Una detención concretada en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez hace 40 días es analizada en Rosario por su posible vinculación con un grave atentado contra un abogado que recibió un tiro por la espalda en pleno Paseo del Siglo en el otoño de 2015. El detenido es también un abogado, tiene 41 años y lo atraparon en una situación de flagrante delito por la que cumple prisión preventiva en una cárcel de Villa María. Sucedió a principios de diciembre cuando lo detectaron frente a la casa de una familia de productores agropecuarios, mientras escapaba a la carrera, después de colocar un navegador satelital debajo del auto propiedad de la familia.
El detenido se llama Alejandro M. y tiene domicilio en Rosario. Fue apresado cuando se alejaba de la casa de una familia de apellido Bermejo, en el barrio Puerto de Palo de la ciudad de Marcos Juárez, luego de dejar un teléfono Motorola con el GPS activado adherido con imanes y cinta adhesiva al chasis de un VW Vento de la familia. Antes el acusado había obstaculizado la captación de imágenes de una cámara de vigilancia. Cuando lo detuvieron llevaba puesta un peluca, una gorra y unos lentes con armazón oscuro. El único testigo en el ataque contra Guillermo Peyrano, el abogado rosarino baleado hace más de dos años, declaró que el agresor tenía puesta una peluca y unos anteojos de montura oscura.
Alejandro M. pertenece a una familia que tiene imputaciones firmes por participar en estafas contra los legítimos dueños de inmuebles agropecuarios de valor económico multimillonario. El mismo fue procesado junto a su madre, en mayo de 2014, por un acto en el que se falsificó el boleto de compraventa de un campo cañadense y de una vivienda en Rosario. Le atribuyeron el delito de estafa procesal en un incidente que luego fue confirmado por la Cámara Penal de Rosario.
La damnificada por este intento de estafa desbaratada es la consuegra de Guillermo Peyrano, funcionario de la Fiscalía de Estado de Santa Fe y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina de Rosario. El 18 de mayo de 2015 a las 21 alguien se le aproximó desde atrás a Peyrano cuando llegaba a la esquina de España y Santa Fe, casi frente al Arzobispado, y le disparó a mínima distancia con un arma corta en la espalda. El proyectil le ingresó por la zona del cuello y terminó su recorrido sin salida alojado en la mandíbula. Se supone que es una bala calibre 22. El agresor cruzó la calle y desapareció. Nunca hubo nadie bajo sospechas explícitas desde la fiscalía que investigó el caso ni mucho menos alguien imputado.
Peyrano fue en ese pleito civil por la apropiación del campo el abogado de su consuegra. A ella le iniciaron un juicio de escrituración a partir de la firma de un boleto adulterado por el cual cedía un campo en Cañada de Gómez y un departamento en una zona cotizada de Rosario por un precio irrisorio, muy por debajo de su valor de mercado, algo que no llegó a ocurrir. El juez de Instrucción Nº 15 de Rosario acusó a Alejandro M. —que es el abogado ahora detenido en diciembre en Marcos Juárez— y a su madre por intentar hacer valer un instrumento falsificado. Según constancias de la causa en ese boleto las firmas de la consuegra de Peyrano, supuesta vendedora, no se corresponden con su trazo de escritura.
Ataque y sospecha
El hecho de que Peyrano haya detectado esta maniobra que colocó a la familia M. como impulsora de una estafa es la única situación que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario tuvo como posible móvil del atentado de un balazo que pudo costarle la vida al profesional. La disputa por esos campos enfrentó a la familia Bermejo con la familia del abogado rosarino ahora detenido en la cárcel de Villa María.
El expediente investigó el modo en que el padre del abogado rosarino, llamado César Manuel M., se vinculó con un hombre llamado Donato Bermejo y mediante estafa se apoderó de tres estancias por valor de 40.180.000 dólares. Dos de esos campos están en Santa Fe: uno tiene más de mil hectáreas y está en la localidad de Bouquet, y el otro está en Villa Minetti. El tercer campo está en Santiago del Estero. A través de una sociedad anotada en Uruguay llamada Tofinex César Manuel M. intentó hacerse de los campos de Bermejo con tres boletos de compraventa.
Donato es el padre de Diego Bermejo, que es dueño del auto en el que colocaron el GPS. El fue quien litigó durante más de 14 años para evitar que mediante un fraude se hicieran de sus tres estancias. Esta causa la tramitó en Rosario el juez de Sentencia Julio Kesuani quien condenó a César Manuel M. en 2014 a tres años de prisión en suspenso y a pagar las costas del juicio.
Esa condena fue confirmada por los camaristas Carlos Carbone, Carina Lurati y Adolfo Prunotto 45 días antes del atentado a Peyrano. Con esa convalidación M. quedó al borde de perder un monto abismal: los millonarios campos en litigio se alejaban de él porque con una condena penal casi con seguridad perdería la causa civil. César Manuel M. litigó hasta el final pero en octubre pasado la Corte Suprema de la Nación puso la última palabra en el caso al descartar una queja por inconstitucionalidad, lo que convalida la condena.
Dos meses después de que ocurriera esto su hijo fue atrapado en Marcos Juárez. Lo acusaron de colocar un navegador satelital debajo de un auto de la familia contra la que litigó por las estancias multimillonarias y lo derrotó judicialmente. La sentencia de la Corte nacional por el pleito penal deja a la familia M. al borde de una casi segura condena civil por los daños económicos de este largo tramite.
Alejandro M fue acusado por el fiscal de Marcos Juárez Fernando Epelde por los delitos de violación de domicilio, daño y tentativa de extorsión (ver aparte). Está preso desde el pasado 6 de diciembre. A fines del mes pasado un juez de garantías Edgar Amigó confirmó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal y lo transfirió a la cárcel de Villa María donde está recluido hasta hoy.
En Rosario el atentado contra Peyrano fue investigado por la fiscal de la Unidad de Homicidios Marisol Fabbro. No se estableció nunca una hipótesis formal sobre el temerario ataque que sufrió el abogado rosarino, que hoy tiene 61 años y sigue en actividad profesional. No hay elementos que justifiquen hasta hoy una imputación contra nadie. Pero el litigio por los campos que descubrió Peyrano es la única conjetura que se consideró en el MPA como motivación de su intento de asesinato. Nunca hubo hipótesis alternativa. Lo que llama la atención al máximo nivel del organismo penal es que hubo dos hechos delictivos graves tras avanzar distintos niveles del Poder Judicial contra la familia M. en estafas con campos. El primero fue hace casi tres años contra Peyrano que litigaba representando a su consuegra por la apropiación de una chacra. El segundo fue hace 40 días contra la familia de Marcos Juárez luego de un fallo que les permite conservar sus campos millonarios.
Tanto en los casos en que César Manuel M. resultó condenado por estafa, como en el que su hijo y su mujer fueron procesados por tentativa de estafa procesal, los acusados tuvieron los mismos abogados. Estos son Absalón Casas y Néstor Vico Gimena. Ambos señalaron en Tribunales al aparecer notas en este diario que los señalamientos contra la familia M., sus clientes, fueron una invención con cobertura mediática. Esto fue antes de que detuvieran a Alejandro M. hace un mes en Córdoba y un juez de esa provincia lo dejara preso.
