Daniel Reposo fue propuesto como procurador general de la Nación

El abogado Daniel Gustavo Reposo, un hombre cercano al vicepresidente Amado Boudou, fue propuesto por la mandataria Cristina Fernández para ocupar el cargo de procurador general de la Nación.

Luego de la renuncia de Esteban Righi a ese puesto, la presidenta propuso al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), se indicó en forma oficial, en medio de las denuncias contra Boudou por el supuesto tráfico de influencia a favor de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

En noviembre de 2009, el ex ministro de Economía había logrado colocar a Reposo como titular de la Sigen, órgano de control interno del Poder Ejecutivo. En su perfil de Twitter, se autodefine como “Síndico General de la Nación, abogado, ex-gerente de Prestaciones Anses, laboralista, veroniquense, peronista K y amante del golf”.

Oriundo de Verónica -un pueblo del este de la provincia de Buenos Aires- estudió Derecho del Trabajo y Seguridad Social en Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires.

De septiembre de 1986 a diciembre de 1992, se desempeñó en la Sindicatura General de empresas públicas y al año siguiente, fue subgerente institucional de la Sindicatura General de la Nación.

Desde 2007 al 2009 fue gerente de Prestaciones de la Ansés y luego fue titular de la Unidad de Auditoría Interna. Tras ser designado por la presidenta, Reposo deberá pasar por un proceso de selección que instaló Néstor Kirchner en junio del 2003.

Producida la vacante, el nombre y los antecedentes del reemplazante propuesto por la Casa de Gobierno se publicará en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales durante tres días.

Durante 15 días, asociaciones civiles, académicas y de derechos humanos podrán presentar apoyos y objeciones a la persona elegida para el cargo, y, de no haber impugnaciones, el Poder Ejecutivo tiene otros 15 días para elevar al Senado al candidato.

La Cámara alta deberá realizar una audiencia pública con el postulante y en el pleno del recinto se necesitarán los dos tercios de los votos para aprobar la designación.

Durante el proceso de selección, el postulante deberá presentar una declaración jurada con sus bienes, los de su cónyuge y los de sus hijos, además de las asociaciones civiles y comerciales, los estudios de abogados que integró en los últimos ocho años y “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio”.