El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un pedido de juicio político contra el juez rosarino que la semana pasada ordenó levantar las clausuras de 23 desarmaderos de autos, allanados veinte días antes en búsqueda de autopartes o vehículos de procedencia ilícita, operativos en los que se secuestraron 20 mil piezas sin rotular y valuadas en 60 millones de pesos.
Al mismo tiempo, el fiscal que reemplaza al que intervino en los operativos —que se realizaron en comercios del rubro en Rosario, Pérez, Piñero, San Lorenzo y Granadero Baigorria— apeló ayer la resolución del juez de modo que será la Cámara Penal de los Tribunales de Rosario la que se pronuncie sobre el criterio del magistrado.
La determinación de la cartera nacional expresa el malestar que provocó en ese ámbito que el juez José Luis Suárez calificara como arbitrario el mantenimiento de las clausuras contra los 23 negocios y revocara cualquier medida cautelar que impidiera el desenvolvimiento comercial de los mismos.
Ocurre que hace menos de un mes, el 20 de agosto pasado, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, había encabezado en Rosario el megaoperativo ejecutado por Gendarmería Nacional. Y también anunció que los procedimientos eran un golpe contra la venta ilegal de autopartes, delito que consideró en estrecha relación con varios homicidios ocurridos en la zona.
"Son autopartes manchadas de sangre", dijo Berni en una conferencia de prensa conjunta, en la que refrendaron ese punto de vista el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Sebastián Narvaja, encargado de la investigación.
Frente a la resonancia de esas expresiones la decisión del juez Suárez de levantar las clausuras de los comercios provocó desconcierto. Era la segunda vez, además, que ocurría algo así. En 2009 hubo en Rosario un operativo muy publicitado en el que Gendarmería Nacional secuestró 200 mil autopartes pero luego el juez federal interviniente restituyó las piezas decomisadas lo que, entonces, provocó airadas protestas del gobierno provincial.
El pleito.Los abogados de dueños de los comercios ahora allanados objetaron a la fiscalía haberse excedido en sus facultades al mantener las clausuras y cuestionaron que en 20 días no se hubieran formulado imputaciones concretas contra ellos. El juez Suárez les dio la razón a los defensores revocando cualquier medida cautelar sobre los desarmaderos Grillo, Galizia y Carobeta, medida que hizo extensiva al resto de los comercios allanados.
Los negocios fueron clausurados por infracciones a la ley que regula la actividad, cuyo control concierne a la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación. El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, se manifestó sorprendido ante la determinación de Suárez, que consideró impertinente. Baclini señaló que la determinación de incautar las autopartes había sido de la Dirección de Desarmaderos, en ese sentido administrativa, y no judicial.
El juez. El juez Suárez señaló a este diario que por las constancias obrantes la Fiscalía no comunicó a la Dirección Nacional de Desarmaderos, dentro de las 48 horas de plazo reglamentario, que ya se había asegurado la disposición de los bienes incautados. Esa omisión según el juez motivó el mantenimiento de las clausuras de manera arbitraria, dado que tal cosa no tenía justificación si las autopartes ya habían sido remitidas al depósito judicial.
Lo que más le interesó remarcar a Suárez es que nunca decidió la restitución de esos elementos a ninguno de los negocios. "Lo que no puedo decidir es la destrucción de tales objetos sin que haya sentencia firme que establezca su procedencia ilegal. Eso no equivale a devolverle las cosas a los locales allanados cosa que no hice", dijo el magistrado.
"Si me quieren hacer juicio político adelante. Yo resolví en base a una valoración jurídica de lo actuado", sostuvo Suárez.
El acusador. El fiscal Eduardo Sorrentino, en tanto, apeló ayer la decisión del juez en base a no reconocerle competencia para revocar una medida dictada por un órgano administrativo. Para Sorrentino el juez fue contradictorio porque una semana antes había rechazado el pedido de hacer cesar una claurura diciendo al comercio implicado que debía contender en la sede administrativa.
El fiscal también objetó que Suárez extendiera a todos los desarmaderos el levantamiento de la clausura cuando sólo tres estaban solicitando tal cosa. Sorrentino entiende que como mínimo debió citar a un apoderado de la Dirección de Desarmaderos para que pudiera defender su posición.
El pedido de juicio político contra Suárez fue radicado ante la Corte Suprema de Santa Fe. Fuentes del MInisterio de Seguridad de la Nación consultadas por este diario declinaron hacer comentarios al respecto. La Dirección Nacional de Desarmaderos entiende que las clausuras debían seguir en tanto los comercios cerrados el 20 de agosto tenían mercadería para la venta en clara infracción a la ley.
Apelación o enjuiciamiento
Voceros del Poder Judicial de Santa Fe señalaron que la posición histórica de la magistratura argentina es objetar que se formulen pedidos de enjuiciamiento a los jueces por el contenido de sus sentencias, salvo situaciones de violación grosera de la Constitución. Dicen que ese mecanismo, usado indiscriminadamente, habilitaría la persecución política cada vez que un fallo disguste a los factores de poder estatal. Si la decisión del juez Suárez fuera groseramente improcedente, señalaron esos voceros, las partes pueden apelar.
Por Guillermo Ferretti
Por Gonzalo Santamaría