El presidente del Instituto de Derecho Constitucional de Rosario, Maximiliano Toricelli, puso reparos en cuanto al alcance de las detenciones sin orden judicial.
Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Policía Federal Argentina fue fundada el 1° de diciembre de 1821.
El último decreto sobre el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA) despertó críticas al nuevo régimen para demorar a personas posiblemente involucradas en un delito. El presidente del Instituto de Derecho Constitucional de Rosario, Maximiliano Toricelli, se mostró preocupado por la reforma y pidió: "No pasemos de la impunidad absoluta a un Estado policial".
La modificación del estatuto le permite a la fuerza llevar a una comisaría a quienes no tengan identidad confirmada y se encuentren en circunstancias previas o posteriores a un hecho ilegal. "La cantidad de horas en las cuales se los detiene parece un poco excesiva", opinó el abogado ante la consulta de LT8.
El letrado especializado en derecho constitucional ratificó que el gobierno tiene la posibilidad de cambiar la organización o la estructura de la PFA. No obstante, recordó: "Siempre que haya una restricción a la libertad, es importante que salga por ley del Congreso. La autoridad competente no es el Poder Ejecutivo".
De acuerdo al anexo del decreto 833/2025, una persona puede estar demorada hasta 10 horas para establecer su identidad fehacientemente. El artículo 6 del estatuto de la Policía Federal habilita esta medida sólo cuando "existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo" y es obligatorio notificar al juez de turno con competencia en el caso.
El representante del Colegio de Abogados de Rosario (Colabro) advirtió que en la nueva reglamentación "no se ve por qué" corresponde este tipo de acciones por parte de la fuerza. "Toda normativa tiene que tener su explicación, por qué voy a restringir en determinada manera derechos de la ciudadanía. Tiene que haber una justificación muy grande porque si no, se puede prestar a situaciones de abuso", enfatizó.
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Toricelli remarcó que los límites de las facultades del Estado se definen para garantizar la libertad individual y neutralizar el peligro de las detenciones arbitrarias. En este sentido, agregó: "No se trata de atar de pies y manos a la policía para que no pueda actuar. No pasa por eso, pasa por las situaciones de equilibrio que a veces nos cuesta entender en todos los ámbitos".
La reforma impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, despertó diferentes tipos de críticas. Del lado de los especialistas, el presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colabro planteó que no se puede llegar al punto de permitir cualquier situación ante una supuesta amenaza. "No nos olvidemos que nos encerraron dos años por la amenaza de un virus", comentó respecto de las restricciones sanitarias aplicadas desde 2020 por la pandemia de Covid-19.
Otra cuestión que llamó la atención de abogados y políticos dentro del estatuto de la PFA fue la autorización del monitoreo de redes sociales sin autorización judicial. Por su parte, el letrado rosarino opinó que actualmente "se vive con espionaje, desde el Estado y fuera del Estado", ya que esas plataformas son "una forma de exhibición" y advirtió: "Esa necesidad de publicidad individual hace que todo el mundo esté hurgando".
En concreto, el decreto habilita a la fuerza a realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales". Esta definición comprende sitios web y otras fuentes abiertas. En cualquier caso, la policía debe respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas.
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"En las redes hay peligros mayúsculos y pasan no sólo por el Estado, sino incluso por los particulares", señaló el especialista en derecho constitucional. A partir de esta definición consideró que los riesgos en términos de la regulación legal "están siempre en las posiciones extremas que se adoptan".
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