La presentación de Javkin se produce después de que el magistrado aceptara la participación del municipio en la causa, con el objetivo de aportar datos en la investigación que se sigue adelante en el juzgado de La Plata. El intendente participó por zoom y respondió a las preguntas del juez Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, quienes siguen adelante con una megacausa en la que ya fallecieron 54 pacientes de los cuales 36 corresponden a la provincia y de ellos al menos 15 corresponden a Rosario.
El miércoles pasado, el titular del Palacio de los Leones confirmó que el municipio había sido aceptado como querellante en la causa. Es por ello que este lunes y bajo este contexto, el mandatario local sumó documental e información sobre los vínculos de HLB Pharma y sus titulares con el pasado del laboratorio Apolo, junto a otras situaciones ocurridas en la ciudad.
Riesgo por el fentanilo
¿Por qué se produjo la declaración ampliatoria? Días atrás, el propio Javkin se manifestó en forma contundente en relación a un presunto desvío de la sustancia utilizada exclusivamente en hospitales y sanatorios con un uso médico limitado. En tal sentido, el intendente dirigió sus sospechas contra HLB Pharma, y Ramallo Sociedad Anónima.
"Alguna de esta gente tiene vínculos con personajes relacionados con causas del narcotráfico", advirtió el intendente para agregar: "Por eso, lo que hay que cuidar en estos temas es el riesgo de desviación de fentanilo al mercado ilegal tal cual como sucedió en en su momento con la efedrina".
Javkin había advertido que "sólo dos laboratorios estaban habilitados para importar fentanilo. Esa importación creció durante la pandemia, pero luego se mantuvo en niveles inusuales" y propuso investigar "si parte de ese suministro terminó en circuitos ilegales", había señalado.
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La declaración llamó la atención del juzgado platense, en particular por el desarrollo que el propio jefe comunal hizo al analizar la explosión de Apolo, el desarrollo de Ramallo Sociedad Anónima y la suspensión del juicio a través de una probation que los responsables obtuvieron de la justicia provincial tras la explosión de una caldera a alta temperatura que destruyó las casas linderas y le produjo serias quemaduras a un vecino; chofer de la línea Semtur de colectivos.
Es por ello que además de su predisposición y su compromiso para continuar aportando material a la causa, Javkin elevó al juzgado de Kreplak documentos de habilitaciones, requisitos, pedidos de informes e intervenciones en causas que deberían vincularse con la actual.
¿Qué dice el escrito del municipio?
La Capital accedió al documento de 8 fojas en los que el municipio rosarino aporta datos y composiciones de diferentes sociedades en las que aparecen los empresarios señalados en la causa fentanilo contaminado.
En relación a Apolo Rosario SA el Ejecutivo rosarino informó que quienes aparecían como accionistas tendrían vinculación directa y personal con los directivos de las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA. Cabe recordar que la explosión se produjo en la madrugada del 27 de junio de 2016 en Alem al 2900 por lo que al menos 5 vecinos resultaron con heridas. La investigación judicial por ese siniestro quedó en manos del fiscal rosarino Walter Jurado, bajo la carátula de estrago culposo agravado.
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Apolo tramitó su habilitación como depósito de soluciones parenterales, con inicio de actividades en 1999 y al momento de la explosión en 2016 tenía su permiso vencido. Su trámite de renovación de habilitación fue pedida por Marcela Vozza y como accionistas figuraban Jorge Manuel Salinas (a quien Javkin aludió en sus declaraciones públicas) y Ariel Fernando García. En 2017 Apolo fue a la quiebra. La actividad, luego de varias denuncias de violación de clausura, se mudó a la provincia de Buenos Aires, pero en 2020 el inmueble, visiblemente abandonado tuvo varios pedidos de limpieza y desratización.
Javkin también aportó información sobre la droguería Alfarma SRL , cuyo titular era Ariel García Furfaro y como socios Ariel Fernando García, Damián Roberto García y Carlos Ferreyro. La firma contó con habilitación desde 2019 hasta noviembre del año pasado.
También se aportó documental sobre Droguería ABC1 SA "es una sociedad que tiene objeto vinculado a las de las sociedades investigadas y que además contaba con habilitación municipal y cuyo accionista es García Furfaro, lo que da cuenta de que García Furfaro, fue directivo o titular de al menos 3 sociedades vinculadas a la actividad en Rosario más allá de la sustitución o modificación de las razones sociales", marcó el escrito ante el juez de La Plata.
Probation
La semana pasada, el municipio justificó su condición de querellante en la causa. Allí se recordó que los medicamentos adulterados fueron suministrados en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), lo que obligó a retirar las ampollas de circulación, tomar medidas sanitarias extraordinarias y poner en resguardo la partida bajo custodia judicial. “Hubo un perjuicio directo, concreto y particular. También se afectó el patrimonio del municipio y el funcionamiento del sistema sanitario”, se fundó el pedido.
En el escrito judicial dirigido al juez Kreplak, el jefe comunal había sostenido que se evidenciaba “no sólo un vínculo entre ambas causas por los posibles responsables, sino también la falta de eficacia de la respuesta judicial administrativa anterior, que, al no haber impuesto sanciones proporcionales ni restricciones operativas como medidas de conducta, permitió la reiteración de acciones riesgosas en el ámbito farmacéutico, con consecuencias ahora pareciera letales”.
La referencia apuntaba a la información que el 20 de mayo de 2019 La Capital dio cuenta en una de sus notas. Allí se detallaba que el juicio a prueba por los delitos de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas en el marco de la causa por la explosión del laboratorio Apolo quedaba suspendido. Y en su reemplazo los acusados por la Justicia fueron a una probation que habrían desempeñado mediante tareas de limpieza en el Museo Justicialista de San Nicolás. Allí se indicaba que García Furfaro era abogado y en que el referente del museo (el dirigente justicialista nicoleño Andrés Quinteros) tendría lazos con los propios accionistas de Apolo.
La Justicia tomó esta determinación tras la audiencia en la que las partes firmaron un acuerdo, que la defensa y la querella coincidieron en suscribir, y en la que la Fiscalía dio su aval. Allí se había solicitado el aplazamiento de juicio a prueba de los imputados Jorge Gómez y Marcelo Ferré y el pedido de criterio de oportunidad y sobreseimiento de los imputados Damián García, Ariel García y Fernanda Vozza.
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Fue así, que el juez de primera instancia Hernán Postma aceptó el acuerdo de las partes y determinó que Gómez y Farré debían fijar un domicilio, abstenerse a consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, realizar tareas comunitarias en la Fundación Museo Justicialista de San Nicolás y el pago de 30 mil pesos en efectivo.
Por su parte, admitió el sobreseimiento de Damián García, Ariel García Furfaro y Marcela Vozza, quedando firme dentro del plazo de 60 días, atento a que la querella presente su oposición.
El fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Jurado los había imputado por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a sus respectivos cargos por la explosión de una caldera perteneciente al laboratorio mientras el mismo se encontraba en pleno funcionamiento, causando daños materiales en el laboratorio y en un domicilio aledaño, más lesiones graves en distintas víctimas que allí se encontraban.
