A fines de febrero el presidente Javier Milei participó en una charla convocada por un foro liberal de Corrientes. Allí, ante un auditorio afín, dijo que los impuestos “son un robo” que “el político” utiliza para contratar artistas para vender “el pescado podrido de la política”. Y remató: “Les están robando el dinero para lavarles el cerebro, lo mismo que hace la educación pública”. Como si aún estuviese en el panel de Intratables o en la red social X (exTwitter), para el presidente anarcocapitalista de la Argentina no hay eufemismos: las escuelas son centros de adoctrinamiento de una nación que es “un paño rojo que destila socialismo”. Las comillas, excesivas en este primer párrafo son necesarias: son textuales que muestran el prisma desde el cual el presidente mira lo que pasa en el país y en sus escuelas. Cuando en plena campaña se viralizó el video de Milei arrancando papelitos con nombres de ministerios gritó: “Ministerio de Educación: adoctrinamiento, ¡Afuera!”.
Sandra Pettovello es la ministra de Capital Humano, la megacartera que tiene bajo su ala a la Secretaría de Educación, cuyo titular es el académico Carlos Torrendell. En campaña el presidente dijo que era el único ministerio que iba a tener la billetera abierta para gastos, quedando a salvo de la motosierra. Un anuncio que poco se condice con el recorte de partidas a comedores, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador Salarial. También la decisión de discontinuar el Plan 25, que sumó una hora de clases en las escuelas primarias. La idea es que las provincias y los pibes se las arreglen como puedan. Desde Santa Fe, el Ministerio de Educación ya anunció que el programa quedaba suspendido “hasta tanto el gobierno nacional dé certezas en relación con la continuidad del financiamiento”.
El Fonid es una masa de dinero que la Nación transfiere cada mes a las provincias para ayudar a mejorar los salarios docentes. Su origen se remonta a 1998, en tiempos de la Carpa Blanca de Ctera por una ley de financiamiento educativo. Cada año los gobiernos fueron prorrogando este compromiso a través de un decreto. Milei es el primero que decidió ponerle punto final. “Caducó”, en palabras del ministro de Economía Luis Caputo. En Santa Fe representa hasta un 10 por ciento del salario de bolsillo de los maestros. El ministro de Educación provincial José Goity ya anticipó que “es imposible” cubrirlo con recursos provinciales.
Otro tanto es lo que sucede con el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, creado en 2006 por la ley de financiamiento educativo y que solo cobraban las provincias de menores recursos. En 2023 lo recibían Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero. Según la ley, ese fondo tenía el objetivo de “contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades”. El lunes, día previsto por calendario para el comienzo de clases en 10 jurisdicciones (incluida Santa Fe), los docentes se adhirieron con contundencia al paro nacional lanzado por Ctera, que también reclamó la convocatoria a una paritaria nacional docente.
Pero en el Palacio Pizzurno reina el silencio. Sandra Pettovello no da notas, según contó Milei en una reciente entrevista con Luis Majul, porque fue periodista “y parece que eso le genera alguna situación rara”. De Torrendell ya en funciones se le conoció la voz cuando el 11 de enero asistió al plenario de comisiones de Diputados para defender la ley ómnibus. Quienes lo conocen dicen que el secretario de Educación se enteró del capítulo educativo de la ley ómnibus cuando ya estaba redactado. Por eso en el plenario debió salir a aclarar más de un punto que en el texto era cuanto menos vidrioso o abierto a interpretaciones, como la posibilidad de habilitar el homeschooling en la escuela primaria. Ante los diputados se mostró locuaz, preciso y hasta en ciertos momentos chicanero, sobre todo con los diputados de la izquierda. Pero por el momento Torrendell tampoco da entrevistas, señalaron a este diario fuentes del Ministerio de Educación.
Desde el gobierno el que sí habla es el vocero presidencial, que en una de las habituales ruedas de la mañana dijo días atrás que el Fondo Compensador la Nación no pensaba transferirlo “porque considera que no tiene existencia, no existe”. Rara pirueta discursiva. En un país donde 6 de cada 10 personas son pobres a la billetera de Capital Humano parece que se le trabó el cierre. Esta semana, en una actividad en la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), Torrendell habló del desafío de “volver eficiente el gasto” en tiempos de crisis, para dirigir los recursos a los que más los necesitan. “Seamos inteligentes en cómo invertimos los recursos, para que se haga en función de una eficiencia ampliada que nos permita enfrentar las restricciones actuales”, agregó. Confió también que, pese a que puede haber desacuerdos profundos, ante el Consejo Federal agradeció a sus colegas docentes, que “aún cuando todas las señales son negativas seguimos tratando de enseñar y que la gente aprenda”.
En el otro extremo de la educación pública, crece el malestar en las universidades nacionales, que hablan de una situación crítica si persiste el ahogo presupuestario y si no se actualizan las partidas. Los rectores nucleados en el CIN emitieron un duro comunicado en el que advirtieron que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”. La Universidad de Hurlingham ya avisó a sus estudiantes que, de no mediar cambios, solo podrán inscribirse a tres materias como máximo.
En este contexto, solo la ciudad de Buenos Aires y siete provincias iniciaron las clases con normalidad. En Santa Fe el paro del lunes y martes fue contundente, y ya hay otro de 48 horas previsto para la semana que viene. El gobierno de Pullaro ofreció un 7 por ciento de aumento en marzo sobre el salario de diciembre. “Es lo que podemos pagar”, dijo el ministro José Goity. Desde la Casa Gris señalaron que, sumado a la deuda de la paritaria 2023, el aumento global del trimestre llegaba al 43,4%. Los gremios docentes cuestionaron esa sumatoria para justificar la propuesta, que más que claridad trajo confusión, y aclararon que el aumento era del 7 por ciento.
En su último libro La escuela bajo sospecha, el pedagogo Emilio Tenti Fanfani dice que tras la pandemia se abrían varios caminos para la agenda educativa de la pospandemia: por un lado, la idea conservadora o restauradora de "los viejos tiempos"; por el otro, una reforma de corte progresista igualitarista. Pero a estas dos vertientes sumaba una tercera reforma: el proyecto tecnocrático donde la lógica del mercado se introducía en la vida escolar. Tenti Fanfani cita al consultor Lewis Perelman, quien sostiene que la educación es "el último gran bastión de la economía socialista".
La ley ómnibus naufragó antes de llegar a la orilla y con ella cayó la propuesta de que la educación sea declarada como servicio esencial. Un proyecto — que el gobierno evalúa avanzar mediante un DNU— cuyo único objetivo, declarado por el propio ghost writer Federico Sturzenegger, es evitar los paros de los maestros. Que ante una huelga las escuelas estén abiertas. Un viejo anhelo de referentes del PRO como Alejandro Finocchiaro y de organizaciones como Padres x la Educación. La idea de los alumnos “rehenes” de los docentes ante los paros es la imagen más repetida. Atacar el síntoma —la medida de fuerza— y no su causa: que los salarios se licúan a velocidad de motosierra mientras la inflación que trepa sin pausa. Es que tal vez para Sturzenegger las escuelas y sus docentes son parte de esos "grupos de interés" a los que "hay que empobrecer para ganarles la pelea".