El Mundo

España da luz verde a una ley que endurece las políticas de inmigración

Madrid.— El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer la polémica reforma de la ley de extranjería, que endurece los criterios para la reagrupación familiar de los inmigrantes y amplía el período de retención para los ilegales. Aunque se reconocen nuevos derechos, varios colectivos de extranjeros insistieron en que la reforma planteada es una mala noticia.

Viernes 30 de Octubre de 2009

Madrid.— El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer la polémica reforma de la ley de extranjería, que endurece los criterios para la reagrupación familiar de los inmigrantes y amplía el período de retención para los ilegales. Aunque se reconocen nuevos derechos, varios colectivos de extranjeros insistieron en que la reforma planteada es una mala noticia.

La reforma salió adelante con los votos del gobernante Partido Socialista, que fue apoyado por los diputados del Partido Nacionalista Vasco, de Coalición Canaria y de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió. En contra votaron el conservador Partido Popular, la principal fuerza de la oposición, así como varios partidos de izquierda.

A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 días actuales.

Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional como por organizaciones de inmigrantes. Estas habían solicitado el cierre de los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros existentes en el país, además de reclamar la regularización de los "sin papeles", independientemente de si tienen un contrato de trabajo o no.

Más requisitos. La reforma también endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del inmigrante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".

Además, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años de residencia legal en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y a ONGs hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin acompañar.

Asimismo, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

"Reforma cosmética". El Partido Popular anunció que anulará la reforma de llegar nuevamente al poder, porque considera que ésta no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, se trata de una mera "reforma cosmética", que desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la Unión Europea y en territorio propicio para las mafias.

Para los colectivos de inmigrantes, que protestaron contra la nueva normativa con una marcha de unos 700 kilómetros de Barcelona a Madrid, la reforma promovida por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es discriminatoria, considera al extranjero como mero instrumento de trabajo y criminaliza a los indocumentados.

La polémica reforma, que supuso un giro en la política migratoria del gobierno socialista, fue aprobada por el Ejecutivo en junio pasado. Sus detractores acusan al gobierno de querer endurecer las leyes de inmigración debido a la grave crisis económica que atraviesa España y que ya ha generado 4,1 millones de desempleados.

Voz y voto. El Congreso también aprobó ayer que unos 600.000 inmigrantes de nueve países no pertenecientes a la Unión Europea puedan votar en las elecciones municipales de 2011 en España, de acuerdo a convenios de reciprocidad.

Todos los grupos parlamentarios apoyaron en el pleno dichos acuerdos, suscriptos con Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Cabo Verde, Islandia y Nueva Zelanda. Estos convenios, que ahora pasarán al Senado para su aprobación definitiva, establecen que los españoles residentes en esos países también podrán participar en los comicios locales que allí se celebren.

Aún están pendientes acuerdos similares con Argentina, Bolivia, Brasil, México, Uruguay y Marruecos.

 

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario