La medida se tomó luego de la detención de una suboficial de 21 años que está en pareja con un preso imputado por ser gatillero de una banda
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El gobierno de Santa Fe, a través del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, emitió este martes una directiva para implementar inspecciones socioambientales a policías jóvenes. La medida, que abarcará a postulantes, cadetes y efectivos confirmados, se dio a conocer horas después de la detención de una suboficial de 21 años sospechada de filtrarle información a su novio preso.
La reciente detención de la agente Luana María R. pareció mover el amperímetro en el gobierno provincial. La suboficial fue aprehendida en la cárcel de Piñero, en el marco de una visita a su novio, que está preso desde septiembre pasado por una balacera contra un colectivo. El hombre, a su vez, actuó bajo las órdenes de otro recluso condenado por liderar una banda narco.
La detención de la suboficial fue solicitada porque se sospecha que brindaba información desde su lugar de trabajo en el Centro de Monitoreo del 911. Se trata de un caso que puede volver a exponer el vínculo de policías con bandas criminales, en esta ocasión a través de agentes jóvenes recientemente ingresados a la fuerza. En ese sentido, la medida del gobierno provincial apunta a detectar conductas "que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad".
Horas después de la aprehensión de la agente, Cococcioni firmó una directiva que impulsa inspecciones socioambientales en aspirantes a la policía o en recién ingresados. La misma está dirigida a quienes se ocuparán de llevar a cabo esta medida: la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera, al secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y a la Secretaría de Asuntos Internos.
La directiva apunta al diseño e implementación de "inspecciones socioambientales en relación a los postulantes, cadetes, efectivos nombrados en comisión y efectivos confirmados". Abarcará tanto a la Policía de la provincia de Santa Fe como al Servicio Penitenciario.
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"Dichas inspecciones deberán tender a verificar componentes actitudinales que requieran cada uno de los respectivos perfiles funcionales", sostiene la directiva firmada por el funcionario. En el texto, se subraya que se buscará "detectar comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares o comerciales que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza públicas en las instituciones de seguridad".
La suboficial Luana María R. fue detenida este lunes en la cárcel de Piñero, donde había ido a visitar a su pareja Kevin R. El joven, de 25 años, cumple prisión preventiva en esa unidad penitenciaria luego de ser imputado como gatillero bajo las órdenes de Carlos "Peloduro" Fernández, también preso y condenado por homicidio y por ser miembro de una asociación ilícita.
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Actualmente, la agente policial tiene licencia por maternidad ante el nacimiento hace cinco meses del hijo que tuvo con su pareja. A partir de la detención del hombre, la investigación avanzó con el peritaje de celulares donde surgieron sospechas sobre la suboficial Luana María R. Ahora, la podrían imputar por incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de secreto y omisión de denuncia.
El fiscal Ramiro González Raggio sospecha que la mujer le filtraba información a su pareja mediante los registros de las cámaras de vigilancia. La agente tenía acceso a esos dispositivos por su trabajo en el Centro de Monitoreo de la Central de Emergencia del 911.
En marzo pasado, se conoció otra investigación que da cuenta de la problemática de fondo que el gobierno provincial advierte con esta reciente directiva de Cococcioni. En aquella oportunidad, cinco policías que acababan de egresarse fueron pasados a disponibilidad por haber publicado en redes sociales fotos con sus armas reglamentarias.
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En esa ocasión, desde el gobierno indicaron que el accionar "no refleja el profesionalismo que buscan en la fuerza y en la formación de nuevos agentes". Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, dijo en aquel momento: "Distan considerablemente del quehacer que nosotros pretendemos y pregonamos para la profesionalización de la policía que pretendemos".
Las fotos en cuestión habían comenzado a viralizarse en febrero por redes sociales. Las imágenes estaban acompañadas de leyendas donde los agentes resaltaban la portación de sus armas reglamentarias. "Hoy el que me diga algo lo mando a dormir de una", decía una de las imágenes en la que posaba una mujer recientemente egresada del Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
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