Oscar Blando aseguró que "el voto de los argentinos no es una transacción bancaria"

A casi una semana del anuncio del presidente Mauricio Macri respecto de la reactivación de su proyecto para modificar el sistema electoral vigente en la Argentina, Oscar Blando, secretario de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, no oculta sus reparos frente a la posibilidad de que la Nación insista en avanzar con la boleta única electrónica (BUE). "El voto no es una transacción bancaria", advierte a La Capital el funcionario.

   Blando acaba de presentar la compilación denominada "Reforma política en Argentina. Un debate democrático pendiente", que incluye trabajos de investigadores, docentes, funcionarios judiciales y dirigentes políticos. Y, en ese contexto, también asegura que en 2018 (un año sin comicios) "no deberían surgir impedimentos" para encarar un proceso que desemboque en retoques a la Carta Magna santafesina. No obstante, enfatiza que la reelección del gobernador tiene que ser "el último tema a resolver".

   —En sintonía con la presentación de la compilación, la Casa Rosada volvió a la carga con su propuesta de reforma política en la Argentina.

   —Después de los últimos comicios el gobierno vuelve a plantear la reforma política, y nos parece bien. Pero sería un error circunscribirla al sistema de votación de boleta única electrónica. Es la oportunidad de discutir otros puntos clave como el financiamiento de la política y los partidos, el sistema de fuerzas y alianzas, la paridad de género, la posibilidad de eliminar las listas conocidas como colectoras o espejo y la organización de la autoridad electoral. Hablamos de reglas nuevas, consensuadas, previsibles y equitativas.

   —¿El gobierno cederá respecto de la implementación de la BUE?

   —Ojalá tome en cuenta no sólo la posición de los partidos políticos sino la de especialistas, juristas, organizaciones no gubernamentales e, incluso, de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que está a favor de la boleta única en papel y la no privatización del sistema. Ahora, ¿por qué los reparos frente a la BUE? El voto no es una transacción bancaria. En pos de justificar el sufragio electrónico hicieron una desafortunada comparación con el cajero de una entidad financiera. Ejemplifico: cuando vamos a un banco necesitamos incorporar una clave, por lo cual la entidad identifica a la persona que retira el dinero. Pero el Estado ni ninguna empresa deben saber quién y cómo se vota. Además, cuando entregan el ticket bancario hay una sigla que pocos conocen: Seuo (salvo error u omisión). En el caso del sufragio, no podemos admitir que una máquina advierta sobre posible fallos. ¿Quién le devuelve el voto errado a un elector?

   —¿Allí radica la fortaleza de la boleta única de papel que se utiliza en Santa Fe?

   —Es que garantiza tres principios constitucionales que hacen al derecho a elegir y ser elegido, que se ponen en duda con el sistema electrónico: el secreto del sufragio, su integridad y su transparencia, porque es auditable. Además, no es cierto que el mundo va hacia el voto electrónico. Al contrario, viene retrocediendo. Incluso, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio, acaba de afirmar que Santa Fe es un ejemplo en ese sentido. Resaltó la eficacia de la boleta única de papel.

   —¿Hay que avanzar también con cambios en la observación de los procesos electorales?

   —La gestión electoral tiene que ver con discutir quién diseña, administra y resuelve las controversias, y no hay un único modelo en el mundo. Existen algunos mayoritariamente en manos del Ejecutivo, otros centrados en el Poder Judicial, como ocurre en Brasil, y también están los que actúan como entidades autónomas. Lo que sin dudas debe hacerse, por ejemplo en la propia Santa Fe, es abandonar el actual sistema en el que el presidente de la Corte Suprema y dos camaristas (uno Civil y otro Penal) constituyen la jurisdicción de las discusiones. En lo personal, vengo abogando por una conformación que sea independiente y permanente, como la Cámara Nacional Electoral. Es una estructura que les otorgaría credibilidad a los comicios y legitimidad a los gobernantes.

   —¿Están dadas las condiciones para modificar el financiamiento de los partidos políticos?

   —Todos hablan de la necesidad de discutir el financiamiento de la política y, en general, hay acuerdo en ese sentido. Pero es una asignatura pendiente de la democracia. Se mejoró en algunos aspectos, aunque persiste la opacidad en el tema. Hay que ir hacia mejores mecanismos con efectivos controles públicos y sociales, rendiciones de cuentas verdaderas y accesibles y dispositivos sancionatorios que alcancen también a los candidatos. Al menos en el discurso, todos coinciden.

   —¿Será 2018 el año de la reforma constitucional en Santa Fe?

   —Es una instancia necesaria. Tanto los partidos políticos como las fuerzas sociales y académicas, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y los gremios han reconocido, en este proceso que llamamos Bases para la Reforma, que debemos actualizar la Carta Magna santafesina. Donde hubo algún tipo de discusión es en el tema de la oportunidad. Por eso, en 2018, un año no electoral, no deberían surgir impedimentos para ello. Desde luego, hace falta acordar los ejes fundamentales entre las partes. Pero creo que una Constitución renovada significará no un obstáculo sino parte de la solución a muchos de los problemas que tenemos en cuestiones institucionales, como la organización de los poderes, la limitación o no de los mandatos en todas las escalas y la incorporación de nuevos derechos y garantías.

   —En ese contexto, la reelección del gobernador parece captar toda la atención en la provincia...

   —En el marco de la limitación de mandatos debe estar la del Poder Ejecutivo. Una reelección, como ocurre a nivel nacional y como tiene la mayoría de las provincias, parece razonable y creo que hay acuerdo en ese sentido. Ahora, la reelección del actual gobernador tiene que ser parte del consenso político, que puede o no ocurrir. Pero es un tema más dentro de todos los que la Constitución requiere. Poner el acento en ese ítem impide el debate sobre los puntos clave que la sociedad civil y la política necesitan para una reforma. Entonces, la reelección debe ser el último tema a resolver.