Otro antecedente del prófugo surgió en 2020, cuando las autoridades hallaron 26 paquetes de la misma sustancia en la isla El Charigüé, ubicada frente a Rosario. Cada uno tenía impresa la sigla del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una marca que pretende instalar junto con el apodo "El Rey del Sur".
En cuanto al segundo cargamento secuestrado el 14 de diciembre de 2023, el fiscal federal Federico Reynares Solari y el fiscal federal de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Scilabra, solicitaron penas de hasta 15 años de prisión para los integrantes de una organización por el intento de contrabando de esos 1.500 kilos de cocaína de máxima pureza depositados en un galpón del noroeste de la ciudad.
En los tribunales se ventilaron los nombres de Gabriel Nicolau, José Damián Sofía, Oscar Rossi, Marco Páez, Lucas Hitters, Fabio Crucianelli, Gastón Sofía y Osvaldo Gorosito. Marset, en cambio, quedó afuera de la acusación, pero está en la sombra como parte de una "organización de carácter transnacional, sumamente compleja, bien diferenciada entre partes”.
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Sebastián Marset jugaba bajo el nombre de Luis Amorim y defendió los colores del Club Deportivo Capiatá de Paraguay, entre otros equipos.
La causa se inició a partir de la acumulación de dos expedientes anteriores e independientes llevados a cabo por divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA). Uno fue encarado por la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná y el otro lo llevó adelante la División Operaciones Federales a partir de datos aportados por las autoridades de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que tiene al narco en la mira.
El alerta de los organismos se refería al ingreso al país de un ciudadano de nacionalidad colombiana que se dedicaba a actividades relacionadas con el tráfico de drogas y se lo ligaba al uruguayo. Distintas ciudades y puertos de la hidrovía como Asunción, Rosario y Montevideo, que representan unos 3.400 kilómetros de extensión fluvial, son usados para "enfriar" o empaquetar la droga destinada a Europa u otros destinos internacionales. Según distintas investigaciones, uno de los lugares donde se enfrió parte de la cocaína para enviar afuera fue J. B. Molina y otro, la cercana isla del Charigüé. En 2020 y con la pandemia en su esplendor fue cuando la policías del destacamento isleño hallaron 26 paquetes de cocaína con la inscripción "PCU".
La marca del PCU
PCU es la misma inscripción que el aparente mandamás del cartel tiene tatuada en su mano derecha. El Primer Cartel Uruguayo es la filial de la banda criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC). Este hombre jugó con la camiseta número 10 del Club Deportivo Capiatá de Paraguay hasta 2021 con un nombre apócrifo –por hobby- y está acusado de ser uno de los principales operadores de la nueva ruta de la cocaína hacia Europa: la hidrovía por la que transitaron 45 toneladas de cocaína en los últimos dos años.
Marset dice ser el dueño de las aguas turbias de la hidrovía. Una hipótesis manejada por agencias como la DEA es que los bombardeos de cocaína que se detectaron en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y en J.B. Molina, en Santa Fe, podrían tener como objetivo canalizar la droga por terminales portuarias santafesinas y de Zárate-Campana.
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La hidrovía Paraná-Paraguay.
Uno de los embarques con droga que luego fueron descubiertos en Europa hizo trasbordo en el puerto de Buenos Aires el 29 de diciembre de 2021, según los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA), donde la carga se trasladó al buque panameño Cap San Artemisso. En Paraguay están convencidos de que el uruguayo, que también es cantante y empresario del espectáculo, maneja la logística en tres países del sur: Uruguay, Argentina y Paraguay. “Lo vemos como una especie de gerente de la hidrovía narco", aseguran los fiscales antidrogas de Paraguay.
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Las investigaciones que se llevaron a cabo en la Fiscalía de Asunción concluyeron que el PCC aporta el territorio que domina en Paraguay y Bolivia para obtener la droga que se produce en el Chapare y en Santa Cruz de la Sierra. El kilo de cocaína que se fabrica en tierra boliviana tiene un valor de 2.500 dólares y diez veces más, como mínimo, cuando se coloca la droga en el mercado europeo.
Marset está implicado en una causa en Paraguay denominada Ultranza Py, en la que se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares al narco. Esa investigación estaba en manos del fiscal de Crimen Organizado Marcelo Pecci. Este fiscal de 45 años integraba la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, de Paraguay y fue baleado desde dos motos de agua en 2022.
Ocurrió en las playas de la isla caribeña de Barú, donde pasaba su luna de miel, tras haberse casado el 30 de abril de 2022. "Llegaron dos hombres, se acercaron, le dispararon y se fueron. Un guardia quiso acercarse, pero le dispararon también al guardia", contó su esposa, Claudia Aguilera, a W Radio. Además, aseveró que su marido no había sido amenazado. Uno de los sicarios que fue detenido un año después confesó que el PCC le pagó a este grupo 530.000 dólares para ejecutar al fiscal.
Marset, el hombre detrás del abandono en 2020 de droga en el Charigüé y el narco más buscado de Sudamérica, tiene pedido de extradición de cuatro países (Bolivia, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos). El jefe narco transitó las bambalinas detrás del cargamento de 400 kilos de cocaína que eran transportados en una avioneta en julio de 2023 y que se estrelló en la localidad chaqueña de Avía Terai. Según la investigación posterior, ese era uno de los vuelos narcos que bombardearon con droga campos de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La avioneta, con matrícula boliviana, fue abandonada por el piloto. Ese cargamento estaba valuado en más de seis millones de dólares.
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Los panes de drogas tenían estampadas una manos negras en su envoltorio.
¿Quién es Sebastián Marset?
En su conocida vida como jugador de fútbol profesional y amateur, Marset integró un equipo de la Liga B de Bolivia con el nombre falso de Luis Amorim (según un pasaporte brasileño). Usaba la camiseta número 23 del club Los Leones El Torno, cuyos partidos se transmitían por YouTube. Al club le pagaba, según fuentes de la justicia paraguaya, más de 10.000 dólares por mes. Vivía en una de las mansiones más grandes de Santa Cruz de la Sierra, de donde se fugó en una camioneta, una hora antes de que irrumpiera un gigantesco operativo de la Policía boliviana integrado por más de 2.200 efectivos. No es la primera vez que se escapa.
Por esa trayectoria deportiva, también ilegal, la Fiscalía de Bolivia amplió la investigación por delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación contra los exdirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol Noel Montaño Cabrera y Oscar Augusto Canedo, quienes favorecieron a Marset, según las investigaciones primarias. Estos ex dirigentes de fútbol son indagados por haber recibido, presuntamente, unos USD 300.000 de Marset para habilitarlo como jugador del Club Leones de El Torno.
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En una las ocho mansiones de Sebastián Marset en Santa Cruz la policía boliviana incautó 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores para diversos tipos de armas, cuatro chalecos antibalas, una moto, 31 vehículos y cuatro cuadriciclos. Según fuentes de la investigación en Paraguay, la oficina de la DEA de Asunción tenía identificado que Marset operaba desde hacía por lo menos dos meses en Santa Cruz de la Sierra.
En tanto, merced a un reportaje de The Washington Post publicado en julio, se develó que Marset enviaba aviones pequeños desde el principal aeropuerto comercial de Paraguay y luego los pilotos apagaban el radar y volaban en secreto a través de la frontera con Bolivia para aterrizar en granjas remotas en el Chapare, la región cocalera de Bolivia, donde los traficantes llenaban los aviones con entre una y dos toneladas de cocaína para después "bombardear" cocaína a lo largo de la hidrovía. La cocaína hallada en el Charigüé y algunos decomisos de cientos de toneladas de la sustancia en Rosario abrieron la sospecha de un vínculo local con el prófugo por parte de los agentes de organismos de la DEA, de los juzgados federales y las fuerzas federales asentadas en el sur de Santa Fe.