Nuevo Alberdi, el reducto de la zona oeste en el que viven cerca de 6 mil familias y en el que el movimiento político Ciudad Futura edificó su épica tras la usurpación de un tambo, se convirtió en pandemia en el sitio al que el kirchnerismo derivó millones de pesos gracias a aceitados contactos entre Máximo Kirchner, Juan Grabois, Juan Monteverde y el okey del por entonces presidente Alberto Fernández. Una historia de lobbys y amistades políticas que el intendente Pablo Javkin volvió a poner en agenda hace pocos días.
Esa historia tiene varias aristas. Un ejemplo es lo que sucedió en diciembre de 2024, cuando las cuadrillas de Control Urbano llegaron hasta el límite noroeste de la calle Alvarez Condarco, la arteria que corre paralela a García del Cossio, el autódromo y el club Palos Verdes. En ese punto choca con calle Baigorria, vía sobre la cual el municipio busca realizar tareas de infraestructura con el objetivo de extenderla hasta Circunvalación y convertirla en una nueva vía de entrada y salida a Rosario que se sume a la alternativa por Newbery, hoy en plena tarea de ensanche. Se trata de accesos que darán fluidez a un tránsito cada vez más creciente producto de la expansión demográfica que tuvieron los barrios asentados en ese sector de la ciudad, como Hostal del Sol y San Eduardo, entre otros.
El plan K
Si bien la tarea estaba planificada y forma parte de un programa integral de crecimiento urbano, se topó con algo que se había gestado cuatro años antes: el plan que el gobierno del por entonces presidente Alberto Fernández puso en marcha en Nuevo Alberdi bajo el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares. Merced a ese programa, decenas de familias se asentaron en el lugar.
Ese plan deriva de lo que se gestó en 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri, que fue la creación del Registro de Barrios Populares, cuyo objetivo era permitir que sus habitantes accedieran al Certificado de Vivienda Familiar y pudieran probar su domicilio, conectarse a servicios públicos, tener cobertura de salud y otros beneficios.
Una de las impulsoras de este registro había sido Elisa Carrió, por entonces diputada nacional y aliada del macrismo. El objetivo era muy loable. Los habitantes de los barrios populares ni siquiera tenían una dirección para plasmar en un currículum a la hora de buscar un trabajo. El registro los hacía visibles y el certificado les daba la posibilidad de acceder a servicios básicos.
Tres años después, durante la presidencia de Alberto Fernández, la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) comenzó a tener injerencia en este registro. El Sisu, organismo que dependía de la por entonces ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quedó a cargo de Ramona Fernanda Miño, militante social del entorno de Juan Grabois.
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Monteverde, en 2016, en la puerta de Tribunales tras una audiencia por el conflicto del tambo.
Durante el kirchnerismo, Miño firmó convenios con distintas organizaciones sociales para que llevaran adelante los relevamientos de los barrios populares y se pudieran plasmar luego planes de integración. En Nuevo Alberdi, ese relevamiento quedó en manos de la Asociación Civil Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), una organización que integra el padre del concejal Monteverde.
El convenio
En plena pandemia, el gobierno nacional firmó un convenio con el IGC y le giró 6.086.750 pesos, unos 122 millones de pesos en la actualidad, para llevar adelante en Nuevo Alberdi Oeste y zona rural el "proyecto ejecutivo general para la integración socio urbana" de ese barrio, tal cual reza en el documento firmado en agosto de 2020 por Miño y tres integrantes del IGC: su presidente, Oscar Bragos; la secretaria, María Llera y el tesorero, Mauricio Tarducci.
Hace pocos días Javkin volvió sobre esta historia. "El 27 de agosto de 2020, en medio de la pandemia y con la presencia de más ministros nacionales y funcionarios provinciales que de vecinos, el gobierno de Alberto Fernández firmó el convenio para (en teoría) comenzar la urbanización de Nuevo Alberdi. Lejos de firmar obras concretas, el convenio era para que la organización del padre de un concejal hiciera de consultora sobre qué hacer en el barrio. Son 122 millones de pesos (eran 6 millones en septiembre 2020) de todos los vecinos puestos a pagarle para que escriban propuestas sin poner un solo caño de agua potable, sin mejorarle la vida a nadie. Cuatro años después, las obras prometidas brillan por su ausencia. Más de 1.350 millones de pesos que nunca llegaron. Una sola de las 7 obras proyectadas se ejecutó. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando la red de cloacas y sus plazas", destacó el jefe comunal.
El origen de los fondos
El dinero para realizar los relevamientos de los barrios populares y financiar los distintos proyectos provino de un fondo específico que se creó con parte del impuesto a las grandes fortunas que en el Congreso motorizó el diputado Máximo Kirchner. Ese dinero creó el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), que fue direccionado a distintas organizaciones sociales.
En Rosario, el Movimiento Evita y el IGC fueron dos de los beneficiados. El Evita edificó un salón de usos múltiples en el asentamiento El Cañaveral, en la zona oeste. El IGC hizo un proyecto ejecutivo con el apoyo de los militantes de Ciudad Futura que no se plasmó en obras concretas.
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Un contenedor con la leyenda Giros, el movimiento que luego se transformó en Ciudad Futura, en uno de los lotes de Nuevo Alberdi.
Hoy, en Nuevo Alberdi Oeste no hay equipamiento urbano ni red cloacal, la red eléctrica es inexistente y decenas de familias se asentaron en el lugar para poder integrar el registro que los acerque a algo de dignidad. Todo, sin coordinación con el municipio.
En la actualidad, el Fisu fue desactivado por el gobierno de Javier Milei y las obras en los barrios populares quedaron bajo la órbita de Economía.
