Los proyectos muestran diferencias sobre cuál debe ser el lugar de los distintos credos. Una discusión que atraviesa a la identidad de Santa Fe
Por Mariano D'Arrigo
La Convención Constituyente, escenario de una discusión sobre la religión y la Iglesia Católica en la nueva Carta Magna de Santa Fe.
La Convención Constituyente no sólo discute cómo se reparte y se ejerce el poder en la provincia: también debate cuestiones sensibles en el plano simbólico y cultural. Por ejemplo, cuál es el lugar de la religión y la Iglesia Católica en la nueva Carta Magna. Un tema no menor en una provincia justamente llamada Santa Fe.
El repaso de los distintos proyectos de reforma muestra posturas diferentes sobre la neutralidad religiosa, si se reconoce de manera especial al catolicismo y cuál es la relación entre el Estado provincial y los distintos credos.
El foco está puesto en el artículo 3 de la Constitución de 1962, que establece que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”.
La ley de necesidad de declaración de la reforma, votada en diciembre del año pasado en la Legislatura, habilitó la discusión del artículo, pero no dejó el contenido al libre albedrío de los constituyentes.
Por el contrario, orientó el debate y propuso “eliminar la confesionalidad del Estado y reafirmar la separación y distinción del orden civil y de cualquier orden religioso, reconociendo la colaboración entre ambos órdenes con todos los cultos”.
Al igual que en temas más trascendentes para el ejercicio del poder —como las facultades del Poder Ejecutivo y el funcionamiento de la Justicia— en la cuestión religiosa los partidos de Unidos tampoco llegaron a una postura común.
El proyecto de la UCR plantea que “la provincia de Santa Fe no establece religión oficial, afirma la distinción entre el orden civil y el religioso contemplando la colaboración entre el Estado, las Iglesias y los cultos legalmente reconocidos”.
En la misma línea, el partido UNO, representado por el pastor Walter Ghione y ligado al mundo evangélico, plantea una formulación casi idéntica: “La provincia de Santa Fe no establece religión oficial, afirma la distinción entre el orden civil y el religioso, garantiza la libertad de conciencia en materia de religión y culto y permite la colaboración entre el Estado, la Iglesia y los cultos legalmente reconocidos”.
Por su lado, el PRO se mantiene en las mismas coordenadas, pero reconoce “la contribución histórica de la Iglesia Católica en la conformación de la cultura e identidad del pueblo santafesino”.
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El planteo más disruptivo es el del Partido Socialista, a tono con su línea histórica. En su proyecto, el PS plantea un artículo de sólo cuatro palabras: “El Estado es laico”.
Con sus matices, ambos bloques ligados al peronismo diferencian a la Iglesia católica de las otras instituciones.
El texto de Más para Santa Fe marca una línea de continuidad con la Constitución vigente. “La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, y la libertad de culto de todos sus habitantes”, indica.
“Tomamos el argumento de monseñor Martín, de respetar la idiosincrasia del pueblo santafesino”, señalan desde el bloque, que nuclea a integrantes de espacios tan diferentes como el PJ de los senadores, Ciudad Futura, los intendentes y jefes comunales de Vamos, La Corriente, el Frente Renovador y el Movimiento Evita.
La redacción contiene tanto a los sectores territoriales, donde la Iglesia conserva su capilaridad e influencia, como a los vinculados a los movimientos sociales, que encontraron un aliado en la Iglesia, sobre todo con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano. “Si vemos el papado de Francisco y el comienzo de León XIV, hoy la Iglesia no es un actor conservador, es incluso progresista”, explican.
Además, suman un argumento jurídico: en la normativa nacional la Iglesia católica tiene un status diferente al de otras confesiones. “Equipararlas podría estar reñido con la legislación nacional”, sostienen.
Por su lado, el bloque de Marcelo Lewandowski circunscribe la colaboración mutua entre el Estado y las entidades religiosas a las áreas de educación, salud y desarrollo humano integral, pero también “reconoce la importancia histórica y cultural” de la Iglesia católica en la construcción de la identidad de la provincia.
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Para el senador nacional, el planteo de la Constitución de 1962 es “erróneo”, ya que no se diferencia entre el orden civil y el religioso. “La propuesta que elevamos busca lograr un equilibrio entre dos extremos: evitar tanto un Estado sacro como un Estado laicista. Este equilibrio se encuentra en el concepto jurídico de secularidad, que combina la libertad religiosa sin otorgar preeminencia a ningún culto en especial”, sostiene en los fundamentos de su proyecto.
Los dos bloques que se ubican del centro a la derecha del espectro político, también plantean la libertad religiosa, pero dan preponderancia al catolicismo.
“La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público”, postula el texto de La Libertad Avanza, que sostiene el derecho a la salud desde la concepción, habilita la libertad de conciencia para instituciones y estimula la educación privada y religiosa.
En el texto se ve la mano de Nicolás Mayoraz. El presidente de la bancada mileísta es un abogado históricamente ligado a los sectores más conservadores del catolicismo y llegó a la Legislatura en el marco de la ola celeste con la legalización del aborto.
En tanto, el bloque de Amalia Granata es el que más se extiende sobre el tema. El proyecto de Somos Vida y Libertad parte de la neutralidad religiosa y no propone ninguna religión oficial, aunque reconoce “el aporte histórico, cultural y social de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la formación de la identidad provincial y nacional” y valora “su influencia en la transmisión de valores y su trabajo constante en la educación, a salud y la asistencia social”.
De todos modos, el texto subraya que este reconocimiento “no genera privilegios económicos ni otorga prerrogativas extraordinarias” y garantiza a todas las confesiones religiosas la plena libertad de culto y la igualdad ante la ley.
Al mismo tiempo, el sector liderado por la diputada que sabe captar una porción de voto de sectores populares conservadores, tradicionalmente ligados al peronismo, reconoce “la dimensión espiritual como un componente esencial de la vida social yc cultural”.
“El Estado respeta y preserva las expresiones históricas y culturales de fe en los espacios públicos, y conserva los símbolos y manifestaciones religiosas tradicionales en lugares destinados a la asistencia pública como hospitales, escuelas, espacio de despedida de difuntos y cementerios, y edificios gubernamentales. Los funcionarios públicos pueden incluir símbolos religiosos en sus despachos, conforme el principio de no discriminación y de libertad de cultos”, detalla.
La discusión del artículo 3 está en la órbita de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. La presidenta es Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe), el vicepresidente Joaquín Gramajo (Unidos) y el secretario Gino Svegliati, también de Unidos.
Además, la integran por el oficialismo María Victoria Tejeda, Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Lucía Masneri, Walter Ghione, y Gisel Mahmud; Osvaldo Sosa y Facundo Olivera por el peronismo y sus aliados, Elisabet Vidal y Juan Pedro Aleart por La Libertad Avanza, Juan Argañaraz por Somos Vida y Libertad, Caren Fruh por el Frente de la Esperanza y María Victoria Capoccetti por Activemos.
El abogado constitucionalista Mariano Bär señala que, en la práctica, la modificación del artículo 3 de la Constitución santafesina no traerá cambios sustanciales sobre cómo funciona el Estado provincial.
“El Estado santafesino es de laicidad activa, que permite que vos en tu oficina tengas una cruz o una estrella de David. Es diferente a la laicidad negativa, que prohíbe los símbolos religiosos en los espacios públicos, algo que también es criticado porque es una forma de religiosidad”, afirma el especialista.
En su opinión, la propuesta de la ley de necesidad de la reforma de eliminar la referencia a la Iglesia Católica y abrir la posibilidad de colaboración entre el Estado y cualquier credo es buena, aunque admite el peso cultural del catolicismo.
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“La identidad provincial está conformada desde su génesis vinculada a la religiosidad y al catolicismo. A eso se suma que las dos principales ciudades se llaman Santa Fe y Rosario”, subraya.
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