La UCR presentó un proyecto para terminar con las candidaturas testimoniales. El caso del cierre de listas en provincia de Buenos Aires
Foto: Télam
Las candidaturas testimoniales nuevamente bajo la lupa
En el complejo entramado de la política argentina, el concepto de candidaturas testimoniales emerge periódicamente como una estrategia recurrente, generando tanto debates como controversias. Es una práctica electoral que, si bien puede parecer una táctica válida para ciertos partidos, es cuestionada por su impacto en la transparencia y la representatividad democrática.
Las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires exponen esta estrategia de forma clara. Nada menos que 21 intendentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, compiten por cargos legislativos. Muchos de ellos son, precisamente, candidatos testimoniales, lo que significa que, si acceden a una banca, no asumirán el 10 de diciembre.
Dentro de este grupo de 21 intendentes, 14 pertenecen a Fuerza Patria, el sello del peronismo, que es el partido que usa el formato de testimonial en todos los casos para intendentes que encabezan las listas en sus distritos y así "traccionar la boleta de abajo hacia arriba". Otros cuatro intendentes son de Somos Buenos Aires y dos de Avanza La Libertad Avanza.
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Entre los intendentes que se destacan como testimoniales figuran Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Espinoza (La Matanza) y Pablo Zurro (Pehuajó), además de la propia Verónica Magario.
Una candidatura testimonial se da cuando una figura política de alto perfil, con gran reconocimiento o capacidad de arrastre de votos, se presenta como candidato en una lista electoral (generalmente para cargos legislativos como diputado o senador), pero con la clara intención de no asumir el cargo si resulta electo.
Su objetivo principal no es ocupar la banca, sino aportar su caudal de votos para fortalecer la lista de su partido o coalición, impulsando así a otros candidatos que lo siguen en la nómina.
Esta estrategia es utilizada principalmente para:
Maximizar votos: Aumentar el porcentaje de votos de una boleta, aprovechando la popularidad del "candidato estrella".
Fortalecer la lista: Asegurar que más candidatos de la misma fuerza política ingresen al Congreso o las legislaturas provinciales.
Impacto mediático: Generar mayor visibilidad y atención mediática sobre la propuesta electoral.
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Si bien las candidaturas testimoniales no están explícitamente prohibidas por la legislación electoral argentina, su uso es objeto de fuertes críticas y debates. Los principales argumentos en contra se centran en:
Engaño al electorado: Se considera que esta práctica puede inducir a error a los votantes, quienes eligen a un candidato esperando que ocupe la banca, sin saber que su verdadera intención es renunciar.
Déficit democrático: La renuncia de una figura clave una vez pasadas las elecciones puede debilitar la confianza en el sistema y desvirtuar el principio de representatividad, ya que el cargo es ocupado por quien realmente no es el más votado directamente por el electorado en esa posición.
Debate ético: Más allá de la legalidad, se plantea un cuestionamiento ético sobre la transparencia y la honestidad en la campaña electoral.
Senadores de la Unión Cívica Radical proponen incorporar al Código Nacional Electoral sanciones para quienes se postulen a cargos públicos y, al momento de asumir, no lo hagan.
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Se trata de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que pretenden incorporarlo como artículo 139 bis de la ley Nº 19.945 -Código Nacional Electoral- el siguiente texto: “Artículo 139 bis.- Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales. Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos".
En los fundamentos, sostienen: "Buscamos ahora una herramienta legislativa que logre evitar las denominadas 'candidaturas testimoniales', las que significan una clara defraudación a los electores y un quiebre en la confianza política de los ciudadanos".
Los representantes provinciales advierten que "las candidaturas testimoniales contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones" y agregan: "¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan?".
"Por cierto, se trata de una responsabilidad individual, pero también de los partidos políticos que tienen la obligación y el compromiso de ofrecer los mejores candidatos con calidad suficiente para satisfacer las demandas actuales", resalta el proyecto.
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