Violencia mediática y derecho a la educación

La cárcel como lugar de castigo es una idea que tiende a ser naturalizada desde los discursos que consumimos en los medios masivos de comunicación. En el imaginario colectivo, lejos está la idea de pensar a la detención como un espacio de consolidación de derechos.

La Dra. Gabriela Gusis sostiene que en Latinoamérica "se segregan seres humanos como si fueran descartables. En ese sentido, las cárceles en la región funcionan como campos de concentración para grupos vulnerables" (Gusis, 2017). Esto queda en evidencia cuando pocos se sensibilizan contra las torturas contra las personas detenidas. Los detenidos sufren agresiones físicas, amenazas, deficiencias en la salud y la alimentación. Asimismo, entre los años 2010 y 2016, la Procuración Penitenciaria de la Nación registró un nuestro país 13.685 hechos de tortura y/o malos tratos.

Cabe recordar que la Asamblea del Año XIII eliminó todo tipo de castigos y torturas, lo cual fue luego ratificado por la Constitución Nacional en su artículo 18, cuando dice expresamente que la cárcel no será para castigo, sino para seguridad de los reos. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 prohíbe la aplicación de torturas: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes".

Pero mientras la tortura es casi invisibilizada, muchos se indignan si se enteran que se respeta algún derecho en los espacios de detención. En ese marco, (...) se busca repensar el rol de los medios de comunicación y de la educación en los contextos de encierro. (...).

Los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes construyen agendas informativas. Nos proponen pequeños y sesgados recortes de acontecimientos que muchas veces interpretaremos como la realidad. Esto tiene como finalidad dirigir nuestra mirada hacia ciertos asuntos desde determinados enfoques, mientras otros tienden a hacerse invisibles. A modo de ejemplo, recordemos cuando en julio de 2015 en los medios de comunicación hegemónicos se cuestionó el aumento del salario de las personas que trabajan estando detenidas.

Nuestra normativa sostiene que el único derecho que perdió la persona detenida es la libertad. Es decir que continúa siendo titular del derecho al trabajo a la salud, a la educación, a los vínculos afectivos. La ley nacional 24.660 establece que las personas detenidas tienen derecho a trabajar y a recibir un salario: "El trabajo constituye un derecho. No se impondrá como castigo, no será denigrante, infamante ni forzado y propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábtios laborales y procurará la capacitación para desempañarse en la vida libre". Según el artículo 120 de dicha ley, "el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil". Por lo tanto si se aumenta el salario mínimo, debería aumentar el salario de los trabajadores en contexto de encierro. Muy pocas personas detenidas logran ejercer su derecho al trabajo. Sin embargo, la vulneración del derecho al trabajo no es noticia en los medios de comunicación.

La misma ley dice que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública: "Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades". La ley entiende que la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación. Sin embargo la fiscalía especializada, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), denunció que «los alumnos del Centro Universitario de Devoto aún padecen inconvenientes para acceder al derecho a la educación por incumplimiento de los funcionarios penitenciarios de ese establecimiento»".

¿Cómo se legitima esta violencia y la vulneración de derechos? Según el Dr. Raúl Zaffaroni, estamos atravesados por un discurso de criminología mediática que nos presenta la realidad de una sociedad dividida entre buenos y malos, donde las soluciones a los conflictos son lineales y violentas (Zaffaroni, 2011). Para el discurso de esta pedagogía mediática de la violencia, cuantas más personas detenidas tengamos y en condiciones más precarias, mejor. De esta manera, se legitima la violencia institucional y el aumento de las detenciones en malas condiciones. Recordemos que al sistema no le importan todos los delitos. La selectividad del sistema penal recae sobre determinados sectores sociales: las personas en situación de pobreza. Mientras tanto, otros delitos con consecuencias más graves son invisibles.

Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en nuestro país el 62 por ciento de las personas detenidas tiene menos de 34 años. En relación al nivel educativo, el 31 por ciento de los detenidos no terminó el primario y un 39 por ciento apenas logró hacerlo. Asimismo, al momento de la detención, sólo el 15 por ciento tenía trabajo de tiempo completo. Es decir, estos jóvenes, antes de ser detenidos, sufrieron la vulneración del derecho a la educación y al trabajo.

Esta mirada construye chivos expiatorios: los jóvenes en situación de pobreza y los migrantes de los países limítrofes. Se forma un "ellos" sobre los cuales se canalizará la angustia. La mirada es conductista, se imagina que cuanta más violencia sufran determinados sectores sociales que ocupan ese lugar de chivos expiatorios, más seguros estaremos. Para este modelo punitivista, que se instaló como discurso dominante, no hay lugar para la inclusión, la reparación y el tratamiento. Nunca se trabaja sobre las causas de las violencias. Sin embargo como dice el sociólogo argentino Gabriel Kessler, "si a un joven que sabe que robar está mal se lo lleva a la cárcel de buenas a primeras, además de generar en él un resentimiento y un estigma que le será muy difícil sacarse de encima una vez que cumpla su condena y salga de la cárcel, se lo podrá estar vinculando con otros individuos en una carrera profesional del delito. De esa manera la cárcel, lejos de resolver os problemas, recrea las condiciones para que se agraven".

Ahora bien ¿qué genera el discurso de la "mano dura"?: si una persona es detenida durante largos años en una cárcel sobrepoblada, sufre situaciones de torturas, golpizas y no se le permite tener acceso a sus derechos básicos, es probable que cuando salga en libertad, reincida y que lo haga en forma más violenta.

Como contrapuntos, podemos tomar la experiencia que garantiza el derecho a la educación del Centro Universitario de Devoto. Según estadísticas de la Universidad de Buenos Ares (UBA), la tasa normal de reincidencia es de apenas el 6 por ciento. Sostiene Zaffaroni que "quien entra a la cárcel semianalfabeto y egresa como un ingeniero electrónico, naturalmente que ha subido su nivel de invulnerabilidad y tiene otra autopercepción de sí mismo. No es porque lo hayan arreglado como a un artefacto del hogar descompuesto o al que le faltara una pieza, sino porque le han subido su nivel de invulnerabilidad quitándole el estereotipo introyectado". Es decir, el objetivo debería ser modificar la autopercepción de la persona, intentar que deje de percibirse a sí misma como "un delincuente" y ayudarla a que se piense desde otra perspectiva. La cultura, el arte, la política, la religión o el vincularse mediante redes sociales pueden ayudarlo a cambiar la mirada que tiene de sí mismo y el mundo.

Es claro que el discurso que busca ampliar permanentemente las condenas, que asocia a la cárcel con un espacio únicamente de castigo y que piensa a la persona que cometió un delito como enemigo, genera más violencia. En lugar de combatirla, la reproduce. (...)

En base a lo expuesto, si queremos construir una sociedad más segura debemos desmantelar el discurso vindicativo y fortalecer imaginarios colectivos que ayuden a consolidar derechos en los espacios de detención, lo cual redundará en mayor seguridad.

(*) Parte del artículo publicado en el libro "Encuentros 2. Un entramado de pedagogías insumisas", coordinado por Enrique Samar y que reúne una diversidad de experiencias pedagógicas. El artículo escrito por Roberto Samar (licenciado en comunicación social y profesor universitario) y María Cristina Capurro (licenciada en seguridad ciudadana y educadora) incluye un registro de propuestas educativas realizadas en contextos de encierro.