Supermercados quieren frenar la expansión de las proveedurías de Empleados de Comercio

Los planes de expansión de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario (AEC) respecto a su red de proveedurías encendieron alarmas entre los dueños de supermercados. En una nota remitida al municipio desde la cámara sectorial, los empresarios solicitaron precisiones sobre el posible incumplimiento de la ley de Grandes Superficies Comerciales. La misiva fue derivada al gobierno provincial, que por ahora estudia el tema y cuenta con un tiempo para brindar una respuesta.

El tema es manejado con extremo sigilo en ambos sectores en pugna, al punto que ante la consulta de La Capital prefirieron no profundizar en declaraciones que puedan herir una relación que históricamente se manejó en buenos términos. Es que en este caso no se trata de una disputa entre actores locales y nacionales -como la que motivó oportunamente la normativa- sino de dos jugadores obligados al diálogo, por los roles que desempeñan.

Amén de la cautela a la hora de hablar en público, la realidad es que las relaciones comenzaron a tensarse hacia mediados de 2021, cuando el gremio concretó la apertura de una nueva proveeduría en el barrio de Fisherton (en Eva Perón al 8.000), luego del éxito de la boca ubicada en Corrientes al 400. El anuncio de una futura apertura en zona sur terminó de complicar el panorama.

En las últimas semanas, desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) enviaron una nota a la Municipalidad de Rosario, consultando si los planes de la AEC no chocaban contra los postulados de la ley 12.069, sancionada dos décadas atrás como dique de contención frente a la avanzada del mayorista Yaguar por desembarcar en Rosario. La misiva fue derivada al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología provincial, órgano del que depende la Secretaría de Comercio Interior y Servicios.

"Simplemente queremos garantizar que se cumpla la ley, como corresponde", contestó ante una consulta de este medio al titular de Casar Sergio López, quien prefirió no profundizar en mayores comentarios. "Queremos ser muy cautos", indicó. El sindicato, por su parte, declinó hacer declaraciones al respecto.

Lo cierto es que tal como reportó La Capital a finales de mayo, las proveedurías de la AEC cosecharon un fuerte éxito, con productos de consumo masivo que se consiguen a precios muy competitivos, merced a acuerdos de abastecimiento con pymes, cooperativas y entidades de productores locales. Se trata de un modelo que incluso es seguido de cerca por diferentes instancias del gobierno nacional.

En aquel momento, la prosecretaria general del gremio planteó que su intención no es competir con el negocio comercial sino sumar servicios a los trabajadores del rubro mercantil. Sin embargo, en la práctica las proveedurías terminan siendo una alternativa para el público en general, puesto que el acceso a la mutual Amecro (requisito necesario para la compra) es universal con solo pagar una mínima cuota.

La discusión en torno a la aplicación de la ley de Grandes Superficies Comerciales retorna de tanto en tanto en la provincia. Recientemente, la apertura de una sucursal de La Anónima en Sunchales generó un proceso de marchas y contramarchas que incluyó el cierre temporal del comercio por 44 días, apenas dos meses después de su apertura. En ese caso, Comercio intervino ante la denuncia de dos comerciantes locales, que generó la exigencia de un certificado de factibilidad emitido por el gobierno santafesino

Si bien la habilitación de los comercios es una potestad de los municipios, la reglamentación de la normativa sancionada en 2002 establece que, para determinados emprendimientos, se requiere un aval provincial, cuya participación a veces -como en el caso de La Anónima- se acelera por la presión de empresarios locales.

En el caso del sindicato mercantil rosarino, la posibilidad de abrir una sucursal en zona sur -que en principio fue la gota que derramó el vaso- ya tiene una instancia de avance concreta, puesto que hay trámites iniciados ante el Municipio. Si bien esos pasos pueden simplemente quedar allí, hay una voluntad cierta de seguir expandiendo la red, algo que los supermercadistas locales buscan evitar.

La Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) está integrada por unas 80 firmas, que disponen de más de 150 sucursales. Amén de la decisión de enviar la reciente misiva a la Intendencia, la postura allí respecto a la ley de Grandes Superficies no es unánime. En una entrevista con este medio a mediados del año pasado, el gerente de Relaciones Institucionales de Micropack Norberto Rubicondi reconoció que la normativa generó una grieta al interior de la entidad.

"Ahora hay muchos que, no sabemos cómo, en medio de una pandemia y luego de una recesión total, aparecen abriendo nuevos supermercados. Eso nos llevó a tener algunas diferencias. Incluso hay gente de la cámara que en su momento estuvo a favor de la ley, y que ahora está tratando de abrir nuevas superficies en la localidad de Rosario", indicó el ejecutivo, que recordó en aquella oportunidad que el actual gobernador "fue uno de los que impulsó la ley".

El del supermercadismo no es el único rubro que generó una normativa específica para limitar la competencia. Vale recordar el caso de las heladerías, que hace más de una década, ante el avance de la cordobesa Grido, lograron una ordenanza que hoy genera no pocos dolores de cabeza, puesto que existen fallos de la Corte Suprema de Santa Fe que ratifican su inconstitucionalidad.

Otro tanto sucede con el rubro kioscos, donde integrantes de la cámara que los agrupa pugnan por una normativa que funcione como cepo a la expansión de cadenas como Multishop y Market Ya.