El mercado ilegal de armas en la región representa la mitad de unidades en el país

Los arsenales encontrados en los allanamientos en causas como las de Los Monos o en el realizado a un taller en el barrio Santa Lucía dedicado a la reparación de armas, sacan a la luz los negocios conexos a la venta de drogas, como la compra-venta de armas, que además de ser un negocio en sí mismo, brinda servicios para asegurar la actividad en otros sectores de la economía formal e informal.

El mercado ilegal de las armas representa casi la mitad un mercado que los especialistas cifran en torno a las 4,5 millones de unidades en todo el país. El principal proveedor: el Estado, a través del descontrol o robo en sus fábricas, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. También por medio de las agencias de seguridad privadas. Así lo afirmaron durante una entrevista con LaCapital los especialistas Martín Appiazola, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y asesor de gobiernos y organismos internacionales, y Carola Concaro, investigadora permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Los analistas resaltaron que se debe repensar la lucha con las organizaciones criminales, y no bajo hipótesis equivocadas de guerra, como se instaló desde la Doctrina de la Seguridad Nacional que, junto al reclamo de algunos sectores políticos y sociales, plantea pertrechar sin más a las fuerzas represivas, más aún cuando la "porosidad" de los depósitos oficiales alimentan un negocio ilegal. También manifestaron su preocupación por la "municipalización" de las fuerzas, vista la experiencia de corrupción de algunos intendentes mexicanos cruzando el Río Bravo a comprar armas.

"Existen tres mercados de armas: el legal, regulado por el Estado que son las armerías; otro ilegal, y uno gris, que son aquellas armas que en general están guardadas, que fueron heredadas, que están en las casas, que se compraban sin ningún requisito antes hasta 1994. Estas armas entran generalmente al mercado negro porque son fáciles de vender", explicó Appiazola, quien a comienzos de la década pasada estuvo a cargo del control de armas en la provincia de Mendoza.

Ambos especialistas estimaron que hay algo más 2,4 millones de armas legales en la Argentina y se calcula que hay en una situación de no registradas otras dos millones de armas, un cálculo que surgió de lo que declaraban que producían las fábricas y las vendidas hasta 1994, cuando entra en vigencia el control registral con la ley de armas. "¿Qué armas son esas? Hay un 70/80 por ciento armas de fabricación nacional de baja calidad, preferentemente revólveres, de calibre 22 y 32", dijeron.

Una de las últimas referencias más serias que existen fue el trabajo realizado por Pablo Dreyfus, un experto en armas y en lucha contra el crimen organizado, quien murió en 2009 en el trágico vuelo 447 de Air France.

—¿De dónde se alimenta el mercado negro de armas?

—Las fuerzas de seguridad y armadas y agencias de seguridad privadas en el mundo son los mayores proveedores de los mercados ilegales, por la "fuga" que existe en sus depósitos. Pero el tema más importante de las armas son las municiones. Por eso el esfuerzo en la destrucción de armas en depósitos judicial y policial, instaurado a partir de la ley 25.938 que, con algunas complejidades para su implementación, por falta de recursos o depósitos, se busca avanzar. Esto tiene que ver con una puesta en orden de los depósitos policiales, fiscalías y judiciales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires había en esa situación 300.000 armas, que entran y salen del circuito legal al ilegal mediante la venta de esas armas o las usan y las vuelven a poner en los depósitos, mientras pasan años hasta que la Justicia dicte un fallo. También deben incluirse las armas que usuarios que tenían por herencia un arma la pasan al mercado negro después de denunciar que la perdieron o se la robaron. También están los depósitos de los arsenales que tienen las fuerzas de seguridad y las agencias de seguridad privada que tienen autorización para la portación. Por lo que si son depósitos que no están bien controlados, auditados, en tiempo real, automatizados, identificando qué armas tienen, cuántas municiones, cuántas se usan, quiénes las usan y de qué manera, es fácil que pasen al mercado negro. A la sumatoria de controles y de trazabilidad, hay que tener una política sostenida de desarme y destrucción de armas, porque no hay nada más seguro que su destrucción.

—¿Ven un crecimiento en el mercado de armas y de mayor envergadura?

—Ha habido una retracción del mercado legal, fruto de las leyes y políticas que se sancionaron en los últimos años, mientras que el mercado ilegal no tiene grandes variaciones. Lo que hubo es una gran política de descontrol que nos genera un problema que facilitó el acceso a las armas. Para armas específicas destinadas al crimen, se necesita otro análisis, que se alimenta por las armas del Estado que se filtran al mercado negro o la compra a través del tráfico. Si traficás con autos, personas, drogas, entre Argentina y los países limítrofes, cómo no van a pasar una caja con Glocks.

—¿Vislumbran una armamentización del crimen al estilo las favelas de Brasil o México?

—No, porque no es la misma lógica violenta. En Brasil, cada momento de la guerra de las drogas implicó un nuevo tipo de armas y un mayor nivel de violencia, donde se vieron armas que se fabrican algunas de ellas aquí cerca, en Fray Luis Beltrán, algo que quedó registrado en un caso ocurrido en las favelas de Río de Janeiro, triangulado a través de Asunción (Paraguay), que generó un reclamo de Brasil. Aquí, la dinámica de enfrentamientos, de los conflictos no son tan grandes.

—¿No imaginan una escala en el tipo de armas y violencia?

—Es una fantasía en términos de que no necesitás una bazooka para enfrentar a dos pibes que vienen a tirarte desde una moto, necesitas algo cómodo, ágil y acceso a municiones. Por lo tanto estamos lejísimo de la dinámica del narcotráfico en Brasil, de la frontera norte de México, en términos de enfrentamientos, de actores, etcétera. Sí en pistolas automáticas o semiautomáticas. Y estas vienen o de las fuerzas de seguridad (no sólo argentinas) o del tráfico.

—¿Por qué la importancia de controlar las municiones?

—Porque las armas pueden estar marcadas, pueden ser peritadas y hacer una trazabilidad. Pero de dónde salen tantos tiros, quién está proveyendo todo eso. Si fuera el mercado legal, según el registro nacional de armas, un usuario legal está bastante limitado para la compra de municiones. Entonces de dónde sale el resto. Cuando estuve al frente del control de armas en Mendoza, de nuestras investigaciones surgían que salían de las propias fábricas militares de la Argentina. Hoy eso parece más controlado por parte del Estado, debido a la presión de la sociedad civil. Pero están las fuerzas policiales provinciales también. Y las balas son más fáciles de traficar.

 —Sin embargo, hay todo una corriente discursiva que plantea pertrechar aún más a las fuerzas de seguridad pese a esta porosidad. ¿Qué opinión tienen?

—Por eso se vienen trabajando desde muchos actores internacionales sobre control y gestión de los depósitos. El gobierno nacional y algunas provincias está avanzando. Pero esa cultura de pertrecharse para una guerra no tiene nada ver con una lógica de seguridad ciudadana o democrática más adecuada para cada situación. Por eso, una fuerza policial provincial, que no tiene una hipótesis de conflicto con grupos de crimen organizado cuasimilitarizados como en el norte de México o Brasil, tiene que tener un armamento moderno, manejable, adecuado.