Fiscales y funcionarios del MPA cuestionaron las iniciativas donde el poder político se queda con la mayoría de integrantes para el jury de enjuiciamiento
La Asamblea Constituyente avanza en la reforma constitucional.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) salió al cruce de proyectos presentados ante los convencionales que están a cargo de la reforma constitucional de Santa Fe. Sostienen que hay iniciativas que implican " un retroceso en las garantías que tiene que tener la Justicia para funcionar de manera independiente e imparcial".
Viviana O'Connell, presidenta de la asociación, explicó a Todos en La Ocho (LT8) que en algunos proyectos el poder político se queda con la mayoría, tanto para la selección de jueces, fiscales y defensores, como para el jury de enjuiciamiento.
"Se rompe el equilibrio que se reclama que tengan estos órganos. Se necesita que sean distintos estamentos, como era originariamente la ley Nº 13.013, para evitar que el trabajo de fiscales, jueces y defensores esté condicionado por sectores de la política", abundó O'Connell.
Para la fiscal, con los cambios que se desprenden de algunos proyectos que se debaten en la asamblea constituyente se avanza en un desequilibrio a favor del poder político. Y explicó: "Por ejemplo, se ponen tres diputados, tres senadores, un miembro del Ejecutivo y un representante de los fiscales. Hay un desequilibrio muy claro y es maquillar lo que está sucediendo hoy, que es violatorio de todo el plexo constitucional de la Argentina".
O'Connell explicó que cuando en 2017 se modificó la ley 13.013 la Legislatura se quedó con la potestad de sancionar y remover a los fiscales. "Esto fue declarado inconstitucional, se modifica esta ley y lo que se hace fue maquillarlo, porque sigue quedando la Legislatura con la potestad de abocarse a tratar el tema disciplinario de cualquier fiscal".
"En la práctica —agregó— lo que sucede es que los que llevan adelante la acusación no permiten que los fiscales controlen la prueba, conozcan exactamente de qué se los acusa y el mismo diputado que es acusador después vota como juez, además de que la Legislatura no escucha al fiscal, sino que lo hace una comisión. O sea que el debido proceso se viola en todas las instancias".
Consultada sobre el ideal del mecanismo sancionatorio, la fiscal abogó por un esquema equilibrado: "En la ley 13.013 original estaba un diputado, un senador y un representante del Colegio de Abogados. Uno de cada estamento".
En este sentido, alertaron que con los cambios que se proponen en la Convención Constituyente, "el poder político podrá elegir a jueces y fiscales; sancionarlos y destituirlos y elegir al jefe de los fiscales cada cuatro años, coincidiendo con los períodos electorales políticos".
En la Asociación de Fiscales ya realizaron presentaciones al respecto ante la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y ante el Estado argentino, "para que se haga una recomendación a los convencionales para que constitución se ajuste a las obligaciones suscriptas por el Estado argentino".
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