Advierten sobre el impacto ambiental en la región del régimen para grandes inversiones

El 23 de agosto el gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), incluido en la Ley Bases, y las autoridades provinciales confirmaron que enviarán proyectos a la Legislatura para que la provincia adhiera. Algunas organizaciones advierten que la medida tendría un fuente impacto en los recursos naturales de Rosario y la región.

¿Cómo repercutirá en Rosario y su zona el flamante programa de beneficios para capitales millonarios, en caso de aplicarse? Un grupo de organizaciones sociales pone el foco en el acceso a recursos estratégicos como el agua y la energía, entre otros impactos que prefiguran en el plano de la salud y el ambiente; por eso pidieron a la Legislatura una audiencia pública en la que puedan debatir autoridades, vecinos y expertos.

La administración de Javier Milei presenta al Rigi como una oportunidad para reactivar la economía y captar inversiones extranjeras, cuyo monto mínimo es de 200 millones de dólares, en actividades que el área metropolitana de Rosario está en condiciones de absorber, desde turismo y tecnología a siderurgia e infraestructura. La provincia debe sancionar previamente una norma de adhesión, para lo que ya hay propuestas presentadas en la Cámara de Diputados. Y los ministros provinciales de Desarrollo Productivo y Economía confirmaron que enviarán proyectos a la Legislatura para sumarse a estos regímenes aprobados por el Congreso nacional.

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En tanto, a mediados de agosto, 70 entidades socioambientales, académicas y productivas les plantearon a los legisladores santafesinos que directamente rechacen la adhesión y llamen a una audiencia pública para debatir la iniciativa, poniendo de relieve la cuestión ambiental. La Capital adelanta algunas de sus posturas.

La prioridad de los insumos

Desde la Multisectorial Humedales subrayan que si una gran industria en el contexto del Rigi le diera a un insumo el estatus de recurso básico, según la Ley Bases se la debe priorizar por sobre el abastecimiento interno o el uso doméstico (artículo 193). A la vez, se declara nula toda norma o vía de hecho que obstaculice el desarrollo de un proyecto productivo acogido al incentivo (artículo 165).

“Lo vemos como una luz verde para avanzar en emprendimientos sin solicitud de estudios de impacto ambiental; y luego, ante una controversia, no hay marco legal al que atenerse. La pregunta es qué pasa si el insumo básico es el agua. ¿Cómo se establecen las prioridades en relación al conjunto de la población y a las pequeñas y medianas empresas, cuando ya estamos atravesando una crisis hídrica y energética y hay evidencia científica de que será peor en los próximos años?”, se preguntó Jesica Fernández Bruera, activista de la multisectorial que ganó protagonismo en el período más arduo y extendido de los incendios del Delta del Paraná. “No decimos que no a la producción sino que la producción se realice dentro de un marco legal, y que (los habitantes de las ciudades) puedan acceder a los recursos”, agregó.

Este régimen especial prevé exenciones y beneficios impositivos a 30 años. El sector de infraestructura según la propia reglamentación incluye la logística y el transporte vial, fluvial y portuario, y en el sector de tecnología se detalla, entre otras, la industria del software, la robótica y la inteligencia artificial. “La industria de la inteligencia artificial y de las bases de datos requiere de millones de litros de agua potable. Nuestra zona está en una posición estratégica en ese sentido”, advirtió Fernández Bruera.

El derecho al agua

El titular de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Faccendini recordó a su vez que se trata de “un bien común y escaso”, por eso es importante discutir en una audiencia pública que las eventuales inversiones no depreden el recurso ni perjudiquen a las comunidades, a los centros urbanos. El también abogado añadió que acceder al agua es un derecho, esencial e irremplazable. “Hay fallos judiciales que así lo establecen”, destacó.

En la provincia existe además, desde 2017, una Ley de Aguas que aborda “la gestión integrada de los recursos hídricos con el fin de promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable”.

En relación al Rigi no solo preocupa la escasez del esa sustancia sencial, sino que ríos y arroyos resulten contaminados, por ejemplo por productos utilizados en emprendimientos agrícolas a gran escala y/o destinados a la exportación, lo que luego permea el suelo y el aire, apuntó Faccendini. El problema, lejos de situarse, el suelo y el aire, apuntó Faccendini. El problema, lejos de situarse exclusivamente en el ámbito de la ruralidad, se expande a todos los puntos cardinales a través del consumo de alimentos.

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“Queremos saber qué recaudos y controles se tomarán para garantizar la protección de la población y del ambiente”, completó el experto, quien sostiene desde 2010 la necesidad de considerar al agua como “persona no humana sujeto de derechos”, así como el concepto de “lesa ambientalidad” (cuando se daña el ambiente, la lesión es a toda la sociedad).

Cómo evitar la contaminación

El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas (UNR) enciende las alertas ante la posibilidad de que las grandes inversiones queden exceptuadas de las responsabilidades que ocasionen los daños por contaminación. Tampoco contribuye que en caso de controversia, por éste y otros supuestos, sea necesario acudir al arbitraje en tribunales internacionales.

El médico Damián Verzeñassi, al frente del Instituto, planteó que en aras de la reactivación económica buscada sería preferible un régimen especial de incentivos para compañías y productores locales, ya instalados, y donde se contemplen medidas de control que eviten riesgos en la salud.

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Por último Mirko Moskat, del Taller Ecologista, recordó que en este momento ya existen problemas de escasa provisión o de acceso al agua en varios barrios de la ciudad, lo cual agudiza la necesidad de cuidar el recurso. “En nuestra región todavía no se habló de proyectos concretos como en otras provincias donde hay explotaciones mineras, sí se puede especular que las grandes inversiones demanden instalaciones portuarias, y que hacer más eficiente la extracción de commodities vaya en la línea de profundizar el dragado del río Paraná”, subrayó el activista, poniendo sobre el tapete preocupaciones que la adhesión al Rigi actualiza pero ya están en escena, desde el respeto al andamiaje jurídico y la reactivación económica al cuidado del medioambiente.