Habrá un programa de alertas administrativas y financieras para limitar el movimiento económico de personas acusadas por el sistema judicial o de Inteligencia.
Los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa
Un día después del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para acelerar el uso de los dólares de la economía informal, los llamados "dólares del colchón", el gobierno de Santa Fe dispuso una serie de medidas preventivas para evitar que bandas criminales aprovechen la medida y circulen legalmente dinero obtenido de actividades ilícitas.
Un comité especial controlará movimientos para evitar blanqueos del crimen organizado. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y el de Economía, Pablo Olivares, anunciaron que reforzarán acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación.
“Hemos decidido puesta en marcha de un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otras dependencias del Estado para diseñar un programa de disrupción financiera y patrimonial que se va a centrar en personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia al crimen organizado”, explicó Cococcioni.
Olivares sostuvo que quieren que las medidas del gobierno nacional no generen ventajas para que el 1% de los que puedan ingresar al sistema con dinero sucio no jaqueen al otro 99% que tienen buenas intenciones. “Por eso venimos a manifestar que estamos a favor del propósito de la reactivación, pero poner el ojo en ese 1% y no saque ventajas de las medidas económicas del gobierno”, planteó.
El ministro de Seguridad dijo que la idea es centrarse más que nunca en que los flujos patrimoniales y financieros no sean aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios en Rosario. “Tenemos que ser muy estrictos en controlar a aquellos que trajeron la muerte a la ciudad”, afirmó.
Según especificaron, se impondrá cruce de información para desarrollar estrategia de bloqueo de circulación de activos. No se trata de sustituir controles de organismos nacionales sino de una focalización en los sujetos que están vinculados a organizaciones paralimitar su poderío economico que es en definitiva lo que les permite seguir financiando la violencia.
“Nosotros podemos patrulleros, construir cárceles, fortalecer la investigación penal, pero en la medida que no cortemos la capacidad económica esta guerra estará incompleta y puesta a rebrote en cualquier momento”, afirmó Cococcioni.
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En rigor se creará un comité especial para controlar a través de un programa de disrupción financiera y patrimonial tendientes a bloquear los accesos y circulación de activos.
Habrá un programa de alertas y contrarrestos administrativos y financieros para limitar el movimiento económico de aquellas personas que sindicadas por el sistema penal, judicial o de Inteligencia.
A modo de ejemplo, una persona que está en lista negra, procesada por narcotráfico, no puede crear una sociedad comercial, inscribir un inmueble. ¿Qué pasa con aquellas que no están en ni siquiera acusadas y que podrían servir de testaferros? Probablemente se alcancen con investigaciones de inteligencia.
Diseñar medidas que tiendan a bloquear servicios del propio Estado. Una serie de habilitaciones que el propio Estado habilita a los ciudadanos, pero puede bloquear cuando crea que incremente un riesgo para la seguridad pública.
“No son medidas sancionatorias, sino de bloqueo o postergación hasta que se justifique una acceso a habilitaciones cuyas llaves las tiene el Estado. Se respetarán los derechos de todas las personas, que en todo caso podrá justificar la legitimidad de la operación a realizar”, explicó Cococcioni.
Vale aclarar que los bienes registrables (como activos financieros, departamentos, campos), el gobierno nacional explicó que las personas podrán inyectar los dólares para comprarlos pero que, como por su valor excede los $50 millones, en ese caso deberán adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado, también anunciado el jueves.
La histórica empresa láctea negocia un acuerdo con una firma cordobesa para volver a producir en la localidad de Lehmann. Los trabajadores acumulan meses sin cobrar. La compañía arrastra deudas por casi 120 mil millones de pesos.
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