Este miércoles se tratará en Diputados el dictamen aprobado a principios de julio pasado, que prevé una recomposición salarial para los profesores
La Cámara de Diputados debate la ley de financiamiento universitario.
Este miércoles al mediodía, el Congreso nacional nuevamente será escenario del debate por la ley de financiamiento universitario. De esta forma, llegará al recinto un proyecto que apunta a garantizar fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una recomposición salarial para docentes y no docentes. En 2024 una ley similar fue aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei.
Con 49 firmas, el dictamen de mayoría se aprobó a principios de julio pasado en las comisiones de Educación y Hacienda, y con el impulso de los rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los sindicatos del sector. La propuesta fue acompañada por más de un 1 millón de firmas en apoyo a la iniciativa.
Mejoras en los salarios y en los gastos de funcionamiento, becas, fondos para investigación y auditorías son algunos de los ejes centrales del proyecto de ley, impulsado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
Durante su discusión, el diputado Christian Castillo (FIT) recordó que "estamos en el tratamiento de un tema crucial por segundo año consecutivo, porque el año pasado tuvimos que recurrir a una ley de financiamiento que terminó aprobada, pero fue vetada”.
Desde la bancada de Encuentro Federal, el diputado Esteban Paulón expresó “el acompañamiento al dictamen de mayoría, fruto de un amplio consenso y un diálogo entre la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, no docentes y diversos bloques políticos”.
En representación de Unión por la Patria, el diputado Hugo Yasky (UxP) remarcó que "hoy tenemos la posibilidad de avanzar con un proyecto que tiene amplio consenso, que ha expresado el apoyo de los rectores, de los gremios universitarios y también el acompañamiento de las organizaciones estudiantiles”.
El texto propuesto en el dictamen de mayoría está en concordancia con el proyecto de ley de financiamiento universitario que elaboró el CIN, en conjunto con las federaciones docentes, la no docente y la FUA. La iniciativa preocupa al oficialismo por su impacto fiscal.
El objetivo principal de la ley que se debatirá este miércoles en Diputados es garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Para ello, el gobierno libertario deberá definir las partidas presupuestarias destinadas a un programa específico de "Desarrollo de la educación superior".
El proyecto establece una serie de puntos clave para lograr estos objetivos:
Salarios: el Poder Ejecutivo deberá convocar a una negociación paritaria obligatoria con una periodicidad no mayor a los tres meses. Además se asegura una actualización salarial mínima no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además se establece que todo aumento salarial será remunerativo y bonificable.
Becas estudiantiles: el Poder Ejecutivo deberá disponer la recomposición automática de todos los programas de becas (Progresar, Carreras Estratégicas y otras) por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023.
Auditoría y control: la Auditoría General de la Nación realizará un control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal para verificar el cumplimiento y el control del plan de seguimiento.
Fomento a la investigación: se contempla una partida específica para regularizar ingresos a la carrera de investigador científico y otorgar becas de investigación doctoral y postdoctoral.
Financiamiento con ingresos propios: el proyecto faculta a que la ley se financie con un aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de los presupuestos asignados.
Si bien hasta mañana continuarán las negociaciones entre los distintos bloques para sumar voluntades, todo hace prever que la oposición en Diputados contaría con una buena cantidad de votos para darle media sanción a la ley, que luego deberá ser refrendada en el Senado. Sin embargo, como sucedió con la ley de emergencia en discapacidad y la recomposición de los haberes jubilatorios, pesa sobre el proyecto la sombra del veto presidencial.
De hecho en octubre de 2024, pese a la masiva movilización en todo el país en defensa de la universidad y la educación pública, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había aprobado el Congreso. Desde el gobierno sostuvieron entonces que la norma, aprobada un mes antes por amplia mayoría, pretendía "dañar al gobierno políticamente" y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas.
La normativa sancionada por el Congreso a mediados de septiembre de 2024 estipulaba un incremento tanto para gastos de funcionamiento como en los salarios de docentes y docentes. Tras su sanción, el presidente había prometido un "veto total", como sucedió con la movilidad jubilatoria, con el argumento que se pone en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero. Sin embargo, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la ley universitaria implicaba un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI.