La Fiscalía penal de La Plata pidió en un juicio oral y público que se condene a penas de entre 8 y 9 años de prisión a ocho ex jefes policiales acusados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero de manera ilegal, maniobra descubierta por el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de la capital provincial.
El pedido fue formulado por la fiscal Virginia Huergo en el marco de la primera jornada de los alegatos del juicio oral que se le sigue en La Plata a los ex policías. Allí solicitó que se condene a la pena de 9 años de prisión por los delitos de "asociación ilícita en concurso real con concusión" al ex titular de la Jefatura Departamental, comisario mayor Darío Camerini; y a su segundo, el comisario Rodolfo Daniel Carballo. La misma pena pidió para el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky y para el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.
En tanto, solicitó la pena de ocho años y seis meses de prisión por considerarlos autores del delito de "asociación Ilícita" al ex jefe de la comisaría 2ª de La Plata, Sebastián Velázquez; al titular de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; al jefe de la comisaría de Villa Elisa, Raúl Frare; y a su par de la ciudad de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.
También pidió esa pena para el ex comisario Juan Retamozzo, quien llegó libre al juicio y que la fiscal lo consideró parte de la asociación ilícita pese a su negativa a someterse a una pericia caligráfica.
Por otra parte, la Fiscalía desistió de la acusación contra María de los Angeles Ramírez, secretaria del titular de la departamental, quien estaba libre pero acusada de encubrimiento agravado. La fiscal consideró que en las audiencias "los cargos de prueba resultaron insuficientes para mantener la acusación".
Una asociación ilícita
En su alegato, Huergo sostuvo que quedó probado que en el período comprendido "al menos" entre los meses de diciembre de 2015 a marzo de 2016, "un grupo conformado al menos por nueve personas, quienes revestían la calidad de funcionarios policiales, conformaron e integraron en forma organizada una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha Jefatura".
Precisó que en el juicio "se puso de manifiesto el mecanismo de funcionamiento en la que el dinero recaudado en forma ilegítima y en virtud de la comisión de diversos ilícitos era entregado finalmente a los integrantes de la Jefatura".
Allí consignó que ese dinero se entregaba "en distintos montos, teniendo en cuenta para su distribución la jerarquía que cada uno de ellos ocupaban al menos durante el lapso referido". Al referirse a los sobres con dinero hallados en la Departamental de La Plata, puntualizó que "evidenciaban quién era el remitente y quién era el destinatario".
"Las fotografías describen cómo algunos de ellos presentaban inscripciones en las que se consignaban como jefe o jefe de la Departamental mientras otros hacían referencia a segundo o segundo Jefe", consignó. Además precisó que los ex policías, "abusando de su cargo y amparándose en su condición de pertenecer a las fuerzas de seguridad, solicitaban y exigían en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas para brindarles seguridad o permitir funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas".
Estructura jerárquica
"Estamos frente a una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuesto para llevar a cabo sus fines", graficó.
Una fuente judicial explicó que entre hoy y mañana será el turno de los alegatos de las defensas de los ex policías y probablemente la semana próxima el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata de a conocer el veredicto.
La causa que investiga a los ex jefes policiales se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1º de abril de 2016 que fueron descubiertos a partir de una denuncia anónima que se hizo ante Asuntos Internos de la policía Bonaerense.
La demora llega hasta facturas de octubre de 2025. El servicio no fue cortado de manera oficial, pero no descartan que individualmente se hayan tomado medidas drásticas
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