El Congreso avanza en la ley del arrepentido y la extinción de dominio de bienes ilícitos

La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a aprobar hoy dos leyes propuestas por el massismo: la extinción de dominio para bienes provenientes de ilícitos y la figura del arrepentido para casos de corrupción.

El primer proyecto consiste en que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos, para lo cual no sería necesario que haya condena firme.

"A diferencia del decomiso, el proyecto está planteado en la órbita civil y no penal, esto es, apunta al bien y no a la persona", detalló Alejandro Grandinetti y agregó que "contempla los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio".

De esta manera y tal como lo destaca el vicepresidente del bloque Frente Renovador-Una "lo que se pretende es darle herramientas a los jueces para que "quienes se hayan enriquecido por ejercicio de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y también infracciones y evasiones, actos simulados, competencia desleal y formación de monopolios, vayan presos".

Pero además suma otro elemento: que los bienes comprados con ese dinero sean vendidos y "lo que se recaude por ellos, deberán ser una inversión en educación y a los programas de prevención. Así no sólo se desestima la comisión del delito sino que se mejora el futuro de nuestros chicos y jóvenes", disparó.

El otro proyecto instaura en el Código Penal la figura del arrepentido para casos de corrupción. En ese marco, se propone beneficiar a los imputados o condenados en una causa con reducciones de penas, para el caso de que brinden información precisa y verosímil que permita avanzar en la investigación judicial. "Esto no significa que quien se declare como arrepentido y aporte datos, quedará libre. Por el contrario, logrará una reducción de la pena de un tercio de la misma y cuando el delito en cuestión estableciera una pena de prisión o reclusión perpetua, la pena se reduciría hasta un mínimo de quince años", dijo Grandinetti.