Rubén y Raúl Carlen deberán pagar las obras de restauración de la ruta 1 en el departamento de San Javier destruida por los terraplenes ilegales que realizaron
La condena se refiere a una denuncia por daños en la ruta provincial 1.
La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe confirmó una condena por obras de desagüe clandestinas denunciadas a principios de 2019. La sentencia fue dictada contra dos empresarios acusados por inundaciones en el departamento San Javier, donde el agua acumulada hizo colapsar un tramo de la ruta provincial 1.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisó este domingo que el fallo de segunda instancia establece una pena de 3 años de prisión condicional. También dispone que Rubén Arnoldo Carlen y Raúl Francisco Carlen se hagan cargo de restablecer las condiciones de los campos donde construyeron terraplenes sin autorización.
La fiscal Bárbara Ilera y su colega Ezequiel Hernández precisaron que los titulares de Los Cerrillos S. A., una empresa arrocera, tienen 90 días para presentar un plan de remediación en función del fallo de segunda instancia firmado por el juez Oscar Burtnik. En este sentido aclararon que ambos deben financiar el proyecto personalmente, no a través de la compañía productora de arroz.
El MPA imputó a los Carlen como coautores de estrago doloso por inundación. Además de la inundación de campos y el derrumbe de un tramo de la ruta 1, los declararon culpables de haber puesto en riesgo a los vecinos de Colonia Teresa, una localidad ubicada a casi 40 kilómetros al norte de la cabecera departamental.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los empresarios arroceros empezaron a modificar el cauce natural del arroyo Saladillo Dulce a partir de 2007. Desde entonces construyeron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión.
>> Leer más: Fueron intervenidos más de 350 casos de obras hidráulicas clandestinas en la provincia
Los funcionarios a cargo de la causa destacaron que el veredicto establece un "precedente de suma importancia" en cuanto a los límites definidos por la ley general del ambiente. Además recordaron que fue una de las primeras sentencias a nivel provincial en contemplar este tipo de daño.
Por otra parte, el fallo de segunda instancia introdujo un cambio en cuanto a las obras pendientes. El juicio oral había terminado con la orden de que el gobierno santafesino hiciera los trabajos de recomposición del suelo para luego reclamar el pago a la sociedad anónima de Rubén y Raúl Carlen, presidente y vicepresidente de la empresa productora de arroz Trimacer. Después, la Fiscalía de Estado de la provincia respondió como querellante y pidió que los imputados financien con su propio dinero la ejecución del plan de remediación.
A la hora de revisar la primera resolución, Burtnik ratificó el dolo eventual de la acción de los empresarios en San Javier. "No hubo negligencia porque los condenados estaban al tanto del grave daño que podían causar con los terraplenes que levantaron”, apuntaron los representantes del MPA.
Entre los antecedentes del caso, los fiscales subrayaron que la construcción en los campos del norte provincial comenzó "sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes". Luego se registraron varias intimaciones para que dieran marcha atrás, pero las obras ilegales continuaron a sabiendas del peligro.
El camarista desestimó el planteo de la defensa en cuanto al papel de los Carlen en la construcción del terraplén. “Que no lo hayan construido en forma personal no puede eximirlos de responsabilidad, pues, el rol que ocupaban en la empresa, no en cuanto a cargo jerárquico, si no a la toma de decisión real y el aprovechamiento económico de la explotación de las tierras, no permite dentro de un análisis lógico sostener que los nombrados no conocieran la existencia de tal situación clandestina”, concluyó.
Ilera y Hernández apuntaron que el desvío del cauce del Saladillo Dulce modificó el valle de inundación para mejorar el rinde de los terrenos de la compañía. En algunos tramos, la defensa superaba los dos metros y medio de altura. Además, los imputados “construyeron canales de riego y desagües que impidieron el normal escurrimiento” en la zona del arroyo. Así se generó un dique aguas arriba y el agua acumulada en 2019 superó ampliamente la capacidad de drenaje de la alcantarilla ubicada en el kilómetro 190 de la ruta 1.
Por Carina Bazzoni
