El organismo internacional apoyó el accionar del presidente para mantener el objetivo de lograr un superávit fiscal primario del 1,6%
Javier Milei y Kristalina Georgieva, titular del FMI
El presidente Javier Milei finalmente decidió vetar las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación que prorrogaban la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad y que suponían elevar el gasto público en 1,5%, según analizó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI destacó la medida del gobierno nacional ya que calificó a las leyes, una de ellas incluía un aumento de 7,2% para los haberes de los jubilados, como “costosas iniciativas”. Además, el staff del organismo indicó que la inclinación del Congreso por estas leyes impone un contexto de “presión electoral”.
En este sentido, el FMI señaló que las leyes ponen en riesgo el objetivo de la administración de Javier Milei para lograr un superávit fiscal primaria del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
El paquete de normas incluía aumentos en la jubilación y la actualización de las pensiones por discapacidad. Cabe recordar que el FMI aprobó recientemente un desembolso de US$2000 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas.
Por otro lado, el organismo internacional señaló el compromiso de Milei de presentar una reforma previsional antes de diciembre de 2026 para “armonizar contribuciones y prestaciones, promoviendo la formalización laboral”.
A pesar del veto, el Congreso aún puede anular la decisión de Milei, por lo que el gobierno ya comenzó a dialogar con los gobernadores y hasta evalúa judicializar la disputa.
El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. Según trascendió, los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial el próximo lunes.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
La Casa Rosada se encuentra por estas horas en negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados, con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
La ley de movilidad jubilatoria, impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contempla una fórmula que combina aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establece un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
El proyecto establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.
En cuanto a la emergencia en discapacidad, la ley declara la emergencia en el sector por el recorte de fondos y busca garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
El veto presidencial puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso lo desestiman con mayoría especial (dos tercios). Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.
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