El Enargas denunció que el Estado local usaba el dinero de las tarifas para gastos corrientes y no cumplía con la normativa
Foto: Google Street View.
Enargas denunció que la Comuna de Arteaga se apropió del dinero cobrado por la tarifa de gas.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) rechazó este martes un pedido de autorización de una empresa denunciada por múltiples problemas legales y técnicos en el sur santafesino. Según informes oficiales, el servicio en Arteaga lleva casi 25 años en situación irregular por el incumplimiento de resoluciones previas.
El conflicto se remonta al reordenamiento que devino del proceso de privatización de la red a principios de los 90. En los hechos, el pueblo del departamento Caseros cuenta con una subdistribuidora que opera como tal a pesar de no tener permiso del Estado. En el plano formal, la comuna tampoco cuenta con licencia para realizar dicha actividad, pero cobra por la prestación.
Además de esta cuestión, Litoral Gas S. A. viene reclamando una deuda importante por la distribución, transporte y provisión del fluido. Mientras tanto, un expediente judicial vinculado al tema indica que el Poder Ejecutivo local cobra por el suministro y luego usa el dinero de los usuarios para gastos corrientes, ajenos al servicio público.
En 1995, la comuna quedó a cargo de transferir las obras necesarias y las instalaciones de la red. La resolución estableció un plazo de 180 días, pero el traspaso nunca se concretó. A partir de entonces, Arteaga Gas S.A. se postuló para hacerse cargo de la prestación pero nunca obtuvo el visto bueno del ente regulador nacional.
En el camino para acceder al permiso, la compañía privada supo tener como titular a Sergio Protti, expresidente de la comisión gobernante en la localidad ubicada unos 120 kilómetros al oeste de Rosario. Entre los antecedentes se destaca que las gestiones para obtener la autorización las realizaban las autoridades del Estado en vez de los miembros de la sociedad anónima.
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Hasta septiembre de 2016, la subdistribuidora no había presentado los balances requeridos y todavía estaba preparando su declaración de impuestos. Tres años más tarde, la comuna firmó un contrato de concesión de todos modos por la ordenanza 13/2019. Previamente, Enargas intervino y ordenó que Litoral Gas tomara el control interino del gasoducto de alta presión y la estación reguladora de presión (ERP) por 180 días corridos.
El proceso de regularización llegó a una nueva etapa en 2023, cuando se proyectaron reformas en busca de adecuar un sistema de seguridad inapropiado frente a ciertos problemas. Las auditorías posteriores determinaron la administración pública local no aplicó el plan de mantenimiento escrito y realizó una "gestión deficiente en prevención de daños". En su rol de control, la distribuidora privada añadió que no había herramientas, equipamiento y materiales suficientes para atender emergencias y reparación de las instalaciones.
Cuando Litoral Gas fue designada para operar de manera interina en el pueblo, el ente regulador ya había intimado a la comuna por "numerosas observaciones técnicas" en cuanto al mantenimiento de un tramo del gasoducto de alta presión. La advertencia se refería a cuestiones que ponían en riesgo tanto los bienes materiales como la vida de terceros.
Dado que Arteaga nunca hizo las reformas necesarias, la distribuidora de la provincia se hizo cargo de la relocalización de las instalaciones. Hasta la actualidad, el Poder Ejecutivo local nunca pagó la obra.
Litoral Gas recurrió a la Justicia para cobrar, pero también hizo una nueva presentación ante el Enargas. Entonces se quejó de la supuesta incapacidad económica de la comuna y señaló: “Nos hallamos frente un problema estructural y recurrente de un déficit de gestión manifiesto, que excede una cuestión de índole meramente comercial ajena a la competencia de ese organismo regulador".
En la instancia de litigio, las autoridades locales reconocieron que Arteaga Gas presta de hecho el servicio. Dado que no está habilitada formalmente para hacerlo, el reclamo económico de la compañía distribuidora al Estado en el departamento Caseros es infructuoso dentro del esquema jurídico de responsabilidad que deja afuera al actor privado.
Finalmente, el interventor de Enargas, Carlos Alberto María Casares, firmó la resolución 324/2025 para que Litoral Gas intervenga como operador interino del sistema durante 120 días corridos. La medida se renovará de manera automática por el mismo plazo hasta que la autoridad reguladora dicte la designación definitiva.