El proyecto de ley para la implementación del juicio por jurados en la provincia recibió un fuerte respaldo ayer de los máximos referentes académicos y del Poder Judicial santafesinos que reclamaron su inmediato tratamiento en el Senado, donde perdería estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre. La iniciativa prevé la participación de ciudadanos comunes como jurados populares en juicios por delitos graves, una experiencia que ya funciona con buenos resultados en otras provincias. Se trata de una medida pendiente en el proceso reforma del sistema penal iniciado en 2014 y que, según todos los actores que la impulsan, redunda en una democratización de la Justicia.

Con ese objetivo en común, durante una conferencia de prensa realizada al mediodía en la Facultad de Derecho se pronunciaron a favor de la iniciativa el ministro de la Corte provincial Daniel Erbetta, en su carácter de director del departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNR; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini; la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione; el rector de la UNR, Franco Bartolacci, y el decano de Derecho, Hernán Botta. Todos impulsaron que el Senado convierta en ley el proyecto, que tiene media sanción de Diputados pero que, de no tratarse antes de fin de año, perdería estado parlamentario.

Oportunidad

"Es una oportunidad histórica que tiene la provincia de ponerse al día con esta deuda con la Constitución Nacional", explicó Balangione, e indicó: "Santa Fe es una de las provincias que dio el puntapié inicial en la implementación del juicio por jurados pero después llamativamente nos quedamos atrás. Comprendo que es un momento difícil, una coyuntura con un cambio de gestión política tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero sería una verdadera pérdida para la democracia desaprovechar este proyecto".

La representante del Servicio de Defensa Pública Penal (SDPP) destacó que el texto aprobado en Diputados "tiene representación de todos los sectores políticos", para agregar: "Se logró un acuerdo donde se conjugaron todas las ideas plasmadas por distintos sectores: justicialismo, socialismo, algunos sectores de izquierda. Solamente no lo votaron algunos diputados del PRO, sin mencionar motivos. La Asociación Argentina de Juicios por Jurados, que tiene una trayectoria muy trascendente en este tema, fue la que se ocupó de coordinar este proyecto que tiene una representatividad y un consenso muy importantes".

A esos consensos transversales aludió también Erbetta al indicar que esta ley es una materia pendiente de la reforma penal, un proceso que se inició durante el gobierno de Jorge Obeid y continuó durante las gestiones socialistas de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschtiz, pero que además permitiría "habilitar al ciudadano de a pie a que pueda participar de un acto de gobierno tan trascendente como es la posibilidad de participar en los juicios penales graves".

Doce por unanimidad

El proyecto de ley fue enviado a Legislatura por el gobernador Lifschitz en 2017 y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados en junio de 2018. Desde ese momento quedó a la espera de su tratamiento en el Senado. De no aprobarse, todo volvería al punto de partida y el Ejecutivo debería volver a impulsarlo.

La iniciativa contempla que doce ciudadanos titulares y dos suplentes, hombres y mujeres en partes iguales, conformen un jurado popular en juicios por delitos graves como torturas, homicidios dolosos, delitos sexuales graves y violaciones seguidas de muerte. Serán seleccionados por sorteo del padrón electoral y su función será tanto un derecho como una carga pública. Entre los requisitos para ser elegido figura haber completado la escuela primaria y no ser abogado o funcionario público ni tener relación con las agencias penales.

Durante el debate, las partes en litigio deberán convencer al jurado de sus posiciones. Luego a los integrantes del jurado les corresponderá declarar al acusado inocente o culpable según lo percibido en las audiencias. Deberán llegar a un acuerdo unánime o en su defecto por mayorías especiales. Finalmente un magistrado fundamenta la sentencia y define el monto de la pena según el delito en cuestión.

Escuela de ciudadanía

"Tener el juicio por jurados populares —abundó Erbetta— es como fundar una escuela de construcción de ciudadanía. Y la experiencia argentina ha sido notable en ese sentido. Estamos en deuda con la Constitución Nacional y con nuestra propia reforma procesal penal porque cuando se sancionó los legisladores se comprometieron a implementar el juicio por jurados populares. Esperemos que en este corto tiempo esta coyuntura sea una muestra más de la responsabilidad que tienen los legisladores de la provincia de Santa Fe".

El ministro y docente añadió que este año la Corte Suprema de la Nación respaldó el sistema de juicio por jurados en un fallo que "descalificó todos los cuestionamientos estrictamente jurídicos que se le hacían en la Argentina, vinculados a los derechos del imputado y a la motivación de la sentencia". Y en ese sentido recordó que uno de los principales beneficios de la medida es la democratización del Poder Judicial: "Es una deuda pendiente en un poder monopolizado por abogados. Que la gente participe suma imparcialidad y legitimidad a las decisiones del juzgador, que son actos de gobierno".

Al respecto Erbetta indicó que "la experiencia es que los jurados se comportan de una manera intachable en cuanto a cómo asumen la valoración de la prueba en el veredicto. De los más de 300 juicios por jurados en la Argentina no hubo un solo caso en donde hubiera un problema o una manifestación en contra en la puerta de un tribunal".

Democrático

En ese marco, los distintos referentes coincidieron en solicitar a los legisladores que por algún motivo se opongan a la ley que hagan pública su postura para discutir con argumentos. En ese sentido, los especialistas destacaron que esta iniciativa ya funciona con buenos resultados en las provincias de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, al tiempo que acaba de ser aprobada en Entre Ríos.

"El nuevo sistema penal lo que hace es acercar la Justicia a la gente, a la sociedad, distribuye el poder penal en varios actores. Esto democratizaría la Justicia porque le daría lugar a la sociedad con una efectiva intervención en la decisión de los casos", apuntó Baclini.

Desde el sector académico, en tanto, Botta remarcó la importancia que tiene para la Facultad de Derecho la implementación de un proyecto que "complementa una reforma en el sistema de enjuiciamiento penal en el cual nuestra facultad y nuestra universidad tuvieron destacada participación"; una medida también impulsa la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe.

En la misma línea, Bartolacci indicó que "la universidad tiene que ser un actor estrechamente vinculado con los problemas, la agenda y los problemas de su tiempo" y opinó que "sería un despropósito" que el proyecto no se apruebe antes del cierre del período legislativo.