El ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) Hugo Anzorreguy quedaron hoy procesados por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, ya que la Justicia entendió que habrían desviado la investigación cuando las pruebas apuntaban a la llamada “pista siria”.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también procesó al ex jefe de Antiterrorismo de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios, al ex integrante de la Side Juan Anchezar, al ex comisario de la Federal Carlos Castañeda y a Munir Menem, embajador y asesor presidencial durante la gestión de su hermano Carlos.
Se trata de la causa que investiga las irregularidades descubiertas en el juicio oral a la llamada “conexión local” del ataque a la Amia, donde quedaron expuestos los delitos cometidos durante la instrucción de la pesquisa por la explosión que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas y que todavía sigue impune.
Y apunta a las maniobras que se hicieron apenas quince días después de la masacre, cuando las sospechas apuntaban hacia Alberto Kanoore Edul, un empresario de origen sirio-libanés conocido de la familia Menem que habría tenido vinculación con el ex agregado cultural iraní y hoy prófugo Moshen Rabbani.
“La decisión puesta de manifiesto por parte de Carlos Menem y Munir Menem, además de ser ilegítima era ilícita, y tal ilicitud era conocida por aquellos que directamente operaban en el proceso. Y lo que guió las acciones de Galeano y de aquellos que respondían a sus directivas fue, entonces, el cumplimiento de la voluntad presidencial”, dijo el juez.
Hoy, en una resolución de 325 páginas, el juez Lijo dio por probado que el ex presidente Menem, a pedido de su hermano Munir, dispuso que se frenara la diligencia sobre Kanoore Edul, a quien se llegó luego de que se encontró el motor de la camioneta-bomba que entregó Carlos Telleldín, entonces reducidor de autos.
El juez ponderó que ya en los primeros días de la causa se sospechaba que “Kanoore Edul o miembros de su familia se encontraría vinculado a Mohsen Rabbani”, el ex agregado cultural iraní sobre quien “recae una fuerte sospecha de participación en la ideación y concreción del atentado terrorista”. Sin embargo, dijo el juez, Menem se mostró presto a colaborar con todas las diligencias del esclarecimiento de la masacre en los primeros días de la causa.
Pero “fue a partir del 1ro. de agosto donde Carlos Menem traspasó el límite que separa el desempeño de todo funcionario del marco de legalidad del de ilegalidad. Y esto lo digo porque fue ese día en el que su incidencia fue determinante para lo que aconteció con la pista que vinculaba al entorno iraní con el atentado”, dijo el juez.
Precisamente, ese día debía concretarse un allanamiento en propiedades de Kanoore Edul, a raíz del resultado de las escuchas telefónicas que se habían dispuesto sobre sus líneas telefónicas y que también desaparecieron del expediente.
Para el juez, Menem “hizo manifiesta su voluntad, a través de su hermano -que compartía la decisión-, cuál debía ser a partir de entonces el curso de los acontecimientos en relación con esa pista”.
“Una persona allegada a él y a su familia estaba implicada en un hecho de suma gravedad. Su finalidad fue protegerlo; para ello, bastó que llegue a su conocimiento que Alberto Jacinto Kanoore Edul era una de las personas sospechadas por el Juez de la causa, y abusando de sus funciones escogió los medios necesarios y efectivos para direccionar la investigación al ámbito de lo prohibido, aún admitiendo que su actividad se hubiese basado en el mas absoluto convencimiento respecto de la inocencia de Kanoore Edul”, sostuvo Lijo.
Fue así, relató el juez, que el padre de Kanoore Edul visitó la Casa Rosada y Munir Menem, hermano del Presidente, llamó a Galeano para “interiorizarse sobre la situación” del empresario.
Según se desprende de la resolución, Menem quedó procesado por “encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad”, y se le trabó un embargo de 300.000 pesos.
“Lo decidido por Carlos Menem -a través de Munir Menem- ha sido ilegítimo e ilícito y tal ilicitud era conocida por el mandatario, ya que directamente logró intervenir en el proceso, direccionando las acciones de Galeano y sus auxiliares de justicia que respondían a las directivas de este último”, sostuvo el magistrado.
Como ejemplo, Lijo planteó que apenas Menem se alejó de la Presidencia, Galeano “reactivó el legajo” sobre Kanoore Edul que había mantenido dormido durante varios años, algo que “ya era en vano”. (Dyn)
Por Matías Petisce