Los partidos de la alianza gobernarte presentaron proyectos diferentes en la reforma constitucional sobre la confesionalidad del Estado y la libertad de culto
Por Facundo Borrego
La Capital / Celina Mutti Lovera
La confesionalidad del Estado se define en la reforma constitucional
La reforma constitucional de Santa Fe expuso las diferencias ideológicas dentro de Unidos. Una de las más profundas quedó evidenciada en el posicionamiento sobre qué condición debe adoptar el Estado santafesino frente a la religión. Hay al menos cuatro criterios distintos que acaban de ser presentados en los proyectos de cada uno de los partidos de la alianza.
La actual Constitución en su artículo 3 establece una posición confesional donde la provincia adopta institucionalmente la religión Católica Apostólica Romana aunque en la práctica es una mera declaración. En los estados confesionales las autoridades eclesiásticas son consultadas o toman decisiones de gobierno. Ni Santa Fe, ni la República Argentina lo hace.
La ley de necesidad de reforma propone a la Convención: "Eliminar la confesionalidad del Estado y reafirmar la separación y distinción del orden civil y de cualquier orden religioso, reconociendo la colaboración entre ambos órdenes con todos los cultos".
Hay tres premisas claras en ese texto base: que ninguna religión tenga preeminencia, la separación Estado-Iglesia, y que las instituciones religiosas sumen al trabajo con el Estado provincial.
Con ese repertorio es que empezaron a redactarse los proyectos de los diferentes partidos de Unidos. El artículo 3 tiene versiones diferentes basadas en la concepción religiosa de cada partido y en el umbral de libertad que se le pretende dar al culto del Estado.
Hay un eje central en la UCR, el PRO, y el partido UNO del sector evangélico que contiene lo redactado en la ley de necesidad con casi las mismas palabras. “La provincia de Santa Fe no establece ninguna religión oficial, afirma la distinción entre el orden civil y el religioso contemplando la colaboración entre el Estado, las Iglesias, y los cultos legalmente reconocidos”.
La UCR no toca una coma de ese texto. En cambio el PRO agrega: “Se reconoce la contribución histórica de la Iglesia Católica en la conformación de la cultura e identidad del pueblo santafesino”.
El texto de UNO es el mismo que el mencionado pero le agrega algo importante: “Se garantiza la libertad de conciencia en materia de religión y culto”. No es menor porque da un paso más de no establecer ninguna religión oficial y abre la puerta a creer en lo que cada uno quiera.
“Nosotros le agregamos un plus que nos parece muy importante que es garantizar la libertad de conciencia en esta materia que de alguna manera está contemplado en el artículo 12 de la constitución actual que no será reformado”, explicó el convencional, diputado provincial y pastor, Walter Ghione.
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El Partido Socialista (PS) no tiene vueltas: “El Estado es laico”. Punto. Si bien la ley de necesidad sostiene eliminar la confesionalidad, que se interpreta como no tomar partido por ninguna religión, algunos especialistas entienden que si se declara la laicidad del Estado como propone el socialismo también se estaría adoptando una posición que es no reconocer las diferentes religiones o al menos dejarlas fuera de la carta orgánica.
El punto de “colaboración del Estado con los cultos” es algo innovador que sucede en la práctica con algunas articulaciones aunque de manera indirecta sin firma de convenios u otros acuerdos.
Leandro Batalla, abogado y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con estudios sobre la religión y el Estado, hizo una advertencia a La Capital en este punto. “Si se estable el artículo así, como si la colaboración fuera de dos personas en un acuerdo, y esa colaboración pareciera que tiene un sustento constitucional, podría ser muy perjudicial”.
Luego ejemplifica: “Para pensar la Constitución tenemos que hacer el ejercicio de pensar situaciones hipotéticas futuras. ¿Qué pasaría si en unos años asume un gobierno teocrático y musulmán, o con una religión integralista, y firma un acuerdo con el Ministerio de Educación para que la educación religiosa sea impartida en escuelas públicas? Eso ya deja de ser una mera colaboración y parece un reconocimiento amplio constitucional. Eso podría ser un escándalo”.
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