La decisión del gobierno nacional de reinstalar este tributo, derogado a fines del año pasado por el Congreso con el voto favorable del por entonces diputado Javier Milei, impactará en los ya licuados ingresos de más de un millón de asalariados.
En horas más habrá una versión final de la Ley Ómnibus, y el Ejecutivo Nacional insiste en que incluya la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (que recae sobre los trabajadores en relación de dependencia). Según gobernadores que hablaron con la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei establecería un mínimo no imponible de entre $1.600.000 y $1.800.000 del sueldo bruto.
Las fuertes críticas a la reinstalación de este gravamen van desde lo irrisoria de la cifra desde el cual se pagaría el tributo a las supuestas "ganancias", en el marco de una brutal licuación de los salarios, hasta las grotescas contradicciones del presidente Milei, quien hace pocas semanas -no años ni décadas- votó en el Congreso por la derogación de Ganancias para los trabajadores y dijo que se "cortaría" un brazo antes de crear un impuesto o aumentarlo.
"Vamos a incrementar la propuesta del piso de Ganancias, lo está terminando de analizar el ministro de Economía a ver cómo impacta en la ley y del déficit fiscal 0", dijo este domingo el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y agregó: "Seguramente, el piso va a estar entre 1,2 y 2 millones, y las escalas se darán de manera progresiva".
Que Francos siga mencionando $1,2 millón como "piso" revela que Nación es el principal interesado de reinstalar este impuesto a los trabajadores, antes que los gobernadores, quienes rechazaron $1,2 millón durante su entrevista con Francos.
Si finalmente el Congreso vota la vuelta la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el trabajador con un salario bruto mensual de $2.300.000 pasará de pagar de 0% a 8,1%. O sea, pasa de $0 a $161.000 por mes. Si el empleado percibe un sueldo bruto de $3.000.000, pasa de 2.8% a 13,7%; o sea, de $82.000 a $357.000 mensuales.
Evidentemente el presidente de la Nación no quiere pagar el costo político de reimponer este impuesto, que afectaría a alrededor de más de un millón de empleados en todo el país. Es que Milei durante toda la campaña electoral había prometido "cortarse un brazo" antes de crear o aumentar un impuesto. Y el año pasado como diputado nacional votó a favor de la eliminación de ese tributo argumentando en la sesión del Congreso que "Ganancias muestra la voracidad de los parásitos de la corporación política. No están dispuestos a devolverle la guita al que la genera".
Así las cosas, el Ejecutivo Nacional se empeña ahora en que parezca que la restitución de Ganancias es un pedido de los gobernadores o un acuerdo de partes cuando es principalmente una iniciativa propia.
Un piso de $1,2 millón apunta a incorporar a una gran cantidad de trabajadores para llevar más dinero a Rentas Generales, tal como se le cuestionó en su momento tanto a los entonces presidentes Cristina Kirchner como a Mauricio Macri. Nación ambiciona compartir el evidente costo político negativo de la medida con los gobernadores. Un problema para el año electoral 2025.
Tras los debates surgidos sobre la posibilidad de cobrar de manera retroactiva el tributo durante los meses en los que se eximió del pago, Francos puntualizó que la ley tendrá un artículo que establecerá que “no es retroactivo al primer cuatrimestre del año".
“El decreto del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando exime del Impuesto a las Ganancias le dice a los agentes de retención que no retengan el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia y después se sancionó la ley. Cuando eso sucede, no se tiene en cuenta que eso se exime a partir del año 2024, entonces quedó pendiente el último trimestre del 2023. Es lo que vamos a resolver”, reveló el funcionario nacional.
Por su parte, aseguró que está todo dado para la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados y destacó los acuerdos con los gobernadores. Además, planteó que el apoyo de las distintas fuerzas al proyecto será leído como “una señal que va a permitir el flujo de inversiones”.
Con la intención de debatir en comisiones la ley de desregulación económica a finales de abril, Francos confesó que la administración libertaria sigue de cerca las posturas de cada uno de los legisladores. “Queremos saber exactamente cual va a ser la posición de las distintos legisladores sobre la ley. La primera ley, que era más compleja, generaba algunas diferencia en algunos puntos, ahora condensamos los temas más importantes. Sobre esos puntos, hemos conversado con legisladores y gobernadores que hay apoyo importante”, concluyó.
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