Los religiosos que se ocupaban de la grey rosarina y sobre quienes se piden informes son Jorge Palma, Ángel Ruiz, Eduardo Varea, José Antonio Silva y José Luis Vidal. Y la entidad en cuestión es la Asociación Santafesina de Cultura, presidida hasta el año pasado -cuando este diario fue atendido telefónicamente por sus directivos- por el ex primer decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, Omar Carranza Fernández, en cuyo hogar trabajó una de las denunciantes siendo menor y sin cobrar salario; vicepresidida por Eduardo Benjamín Vinzia y con Tomás Curuchet (también académico de la Austral), como secretario.
A esta asociación supuestamente pertenecían y pertenecen mansiones que funcionan como residencias estudiantiles o albergues de los religiosos y numerarios y numerarias auxiliares (miembros -varones y mujeres- laicos que hacen votos de pobreza y castidad). Algunos de esos inmuebles son la casa normanda de calle 9 de Julio y Ayacucho, que fue sitio de la residencia Universitaria Litoral de varones (hoy en calle La Paz 640) y la residencia Cheroga de mujeres de Santa Fe 2044, entre otras tantas ubicadas en Pérez o en el corazón de Fisherton.
"Lo denunciado ante el Vaticano y reproducido por medios de prensa en relación a las 43 mujeres que habrían sido sometidas a situaciones de servidumbre por parte de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei generan una grave preocupación, ya que se advierte el caso, una vez más, de mujeres que son abusadas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, falta de madurez y falta de formación", se lee en el pedido de informe.
Y se aclara que el caso de las denunciantes tomó estado público a través de diversos medios de información, ya sea gráficos (como este diario), radiales o televisión nacionales tanto como internacionales. En ese sentido, ambos legisladores les piden al cuerpo legislativo que acompañen con su voto el pedido.
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En los fundamentos se citan testimonios volcados en las notas periodísticas y se remarca que "de ser cierto lo expuesto, se estarían afectando gravemente los derechos de los niños y de las mujeres, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966), y la Convención sobre los Derechos del Niño".
Nueve preguntas
El pedido de informe que pide esclarecer los hechos denunciados formula nueve preguntas que se transcriben a continuación de manera completa, aunque se preservan los documentos de identidad:
1) ¿Qué tipos de miembros sacerdotes y/o laicos posee o poseía la Prelatura del Opus Dei?
2) Si las personas que se mencionan a continuación (acá se publica el listado completo, pero se van a obviar sus números de documento) fueron o son integrantes laicas denominadas “numerarias auxiliares” de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei o del Instituto Secular Opus Dei. En caso positivo, indique durante qué años:
Lucía Gimenez Miskinich, Laura Araujo Gonzalez (de Paraguay), Laura Mareco, Visitación Villamor, Evangelina Vaccon, Sandra Retamar, Nidia Ojeda Medina, Mónica Martínez, Estela Inez, Gladis Rodríguez, Amada Delgado, Alejandra Monteros, Maria Estela Fantin, Gladys Cuellar del Padre, Adela Prieto, María Ojeda Amaro, Juliana Sosa, Margarita Silva Argüello, María Dominga Godoy Argüello, Avilia Medina Arguello, María Ojeda, Pabla Silguero, Juliana Olivera, Haydee Martínez, Gladis Miranda, Jara Benítez, Mónica Espinoza, Sotelia Espinoza, Susan Alamada, Norma Martínez, Susana Lencina, Claudia Encina, Norma García, Mónica Fantin, Sandra Ibañez, Mónica Zambrano, Martina Calisaya, Elida Del Carmen Torancio, Alicia Torancio, Norma Pedrozo, Claudia Carrero, Nidia Díaz Valdéz y Anatilde Candia Prieto.
Además, se pregunta si el siguiente listado de sacerdotes pertenece o pertenecieron a la Prelatura del Opus Dei y en caso positivo informen su lugar de residencia. Los nombres son:
Ramón Taboada, José Antonio Silva, Ángel Martínez, Rogelio Livieres, Danilo Eterovic, Carlos Nanei, Tomás Gibson, Gabriel Dondo, José María Klappenbach, José Luis López Jurado, Ignacio Castiella, Eduardo Varea, Carlos Robledo, José Luis F Dacal, Jorge Palma, Alberto Du Petit, Osvaldo Neves Almeida, Juan María Gallardo, Mariano Fazio, José Luis Vidal y Pedro Velazco Suarez.
En cuarto lugar se solicita saber si "las siguientes asociaciones civiles tienen o tuvieron algún tipo de relación con el Opus Dei" y en caso positivo se indique cual era esa relación.
Asociación Santafesina de Cultura, Asociación para la Promoción Deportiva Educativa y Social, Asociación para el Fomento de la Cultura, Asociación Promotora de la Educación y el Deporte, Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ahora llamado “Iniciativas de Capacitación Integral para Emprendimientos de Desarrollo"), Asociación Civil de Estudios Superiores, Asociación de Emprendimientos Sociales, Educativos y de la Salud; Asociación Cultural del Norte, Asociación Cultural del Bonaerense, Asociación Civil y Cultural de Cuyo, Los Ceibos Asociación Civil, Asociación Cultural de Salta, Asociación Cultural Cordillera, Asociación de Intercambio Cultural, Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, Fundación Pedro Antonio Marzano y Asociación Promotora Cultural y Social.
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En relación a esas asociaciones mencionadas se pregunta si son o fueron integradas total o parcialmente por miembros de la Prelatura del Opus Dei y si "son o fueron las dueñas de las propiedades en las que la Prelatura del Opus Dei desarrolla sus actividades.
En séptimo lugar, se pide saber si las 43 mujeres del listado desempeñan o desempeñaron funciones o si las mismas viven o vivieron en ellas y en ese caso se indique cuáles y en qué horarios y se especifique quién determinaba o determina donde vivían o viven las numerarias auxiliares del Opus.
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Y en último lugar se pide "la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos de la Prelatura en la región a cargo del sacerdote Juan Llavallol", nueva máxima autoridad de la Región del Plata (nueva sede está compuesta por otras como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, con central en Buenos Aires. En Rosario no hay sede directiva desde que el 29 de septiembre de 2021, Fernando Ocáriz, nombró a Llavallol).
Cambios "sin prisa" pero sin pausa
Si bien para las autoridades del Opus, la denuncia de las ex nax (como se conoce a las numerarias auxiliares dentro de la Obra) no hizo mella en la institución, hubo movimientos que demuestran lo contrario. No solo se fueron de Rosario, primera ciudad argentina donde se instalaron en 1950, sino que se rediagramaron territorialmente en la Región del Plata.
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Además, recién tras la denuncia armaron una comisión de escucha a las víctimas con intención de "contenerlas" y ahora celebrarán un congreso extraordinario para adecuar sus estatutos, porque el Papa les aclaró a sus autoridades que el Opus Dei debe adecuarse a la nueva Constitución sobre la administración de la curia que entró en vigor el 5 de junio pasado. Se trata, nada menos, de los primeros cambios desde hace cuarenta años, cuando, bajo la Constitución “Ut sit”, Juan Pablo II erigió a la Prelatura del Opus Dei, una propia jurisdicción: una especie de Iglesia autónoma y distinta a las demás, sin territorio determinado.
La convocatoria al congreso la anunció el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, en una carta a los fieles de la Obra publicada este jueves en su página web y en la que explica que el encuentro servirá para adecuar los estatutos, como solicitó el papa en el motu proprio (documento papal) “Ad charisma tuendum” del pasado julio, así como realizar “otros posibles retoques”.
”En el Dicasterio del Clero nos han aconsejado no limitarnos a considerar lo que se refiere a la dependencia de la Prelatura a este Dicasterio y al paso de quinquenal a anual del informe a la Santa Sede sobre la actividad de la Prelatura, sino que propongamos otros posibles retoques a los estatutos, que nos parezcan convenientes a la luz del Motu proprio”, escribió Ocáriz.
Según el prelado, también se les aconsejó que lo hagan “sin prisa y con todo el tiempo necesario” y les indicó a las y los congresistas: “Interesa también contar, con suficiente antelación, con la aportación de quienes deseéis enviar sugerencias concretas” y “próximamente os llegarán orientaciones sobre el modo y el tiempo para enviármelas, de modo que se facilite su estudio”.
Remarcó a su grey: "Tened en cuenta que se trata de cumplir lo que ha indicado la Santa Sede, no de proponer cualquier cambio que nos pudiese parecer interesante. Junto al deseo de ser fieles a la herencia de nuestro fundador, es importante considerar el bien general que supone la estabilidad jurídica de las instituciones”.
El Opus Dei ya no formará parte como hasta ahora de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis autónoma, sino que estará directamente controlada por el ministerio del clero, como otras tantas organizaciones religiosas.
La norma, que entró en vigor el 4 de agosto, establece que el prelado no podrá ser obispo para “fortalecer la convicción de que se necesita una forma de gobierno basada más sobre el carisma que sobre la autoridad jerárquica”.
Además, el Opus Dei tendrá que presentar cada año “al dicasterio para el Clero un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica.
