Las declaraciones que el viernes 4 de este mes realizó ante los fiscales de la Agencia de Investigaciones de Delitos Complejos el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está imputado y detenido desde agosto pasado por integrar una asociación ilícita que protegía a cambio de dinero una red de juego clandestino en al menos siete localidades de la provincia, desataron un tembladeral que llevó a que la investigación avance rápidamente por dos frentes paralelos: el político, ya que en su testimonio el destituido funcionario dio nombres de personas que son parte de los tres poderes del Estado santafesino; y el policial, debido a que también comprometió a la fuerza pública y a muchos de sus hombres en el entramado de protección a esa red.
En ese marco, y con órdenes emitidas por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, ayer se realizaron seis allanamientos en Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Roldán en busca de material informático, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital donde podría haber información para proseguir la causa, aunque no se libraron pedidos de detenciones.
Los principales allanamientos se realizaron en los domicilios de tres de las personas nombradas por Ponce Asahad en su explosiva declaración de hace dos semanas. La casa del ex diputado justicialista santafesino Darío Scattaglini, en Lassaga al 3500 de la capital provincial; la del ex jefe de la Unidad Regional XVII de policía, el comisario retirado Gonzalo “Chino” Paz, en Colombia al 900 de Rosario; y la del abogado Aníbal Porri, en 3 de Febrero al 2300, quien se desempeñó como asesor legal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) en Rosario y también cumplió tareas en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Los otros procedimientos que estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigaciones (OI) con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) fueron en una estación de servicios de Urquiza al 1900, en la ciudad de San Lorenzo, que está a nombre del mismo Porri y donde se secuestró documentación que acreditaría el vínculo entre el abogado y el capitalista de juego; una finca de Pellegrini al 400 de la localidad de Roldán; y un departamento del tercer piso de Servando Bayo 1085 que había sido baleado en julio pasado y en el que los atacantes dejaron un cartel con la leyenda “Leo pagá”, en referencia al titular del inmueble, el imputado como capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, el hombre que en su declaración de agosto sostuvo que le pagaba coimas de 5 mil dólares mensuales al ex fiscal Ponce Asahad y a su jefe, el también detenido y destituido ex fiscal regional Patricio Serjal, para que lo mantuvieran al tanto de las posibles causas que se abrieran en su contra y le brindaran protección en su negocio ilegal.
Según fuentes de la investigación, los fiscales Edery y Schiappa Pietra no libraron ninguna orden de detención por lo que en cada uno de los lugares allanados solo se secuestraron elementos informáticos de comunicación. El fin, dijeron, es encontrar en el peritaje de esos aparatos pruebas que permitan confirmar todo lo dicho por Ponce Asahad en su testimonio de primer viernes del mes.
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El nombre del ex diputado Darío Scattaglini apareció en la causa de juego ilegal el 10 de agosto cuando en la audiencia en la que fue acusado el ex fiscal regional Patricio Serjal se ventiló un audio que registra un llamado del ex legislador a la secretaria del empresario Leonardo Peiti. En ese diálogo, el hombre le dijo a la empleada que (el senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando) Traferri se quería reunir con el capitalista de juego. Tras conocerse eso, Scattaglini fue separado del puesto de asesor que tenía en la Cámara de Diputados santafesina.
Ponce Asahad dijo al declarar la semana pasada que “la política se va a abroquelar y no va a soltarle la mano al senador Traferri. Estoy seguro que él se va a defender diciendo que la llamada de (el ex diputado provincial Darío) Scattaglini a la secretaria de Peiti obedece a un proyecto de ley por el cual querían incorporar a Peiti al sistema oficial de juego de la provincia. Lo sé porque me lo dijo el senador Traferri. La idea era manejar el juego oficial de Santa Fe mediante Peiti, que ha contado con protección política y uno entre varios de sus protectores es el senador Traferri”.
Tras conocer las declaraciones, el ex legislador concurrió a la Agencia de Investigaciones de Delitos Complejos convocado por los fiscales Edery y Schiappa Pietra, quienes querían conocer detalles de ese llamado y el por qué contactó a Peiti en nombre de Traferri. Luego de su declaración, los fiscales consideraron que había “referencias mendaces de parte del ex diputado”, por lo que pidieron allanar su casa para secuestrar su teléfono y otros soportes informáticos.
Vale recordar que el propio Traferri tuvo que declarar el viernes ante los fiscales que llevan adelante la causa de juego clandestino porque Ponce Asahad sostuvo en su testimonio tendiente a buscar un mejoramiento de su situación procesal, que el senador de San Lorenzo “fue el organizador de la estructura que conectó al capitalista de juego Leonardo Peiti con él y su jefe, Patricio Serjal”.
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Tras ello Traferri presentó un escrito de doce carillas a través de su abogado, José Luis Vázquez, en el que denunció una “maniobra política” contra su cliente enmarcada en “una campaña de desprestigio que lleva a cabo (el ministro de Seguridad) Marcelo Sain contra el Senado provincial” y especialmente contra él. Aunque la intención de los fiscales era que en su presentación Traferri aceptara renunciar a sus fueros legislativos para poder ser imputado, éste se negó y los representantes del Ministerio Público de la Acusación harán el pedido expreso a la Legislatura en los próximos días para así avanzar en su pesquisa.
El abogado Vázquez agregó además que “Scattaglini llamó a Peiti de parte de Traferri porque el empresario le había propuesto un proyecto para instalar máquinas de juego en los locales de la Lotería de Santa Fe y deseaba consultarlo al respecto”. Y aclaró que ese fue el único contacto entre el legislador de San Lorenzo y Peiti.
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En cuanto al ex jefe de la policía de San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz, tuvo un largo paso por la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia y pidió su pase a retiro tras cumplir los 30 años de servicio en la fuerza un año atrás.
Pocos días antes había sido mencionado en una investigación que terminó con cuatro policías de alto rango y un abogado imputados como cómplices de la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado, quien se encuentra preso en el penal de Piñero acusado de liderar una banda narco que lavaba sus activos a través de una red de distintas empresas y por instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018. De la casa de Paz los uniformados también se llevaron algunos elementos de almacenamiento de información.
Paz había estado bajo la mira del Organismo de Investigaciones (OI) poco después de su retiro por denuncias que lo ligaban a puertos secos en el departamento San Lorenzo, de donde es oriundo Traferri. Además, en la pesquisa y el seguimiento al policía retirado se detectó en perfiles de redes sociales de sus familiares fotos de una casa con pileta y un edificio detrás en la calle Bello al 1200 bis de Fisherton, donde había estacionada una camioneta Toyota Hilux que, al igual que la casa, figuraba a nombre del abogado Aníbal Porri.
Respecto a este profesional, ayer allanaron su casa y una estación de servicios de su propiedad en la ciudad de San Lorenzo. Ponce Asahad reveló que el ex tesorero del Colegio de Abogados de Rosario y ex asesor letrado de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y del Sindicato de Trabajadores Municipales “era quien trasladaba el dinero de las coimas pagadas por Peiti”. Y para los fiscales Edery y Schiappa Pietra habría indicios de que Porri actuaría como uno de los testaferros de Peiti.
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El vínculo entre Paz y Porri, según lo dicho por Ponce Asahad, es que el abogado “estaba muy preocupado por el destino de una camioneta que usaba el ex jefe policial de San Lorenzo” y que la relación entre ambos hacía que el comisario retirado usara como finca de fin de semana una vivienda de Porri.
Los investigadores sostienen que el uso del rodado y de la propiedad de Porri por parte de Paz están registrados en fotos y filmaciones de febrero pasado. Actualmente, según fuentes del caso, la Toyota en cuestión es utilizada por una persona vinculada con Discovery SRL, una empresa de objeto social amplio que pertenece a Peiti.
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Finalmente, otra de las propiedades allanadas es un departamento de Servando Bayo 1085 que es propiedad de un familiar de Leonardo Peiti. La madrugada del 10 de julio autores aún desconocidos atacaron a balazos esa propiedad y dejaron una pintada por demás de elocuente con aerosol en una de las paredes del frente del edificio: “Pagá Leo”.
En esa propiedad trabajaba Rodrigo Ortigala, un testigo protegido que había pertenecido al círculo íntimo del narco Esteban Alvarado (sindicado como autor intelectual del crimen del prestamista Lucio Maldonado y acusado de tres balaceras contra edificios judiciales) pero que se había enemistado con él desde 2012 y en el juicio se había presentado a la Fiscalía a declarar en su contra por lo que quedó como el testigo de identidad reservada que proveyó de información clave que permitió formalizar la acusación por asociación ilícita contra Alvarado y su red de testaferros.
De todos modos, en aquel momento los fiscales del caso dijeron que no habría elementos para sospechar que el ataque haya sido dirigido contra Ortigala pero sí contra el dueño del edificio, es decir el capitalista de juego Leonardo Peiti.
