Primero fueron las inspecciones a los comercios, bares y restaurantes las que determinaron conexiones ilegales a la energía con saldo negativo por 46 millones de pesos. Ahora, otros operativos evidenciaron que de 40 lavaderos de autos asentados en avenida Pellegrini entre el 4100 y el 5100, 19 robaba la luz. Una pérdida económica para la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de casi 7 millones de pesos. Se trata de un sector dedicado a esta actividad que ya ha presentado inconvenientes en la regularización dominial y en el consumo del agua a punto tal que se acordó la instalación de grandes cisternas para que el resto de la zona no se quede sin presión.
De los 77 millones de pesos que la EPE reportó como pérdida en 15 mil verificaciones en zonas comerciales e industriales de la provincia durante el primer bimestre del año, casi la mitad corresponde Rosario. Ahora, la avanzada de las cuadrillas llegó a un sector polémico de la ciudad: la zona de los lavaderos que se extienden por Pellegrini entre Provincias Unidas y las vías del ferrocarril.
Estos nuevos operativos de detección de conexiones clandestinas se dieron en el marco del plan que busca disminuir las pérdidas no técnicas en las redes de distribución de toda la provincia. “Las acciones de investigación arrojaron como resultado que el 47,6 por ciento de los locales relevados acumulaba 37.500 kilovatios-hora de energía consumida y no registrada. Esto equivale a 6,6 millones de pesos en hurto de energía”, detalló el presidente de la EPE, Hugo Marcucci.
¿Cómo hacían los enganches?
Según fuentes de la EPE, lo detectado en materia de maniobras fue diverso. "Hacían la conexión directa del cableado aéreo muy pegada al pilar de la bajada de la línea energética. Y en otras ocasiones se buscaba confundir los cables de luz con los de la la telefonía o el servicio de TV por cable. La única manera de detectar esto es visualmente porque, al ser energía no registrada, no hay forma de verlo en los tableros. Existe 1,4 millón de usuarios y 4 mil empleados, pero hay mil abocados a esto", indicó un vocero de la compañía.
En cada operativo se acompañan denuncias formales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA): “Vamos a llevar a los autores de estos delitos a la Justicia para que afronten todas las consecuencias de sus actos. Cada fraude afecta el funcionamiento de la red y perjudica al resto de los usuarios”, amplió Marcucci para agregar: "Deben tener su castigo penal porque son delitos, no solo una multa".
A su vez, quienes fueron autores o responsables del hurto energético deberán hacer un circuito de formalización ante la EPE para volver a tener luz. Al detectarse los inconvenientes, los agentes retiran el medidor en cuestión y se labra el acta correspondiente. Se interrumpe el suministro, lo que obliga al infractor a tener que regularizar su situación y pagar una deuda que se hace en base a un calculo de consumo a valores históricos. Una vez formalizada la situación, se recupera la condición de cliente. La multa que se paga se multiplica por doce en función de este valor histórico.
Además de las constataciones en los lavaderos de autos, se encontraron conexiones irregulares en un bar en 1º de Mayo al 2000 y en una cochera contigua. Allí se labraron actas por consumos no registrados en el orden del millón de pesos.
Cabe recordar que días atrás la empresa dio a conocer que en llevaron adelante 15.200 operativos de inspección en comercios, industrias y domicilios particulares de Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo y Villa Constitución; identificando fraudes por energía consumida y no registrada por más de 77 millones de pesos.
Una de las razones que explica la continuidad en los operativos obedece a un dato que volcó en los medios la actual gestión al frente de la EPE. Según la auditoría realizada sobre el periodo 2020-2023, se detectaron pérdidas mensuales por hurto de energía por $4.200 millones de pesos mensuales en la provincia, lo que representaba un 7,32% del total de la energía operada.
El hurto de energía tiene un impacto directo en la sobrecarga de la red eléctrica, generando bajos niveles de tensión y cortes. Esta situación afecta directamente la red de baja tensión en los usuarios. Asimismo, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas, provocando importantes lesiones e incluso la muerte.
Marcucci destacó además la importancia de la denuncia para poder colaborar con las investigaciones: “Para esclarecer estos delitos es fundamental la denuncia de los vecinos. Pedimos a los ciudadanos que cuando adviertan problemas de tensión, o si notan medidores adulterados, hagan la denuncia. Ese robo que detectamos y desactivamos es energía que vuelve al sistema legal, dinero que se recupera para el bien de todos los santafesinos que abonan la tarifa, recursos que pueden ser invertidos en obras, fondos que sirven para modernizar y eficientizar el sistema. Estos robos a gran escala no solo dañan a la empresa, perjudican a todos los santafesinos”.
Penalidades
Según el Código Penal, el hurto o manipulación de energía eléctrica es un delito sancionado con prisión, dependiendo de la gravedad del acto. Las penas pueden llegar a significar años de cárcel, además de las restituciones y recargos económicos por hurto o estafa.
Desde la compañía estatal recordaron que siguen vigentes las vías de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio: 0-800-555-0083, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y [email protected].
Cisternas
Hace una década, el municipio, a través de la Dirección de Inspección, constató que de 23 lavaderos visitados más de la mitas (12) no tenían habilitación para funcionar. Pero el tema no se agota allí. En muchos casos, no todos, se habían colocado bombas de presión que extraían el agua que opera Aguas Santafesinas directamente del caño maestro; lo que ocasionaba inconvenientes de presión en los domicilios de la zona.
Por eso, se consensuó que algunos locales coloquen cisternas para que almacenen agua y luego la usen con fines comerciales. También ayuda el uso de hidrolavadoras que tienen llave de corte en vez de mangueras. Pero para que las compañías de servicios puedan formalizar a los clientes de agua es necesario acreditar una titularidad sobre los dominios donde se asientan; algo que en este sector se da sobre terrenos fiscales.
