La Justicia provincial dictó este lunes una prórroga de la prisión preventiva de los policías imputados por una golpiza en la comisaría 2ª. Los uniformados fueron denunciados por agresiones a dos detenidos y una de las víctimas era menor de edad.
La Fiscalía pidió que los tres agentes de la Brigada Motorizada continúen privados de su libertad por 30 días más
Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.
Los policías fueron denunciados antes del vaciamiento de la seccional.
La Justicia provincial dictó este lunes una prórroga de la prisión preventiva de los policías imputados por una golpiza en la comisaría 2ª. Los uniformados fueron denunciados por agresiones a dos detenidos y una de las víctimas era menor de edad.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la continuidad de la medida cautelar para dos integantes de la Brigada Motorizada y un cabo de la seccional. Todos se encuentran privados de su libertad desde principios de junio, mientras que otras dos agentes fueron liberadas bajo fianza al cabo de la primera audiencia.
Leandro Perichón y Sergio Giuliano Lazzara fueron imputados junto a sus compañeras Débora Gutiérrez y Cecilia Maidana por los golpes que recibió un detenido de 40 años y un adolescente que esperaba el traslado al Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, el ex Irar. El mismo delito le atribuyeron a Daniel Orlando Flores, que prestaba servicios en las dependencias de Paraguay al 1100.
De acuerdo a la evidencia presentada por la fiscal Karina Bartocci, la víctima mayor de edad estaba alojada en un pequeño penal transitorio después de un procedimiento que hicieron dos de los efectivos acusados. El hombre había quedado esposado en el fondo de la comisaría céntrica.
Lazzara y Maidana se encargaron de llevar al detenido durante la tarde del viernes 6 de junio. El primero de ellos empezó a golpearlo y luego se sumó Perichón. En ese momento, un joven de 17 años les pidió que frenaran mientras veía la acción desde otro módulo vidriado.
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Entre las 17.30 y las 18 de aquel día, los agentes de la Brigada Motorizada amenazaron al adolescente y éste replicó que no podían agredirlo porque era menor de edad. A continuación, Flores abrió su celda y lo derribó de un golpe con ambos puños.
A partir de la reacción del cabo en el módulo contiguo, Perichón dejó al hombre esposado, agarró del cuello al joven y lo tiró al piso. Al menos dos personas privadas de su libertad en la seccional fueron testigos de lo ocurrido, mientras que otros reclusos y policías escucharon los gritos y el ruido que hacían los imputados cuando les pegaban a las víctimas.
La golpiza cesó tras la intervención de un subcomisario encargado del traslado del muchacho menor de edad al ex Irar. Ni bien se lo llevó del lugar, el adolescente le dijo que quería hacer la denuncia y preguntó por qué le habían pegado.
Fiscalía recibió la consulta y pidió que demoraran a siete personas acusadas. La Dirección de Asuntos Internos detuvo a la mayoría, aunque Maidana y Lazzara ya se habían ido cuando llegaron a la seccional. La primera audiencia sobre el caso se llevó a cabo el 12 de junio. Previamente, Bartocci ordenó la liberación de dos agentes que quedaron al margen de la imputación. La jueza Lorena Aronne tomó la misma decisión en el caso de Débora Gutiérrez y Cecilia Maidana. En este caso, las integrantes de la Brigada Motorizada acordaron el pago de una caución real de $200.000 y tienen prohibido contactarse con las víctimas, testigos e imputados durante 90 días.
Dos semanas después de este episodio, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe retiró a 67 detenidos de la seccional. El traslado se coordinó con otros cuatro operativos para avanzar hacia el vaciamiento de las celdas de las comisarías en vísperas de las elecciones provinciales.
El procedimiento concluyó con la puesta en marcha de la Subunidad 4 del Complejo Penitenciario Rosario (CPR). El establecimiento de la zona oeste se construyó con una inversión de más de 8.200 millones de pesos para sumar 320 plazas de custodia de reclusos.
Luego de aquel anuncio, algunas dependencias policiales siguen empleándose para detenciones transitorias. La semana anterior se produjo un motín de mujeres en la comisaría 5ª . En ese momento, unas 40 personas iniciaron una protesta por las condiciones de alojamiento en la seccional de Italia al 2100.
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