex mandatario pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo, para su partido o para su gobierno con el mantenimiento de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos” en Petrobras. El desvío de al menos 2.000 millones de dólares de Petrobras para el financiamiento de campañas políticas es investigado desde hace algo más de un año. La Justicia federal brasileña ya condenó por el caso a varios empresarios, ex ejecutivos de la petrolera y políticos implicados.
El PT, en apuros. Entre los condenados se encuentra Joao Vaccari, tesorero del PT al momento de ser detenido. El PT es el partido de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff. Vaccari tendrá que cumplir 15 años y cuatro meses de cárcel. Las investigaciones del “Petrolao” se han extendido a una veintena de grandes empresas privadas que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con los directores de Petrobras y los políticos que permitían el fraude. Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, aspecto del caso que está bajo investigación judicial. La corrupción a gran escala en la petrolera, considerada como la más vasta red ilícita que se ha descubierto en Brasil, llevaron a la oposición a exigir el inicio de un juicio de destitución contra Dilma Rousseff. Esta sufrió la semana pasada dos derrotas en este frente. Por un lado, el Tribunal de Cuentas, dependiente del Congreso, dictaminó que su gobierno encubrió gastos en el presupuesto. Por otro el Tribunal Electoral sospecha que la campaña de Rousseff del año pasado pudo recibir fondos ilícitos de Petrobras y dio su visto bueno para que se abra una investigación. Una doble derrota que llevó a Rousseff a hablar de “golpe de Estado a la paraguaya”, en referencia al impeachment que destituyó a Fernando Lugo en 2012.
