Hoy se iniciará en Resistencia (Chaco) el juicio oral y público por el tráfico de más de una tonelada de cocaína que, disimulada en bolsas de carbón vegetal, fueron enviadas desde esa provincia a Portugal en 2012. Al banquillo de los acusados llegan cinco personas, entre ellas dos empresarios oriundos de Arroyo Seco, y el abogado Carlos Salvatore, quien está imputado de liderar la banda y seguirá el debate por videoconferencia desde la sala hospitalaria de la cárcel de Ezeiza, donde está internado desde mayo por problemas cardíacos.
El proceso estará a cargo del tribunal integrado por Rubén David Quiñones (presidente), Gladis Mirtha Yunes y Eduardo Ariel Belforte (vocales). El fiscal será Federico Carniel, quien estará asistido por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Nación como lo hizo durante la fase de instrucción, cuando actuaba el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri. En efecto, este funcionario y el entonces titular de la Procunar, Félix Crous, fueron quienes formularon el requerimiento de elevación a juicio de la causa denominada "Carbón blanco".
Los acusados. Además del abogado Carlos Salvatore, apresado el pasado 11 de diciembre en el estacionamiento del supermercado Carrefour ubicado en Pueyrredón al 700 de Rosario, estarán en el banquillo Patricio Daniel Gorosito, fundador y presidente del club Real Arroyo Seco y apresado en Barcelona; el también comerciante arroyense Héctor Angel Roberto; y los bonaerenses Rubén Félix Esquivel y Carlos Pérez Parga. A los cinco se les reprocha haber cometido, en distintos grados de participación, el delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas en tres hechos.
Para hoy está prevista la lectura del requerimiento de elevación a juicio, el tratamiento de las cuestiones preliminares que pudieran plantear las partes y la indagatoria de los procesados. Durante las otras jornadas el Tribunal tiene previsto agotar la lista de las 49 testigos admitidos por las partes.
Los envíos. La acusación incluye tres hechos en los cuales se sumó más de una tonelada de cocaína. El primero sucedió el 8 de marzo de 2012 con la exportación de 380 kilos de droga que fueron secuestrados en la localidad de Cabanas do Chao, en las cercanías de la ciudad de Lisboa, en Portugal.
Los paquetes se hallaban ocultos en bolsas de carbón que formaban parte del embarque perteneciente a la firma "Carbón Vegetal del Litoral SRL" que había partido de la localidad chaqueña de Quitilipi e inspeccionado en la Aduana de Barranqueras, en la misma provincia. Su salida del país fue a través del puerto de Buenos Aires donde nadie controló el embarque.
El segundo hecho saltó cinco días más tarde durante la requisa de dos contenedores de la misma firma que se encontraban en el puerto de Buenos Aires a la espera de ser embarcados a Portugal. En uno de los contenedores, 70 de las 1.050 bolsas de carbón vegetal contenían 519 kilos de cocaína.
Finalmente, en el tercer hecho fueron secuestrados en Lisboa el 11 de abril de 2012 casi 152 kilos de cocaína en un contenedor de la misma empresa. El estupefaciente también estaba camuflado en el interior de bolsas plásticas de carbón vegetal.
El cabecilla. Según la investigación de la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, y la elevación a juicio hecha por el fiscal Sanserri, el abogado Salvatore llevó a cabo "la puesta en marcha de este engranaje criminal" y ocupaba "lo más alto de la escala de mando", dado que tenía a su cargo "la tarea de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar lo que ha sido una empresa comercial dedicada al transporte de estupefacientes al continente europeo.
En ese marco, la pesquisa logró comprobar que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros, poseía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y registraba viajes a este último país y a islas del caribe conocidas como paraísos fiscales donde lavaba los millones de dólares.
Además de esta causa, Salvatore se encuentra procesado en la investigación por el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en la que presta asistencia la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese expediente, a pedido del fiscal Sansserri y la Procelac, la jueza Niremperger dictó recientemente embargos para los procesados (entre ellos, la esposa, la hija y el suegro de Salvatore) por más de 1.600 millones de pesos.
Una tercera causa en la que está involucrado Salvatore está radicada en la Justicia federal porteña y es por la promesa que le hizo a su esposa de asesinar a la jueza Niremperger, hecho que fue conocido a través de las escuchas telefónicas que se realizaban en la investigación.
Además, en un allanamiento a las oficinas del abogado en la investigación por narcotráfico, la policía secuestró "documentos de uso exclusivo de funcionarios aduaneros que tienen la tarea de velar por el control de las mercaderías que salen del país", recordaron los fiscales en la acusación. Esos elementos también son parte de otra causa, aún en fase de instrucción, donde se investiga la responsabilidad de los funcionarios de la Aduana (ver aparte).
Además, en el procedimiento encontraron en la computadora de Salvatore un archivo con la descripción de reuniones realizadas en Rosario con personas de nacionalidad colombiana a quienes les había ofrecido trasladar 300 kilos de cocaína a Europa por un millón de dólares.
Los cómplices. Entre tanto, Gorosito fue individualizado como quien manejaba en Europa las operaciones y era el responsable de recibir los envíos. Para los fiscales, tuvo "capacidad operativa y un rol trascendental en el dominio del aparato de la logística y del transporte".
"Roberto, Pérez Parga y Esquivel han cumplido un rol trascendental en la organización", agregaron los representantes del Ministerio Público Fiscal. Roberto era la "mano derecha" de Gorosito y cumplía la función de "enlace y articulación" con Salvatore; Pérez Parga era el gerente de producción de Carbón Vegetal del Litoral SRL, y Esquivel era el encargado de la planta de esa firma en Quitilipi, donde se embarcaba la droga.
Intentos de coimas
La jueza Zunilda Niremperger, quien estuvo a cargo de la investigación del caso “Carbón blanco”, declaró que dos de los imputados le ofrecieron coimas. Uno le propuso pagarle 4 millones de dólares y otro 500.000 de la misma moneda para quedar al margen de la pesquisa. De todos modos, la jueza no radicó ninguna denuncia. La magistrada, según consta en una escucha realizadas al abogado Carlos Salvatore en diálogo con su esposa, también fue amenazada de muerte por lo que debió reforzar su custodia en marzo pasado.
