El Colegio de Psicólogos rechazó la baja de la edad de imputabilidad: "El sistema penal debería ser un bisturí, no un hacha"

El gobierno nacional consiguió la aprobación para enviar al recinto el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una iniciativa que rápidamente generó rechazo en varios sectores. “Ven al sistema penal como un hacha para resolver problemas sobre una población donde necesitamos bisturí”, dijo Gerónimo Ferreyra, integrante del Colegio de Psicólogos de Rosario, a La Capital.

Quienes se oponen reducir dos años la posibilidad de penar a los adolescentes desconfían en que la medida ayude a reducir los delitos ni la violencia en la sociedad. En esta línea se paró el Colegio de Psicólogos de Rosario, que revivió su pronunciamiento sobre el tema y pidió un debate “serio”. También se sumó la Multisectorial No a la Baja de Rosario, con un texto dedicado a los legisladores nacionales, rechazando el pronto tratamiento en el Congreso.

El debate en la baja de la edad de punibilidad no es nuevo. Los proyectos siempre rondaron ciertos sectores políticos y fue en 2017 cuando recobró una fuerza significativa. Un año más tarde varias propuestas desfilaron por el Congreso de la Nación, pero sin pasar al recinto. En 2024 se retomó la discusión enmarcada en una serie de casos que involucraban a adolescentes y fue el pasado 6 de mayo que La Libertad Avanza logró el consenso, sumando ítems o miradas de otros proyectos, para lograr dictamen y dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Con el inminente debate, el colegio que nuclea a los psicólogos de la 2° Circunscripción de Santa Fe, con Ferreyra como representante planteó “reconocer la complejidad de las situaciones adolescentes y que las estamos intentando resolver aumentando la punitividad sobre ellos”.

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Ferreyra instó a pensar el contexto de la discusión, el cual se trata de “un vaciamiento de las políticas sociales, el Estado social se va achicando y el Estado penal va creciendo”. Por otro lado, puso sobre la mesa los “discursos del odio” sin interpelarnos como sociedad sobre “qué es lo que vamos a reproducir con este tipo de medidas, cuentas y descarnadas y que no cierran las heridas de los familiares o amigos de las víctimas, que tienen su dolor y es válido”.

De todas formas, el psicólogo no descartó una reforma y hasta mencionó el apoyo de varios juristas, sin embargo, también sostuvo la importancia de mantener el principio de no regresividad, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y reafirmados en la ley 26.061 y que se refiere a la obligación de los Estados de garantizar que los derechos de los niños no sean disminuidos o retrocedidos. Pensar en qué propuestas se ofrece desde el Estado a la población adolescente en situaciones conflictivas es otra de las propuestas del Colegio de Psicólogos de Rosario y la capacidad para abordarlas si la población se agranda al comenzar a sancionar a los chicos de 14 años, argumentó Ferreyra.

Más bisturí

Ferreyra pidió entender el proceso de la adolescencia antes de bajar la edad de punibilidad. Se trata de un momento en la vida del hombre donde se ponen en discusión diversas cuestiones como las filiaciones o la infancia. Todo vuelve a resignificarse. Pensar en la adolescencia es recordar una etapa de vida con las emociones a flor de piel, pero también con importantes dolores “porque es el pasaje de ser un niño a un adulto”.

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“Tenemos que plantear las condiciones que tenemos en los reformatorios y cárceles. Es un lugar de encierro y mucho no se puede ofrecer en ese contexto para los adolescentes”, explicó el especialista. En la provincia hay dos Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar), uno en Rosario y otra en Santa Fe, ellos reciben a personas entre 16 y 18 años que fueron condenados por un delito, pero aún no cuentan con la mayoría de edad para ser derivados a una cárcel.

A partir de allí, Ferreyra insistió con un debate como comunidad y sociedad para abordar esta “compleja” problemática donde “el sistema penal es como una especie de hacha o de martillo para resolver problemas en donde a veces necesitamos intervenciones más de bisturí, algo más fino".

Adolescentes desprotegidos

A la par de las propuestas en el Congreso, aparecen discursos, frases y hasta eslogans en Redes Sociales, que muchas veces se presentan como el clamor social. Ante esto, Ferreyra, en representación del colegio de psicólogos, apostó por un debate profundo con el sistema penal y el educativo porque “en lugar de pensar estrategias de protección” a las adolescencias “vamos por herramientas de desprotección”.

El profesional puso el eje en los mensajes a través de las redes sociales y su relación con los discursos oficiales y en apoyo a la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. El modelo o estructura con los cuales se presentan explicó Ferreyra, simplifican el abordaje a una solución “enlatada” para el problema y “no puede ser así porque estamos hablando del momento evolución de ese adolescente y si uno no ofrece otras alternativas, pasar por el sistema penal va a dejar marcas, que no van a ser desencadenantes de la paz social”.

La pregunta “¿Qué hace un chico de 14 años con un arma?” se replica en la sociedad y genera un sin fin de respuestas. En consecuencia, Ferreyra invitó a pensar “qué se pretende” de un adolescente y mencionó a Silvia Bleichmar y sus ensayos sobre la construcción de sueños y la transmisión de ideales y sobre la “construcción de legalidades”, porque “no es una cuestión de quitarle responsabilidad”.

Datos

Los datos oficiales en torno a los delitos que implican a menores se contradicen respecto a los discursos, que suelen aparecen en años donde los argentinos van a las urnas. Sin embargo hay. En 2024 la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reunió las estadísticas solo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se iniciaron 1.788 causas penales en la Justicia de Menores. La última vez que abordaron otros distritos fue en 2022 y el informe indicó que en la provincia de Santa Fe hubo ese año 3.859 niños y adolescentes con ingreso a la Justicia de Menores por causas penales: el 61,5 % entre 16 y 17 años; 7,4 % entre 14 y 15 años; y 1,8 % hasta 13 años, mientras que el resto corresponde a "datos no informados". Es decir, que la población que se vería afectada con esta modificación, los chicos de 14 y 15 años, solo representa una parte minúscula en el universo delictivo.