Tras un trámite penal iniciado hace diez años, el ex comisario mayor de la Unidad Regional II Hugo Giuliano fue procesado por enriquecimiento ilícito. El juez de Instrucción Juan Andrés Donnola consideró que en todo ese lapso el funcionario no consiguió acercar ninguna constancia que demuestre la razón de su crecimiento patrimonial, que tanto la Dirección de Asuntos Internos como una perito contable de la Corte Suprema provincial consideraron desmesurado en relación con sus ingresos como policía. El efectivo seguirá en libertad a la espera del juicio, con un embargo sobre sus bienes que asciende a 300 mil pesos.
El procesamiento se produjo pocos días después de que un tribunal superior anulara un sobreseimiento previo del ex policía y ordenara seguir con la investigación. El juez Donnola, quien se hizo cargo de la causa hace dos meses, consideró que el ex efectivo no pudo justificar el crecimiento de su patrimonio y lo encontró probable autor de enriquecimiento ilícito, un delito contra la administración pública.
Se trata de una medida infrecuente en Santa Fe, donde las causas por delitos económicos no suelen ser prioritarias. La Fiscalía de Cámaras de Rosario, de hecho, cuenta con una planilla de Asuntos Internos donde constan 129 sumarios sin avances contra uniformados, desde 2004 a la fecha, por crecimiento patrimonial injustificado.
Idas y vueltas. La investigación se inició en 2004 a partir de una denuncia de la organización policial Apropol e intervinieron dos magistrados que dictaron resoluciones favorables al policía. En ambos casos la Sala IV de la Cámara Penal las revirtió y ordenó seguir adelante. A fines del año pasado Giuliano había sido sobreseído por el juez Hernán Postma pero el fiscal del caso, Esteban Franichevich, apeló la medida señalando que existían pruebas nuevas que no se habían siquiera valorado. El tribunal superior le dio la razón y consideró nula la medida por falta de justificación.
En medio de ese recorrido, la causa fue absorbida por Donnola tras la transformación del sistema penal, que obligó a redistribuir los expedientes previos a la reforma. A poco de intervenir, este magistrado consideró probada la acusación.
La figura de enriquecimiento ilícito tiene un trámite diferente a la mayoría de los delitos: una vez advertido el aumento patrimonial se le da a su titular la oportunidad de demostrar que su origen es lícito. Sólo entonces se puede deslindar si hubo un accionar ilegítimo o no.
Donnola consideró que en los diez años transcurridos desde el inicio de la pesquisa Giuliano no pudo demostrar con documentación objetiva cómo obtuvo propiedades y bienes por valores que superan a sus ingresos como policía. El juez planteó, por un lado, que no existe ninguna duda sobre el enriquecimiento. Y, por otro, que el efectivo no pudo justificarlo. Esta falta de demostración, dijo, es lo que basta para aplicar la figura penal por la que lo procesó. Si la decisión queda firme sería sometido a un juicio oral y público del que no abundan precedentes.
Giuliano fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales de la policía rosarina, estuvo al frente de un par de departamentales en el sur de Santa Fe y se retiró en 2007. Tres años antes Apropol había denunciado el patrimonio supuestamente irregular del oficial presentando constancias del movimiento de fondos de tres cuentas en bancos privados y detalle de varios bienes.
Se abrió así un sumario en Asuntos Internos. La investigación preliminar, que demandó dos años, descubrió otros bienes: varias propiedadess, títulos públicos, dos autos, una lancha y registros de viajes reiterados al exterior. Algunos bienes eran propios y otros de familiares consanguíneos inmediatos. Con ese acopio, en 2008 se abrió el expediente penal.
La perito contadora de la Corte Suprema Elida Pujato llegó a conclusiones semejantes a las alcanzadas por la Oficina de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos: consideró que el oficial tiene un conjunto de bienes mucho mayor al que pudo demostrar con ingresos lícitos.
La causa estuvo años abierta sin que Giuliano fuera citado a indagatoria, lo que prolongó los plazos. Tras asumir al frente del juzgado de Instrucción 10, en 2011 la jueza Patricia Bilotta le dictó la falta de mérito a Giuliano por el vencimiento de los plazos. La Cámara lo revirtió. Entonces el expediente recayó en el juzgado de Instrucción Nº11, a cargo de Postma, donde se produjeron nuevas medidas y el sobreseimiento anulado por la Cámara.
Cuentas que no cierran. En la resolución conocida ayer Donnola planteó que las últimas pruebas incorporadas al expediente no favorecen al imputado. Entre ellas figura la declaración del comisario Mario Franco, de Asuntos Internos, quien refutó la versión de que Giuliano habría obtenido parte de sus ganancias del usufructo de una chapa de taxi. Señaló que el titular de la licencia, y por tanto quien vivía de esos ingresos, era el padre del oficial.
El imputado había dicho que compró una de las casas con la venta de esa licencia, pero Franco replicó que según la Municipalidad esa chapa no se podía transferir de manera onerosa. "La capacidad de ahorro de Giuliano era escasa o nula", dijo el investigador, quien aclaró que pese a ello sostenía su casa y el domicilio en que vivía su esposa, jubilada por invalidez, con los dos hijos de la pareja. Remarcó que no se pudo determinar un ingreso extra al sueldo policial, ni siquiera "por servicio de adicionales".
Otro dato lo aportó un hombre que le había vendido al ex comisario una propiedad de Lavalle y Montevideo, quien se sorprendió de que el inmueble figurara a nombre de la esposa cuando toda la negociación la entabló con el uniformado. Donnola resaltó que la perito contable había llamado la atención, "en forma casi terminante", sobre "la ausencia de documentación respaldatoria que avale los montos recaudados en actividades lícitas". No hubo constancias de la alegada administración de un taxi, ni de una agencia de quiniela ni una supuesta donación familiar en dólares (ver aparte).
En base a estos elementos, Donnola consideró que el ex comisario no pudo explicar el origen de su enriquecimiento con fondos legales: "Se observa una variación apreciable y desproporcionada del patrimonio de un personal policial que no encuentra justificación en los ingresos normales de su cargo y de su familia", concluyó.
