El viento anda endemoniado por el jardín del Hospital Eva Perón, uno de los más grandes de la provincia de Santa Fe. Y, cada tanto, trae voces femeninas.
El recorte del presupuesto nacional para la compra de insumos y las acciones de grupos conservadores impactan en la rutina de hospitales y centros de salud
Un grupo de mujeres de la organización 40 Días por la Vida reza frente al Hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria. Foto: Celina Mutti Lovera
Antonela Patroniti, está a cargo del Consultorio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Eva Perón de Baigorria. Foto: Celina Mutti Lovera
Un cartel sobre el aborto legal, seguro y gratuito en la puerta del área de trabajo social del Hospital Eva Perón. Foto: Celina Mutti Lovera
Rubén Mamprín, es el actual jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital Eva Perón. Foto: Celina Mutti Lovera
El laboratorio público (LIF) produce misoprostol vaginal desde principios de 2021. Foto: Celina Mutti Lovera
Foto: Celina Mutti Lovera
María Celeste Alarcón Loizaga es médica generalista e integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Foto: Celina Mutti Lovera
Vanina Otero, referente del área de género de la organización social Corriente Clasista y Combativa (CCC). Foto: Celina Mutti Lovera
Silvia Augsburger, la ex diputada socialista, que hace 24 años presentó el primer proyecto de legalización. Foto: Celina Mutti Lovera
El viento anda endemoniado por el jardín del Hospital Eva Perón, uno de los más grandes de la provincia de Santa Fe. Y, cada tanto, trae voces femeninas.
-Dios te salve María, llena eres de gracia.
Un grupo de mujeres, sentadas en unos bancos color verde que están sobre el ingreso al centro de salud, pasan las cuentas de sus rosarios. Llevan ropa deportiva y pecheras blancas que invitan a rezar por el fin del aborto.
-Bendita tú eres entre todas las mujeres, continúan firmes, pese a que el viento de fines de primavera insista en despeinarlas.
Esa mañana de viernes, el ingreso al hospital es un hervidero. Entran y salen enfermeros, médicos, niños mocosos, mujeres apuradas, hombres mayores que arrastran los pies. Las oraciones los envuelven.
El grupo lleva un mes cumpliendo ese ritual. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, rezan en la puerta del centro de salud. Son parte de la campaña 40 Días por la Vida, desarrollada por una organización internacional que considera a la oración “el principio del fin del aborto”.
La actividad se despliega con ahínco desde diciembre de 2020, cuando la Legislatura argentina aprobó la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, que legaliza el aborto hasta las 14 semanas. Pasado ese plazo, permite el acceso a la práctica si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro de la vida y la salud de la persona gestante.
Las plegarias frente a los hospitales son apenas una parte, quizás la más visible, de la embestida que despliegan grupos religiosos ultraconservadores en los centros de salud de la provincia. En los seis meses que se realizó este informe periodístico, entre octubre y abril pasados, las acciones se repitieron por lo menos en otros dos centros de salud del sur santafesino, como el Hospital Roque Sáenz Peña, administrado por el municipio de Rosario, y la clínica Musa, un centro privado de la ciudad que brinda atención especializada en interrupción del embarazo.
Otras intervenciones son menos públicas. Los equipos de salud sexual registran relatos de algunas estrategias utilizadas por estos grupos para contactar a sus pacientes y, mediante información falsa, convencerlas de continuar con su embarazo. Por este accionar, la organización Grávida fue denunciada penalmente en Santa Fe.
Para Lucía Marinelli, abogada y directora del Área de Género de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, más allá de sus diferencias, todas estas acciones persiguen el mismo fin: obstaculizar la atención de la interrupción del embarazo. “La ley establece claramente que esto es un delito. Sin embargo, aún no hay definición de cómo abordar una denuncia de ese tipo”, dice, y considera que “frente a ciertas prácticas, que son repetidas y reiteradas, se debería avanzar en algún tipo de denuncia”.
El artículo 85 bis del Código Penal argentino prevé sanciones _que van de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena_ a funcionarios públicos, autoridades hospitalarias, profesionales o personal de salud “que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
Pero, afirma Marinelli, “si bien los casos son conocidos, casi no llegan a la Justicia por miedo a las consecuencias que esto puede generar”. En el caso de las pacientes, señalamiento, revictimización, persecución, estigmatización. En el del personal sanitario, el miedo a perder el empleo o no poder ascender en su carrera. “Hay mucho de eso”, señala.
Aun así, en el último año, varias organizaciones que monitorean el cumplimiento de la ley de aborto advirtieron sobre el crecimiento de las dificultades para acceder a estas prácticas. El pasado 30 de diciembre, cuando la norma cumplió cuatro años, la regional Rosario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito alertó sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas y la falta de insumos y equipos profesionales para garantizarlas.
Para la ex diputada socialista Silvia Augsburger, quien hace 24 años presentó el primer proyecto de legalización, esta realidad plantea una paradoja: "Podríamos llegar a tener muertes por abortos inseguros, aun teniendo aborto legal, porque al no existir insumos en los efectores o demoras en la atención, una persona con necesidad de abortar podría recurrir a un método inseguro".
La Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación es uno de los espacios que, entre otras cosas, atiende denuncias por obstaculización en la interrupción legal del embarazo. En 2022, el 0800 222 3444 intervino en 290 casos donde se evidenció que existieron trabas al acceso a estas prácticas. En 2024 iniciaron 603 gestiones por situaciones que fueron “desde demoras o maltrato institucional, cobro por la práctica hasta falta de profesionales o medicación”, de acuerdo al pedido de informe cursado a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Incluso, en Santa Fe, donde en 2022 no se habían detectado obstaculizaciones, en 2024 hubo 27 denuncias que debieron ser analizadas por la dirección nacional. A las integrantes de la regional Rosario de la campaña por el aborto legal los números no las sorprenden. Según afirman, mientras el gobierno nacional sostiene una política de desfinanciación, Santa Fe dejó de ser una jurisdicción que garantiza derechos ampliamente para instaurar una “política de escasez que erosiona el acceso” y vuelve a poner en debate la interrupción del embarazo, aunque exista la ley.
También Amnistía Internacional advirtió que “crecieron notablemente” las barreras en el acceso a la interrupción legal del embarazo en Argentina. Para dar un ejemplo, señala que la cantidad de denuncias recibidas aumentó un 275% entre 2023 y 2024. Y sólo de enero a abril de este año, las situaciones que llegaron a conocimiento de la organización ya superaron las de todo 2024.
Daniel Teppaz es un hombre de hablar pausado y amable. Así lo muestra el video de poco más de 8 minutos registrado en abril de 2018 en la sala del Congreso Nacional donde se desarrolló el primer debate sobre legalización del aborto. De traje gris y camisa celeste, el médico tocoginecólogo cuenta que hace más de 25 años que trabaja en el sistema de salud pública de Rosario y habla sobre los logros de ese modelo de salud. Dice, también, que tiene una formación católica pero que acercarse al dolor de las pacientes que llegaban a los hospitales con abortos clandestinos lo transformó y se manifiesta a favor de la legalización.
Hablar del éxito del sistema público de salud de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe fue una constante de los dos debates que tuvo la legalización del aborto. Santa Fe es el tercer distrito de Argentina, tanto en población (3,5 millones de personas) como en su aporte a la economía nacional (produce el 8% del PBI).
También es pionera en políticas de salud reproductiva: ocho años antes de que el aborto fuera legal, las mujeres ya accedían a la interrupción legal del embarazo mediante un protocolo que amparaba la realización de abortos no punibles en casos de violación o de riesgo de la salud física y psíquica de la mujer. El laboratorio público (LIF) produce misoprostol vaginal desde principios de 2021 y en 2023 se convirtió en el primero del país en producir mifepristona, medicamentos esenciales para esta práctica.
Por eso, en las jornadas de debate previo a la votación de la ley 27.610, funcionarios, personal de salud, académicos y referentes de organizaciones de mujeres recorrieron varias veces los 300 kilómetros que separan a Rosario del edificio del Congreso nacional para explicar cómo en la ciudad se había podido reducir a cero la mortalidad materna producto de abortos y lograr un descenso del 54% en la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes.
El Eva Perón es uno de los hospitales que ya aseguraba estas prácticas antes de la ley. “El hospital siempre fue un habilitador al acceso de los derechos sexuales y reproductivos, aunque con algunos obstáculos al principio. Empezó en el 2012 con una médica, una trabajadora social y una psicóloga que atendían situaciones particulares, sobre todo de niñas, para dar acceso a la interrupción por causales”, explica Antonela Patroniti, actualmente a cargo del Consultorio de Salud Sexual y Reproductiva.
La médica llegó al servicio mientras cursaba su especialidad de tocoginecología, hace diez años. En ese momento, recuerda, la oposición al funcionamiento del consultorio se libraba en los pasillos del hospital. “Todos los fines de semana aparecían afiches con imágenes de un saco gestacional con un embrión y un número de teléfono donde, supuestamente, las mujeres podían pedir ayuda ante un embarazo no deseado. Pero era una estrategia de grupos que intentaban persuadir a las mujeres para que cambiaran su decisión”, cuenta.
Los lunes, temprano, la dirección del hospital se encargaba de descolgar los carteles, reforzaba la comunicación de los días y horarios del servicio, pero el fin de semana siguiente volvían a aparecer. “Después de la sanción de la ley eso mermó bastante. Volvió a aparecer ahora, en este último año, lo mismo que las mujeres que vienen a rezar”, asegura la médica.
Los relatos que reciben de las pacientes que se comunican a esos números son siempre similares: las citan a un lugar que presentan como un consultorio de salud sexual, les pasan videos donde muestran maniobras de extracción con pinzas y les brindan información falsa para torcer su decisión.
Cuando abandonan la reunión, “algunas mujeres, con más recursos, buscan otra salida. Otras no, desisten por temor o cuestiones morales. Para las mujeres, abortar es una decisión muy difícil, no es algo que transcurra como si fuera un trámite. No se trata de tomarse una pastilla y se terminó la historia. En cada una de las mujeres que vienen se ve claramente que hay una fuerte implicación subjetiva en el momento de la decisión”, explica.
Para la médica, si bien el funcionamiento del servicio está garantizado, aún existen dificultades. Por ejemplo, en el acceso de la población del cordón industrial que rodea a la ciudad de Rosario. “Para mí estamos llegando tarde a la detección de los embarazos, por lo cual tenemos edades gestacionales muy avanzadas. Hay falta de información de esas usuarias para solicitar la práctica, piden turnos ginecológicos, los cuales están muy demorados, y no piden turnos para interrupción del embarazo. Eso nos demora semanas y para nosotros una semana es fundamental”, señala.
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El acceso al aborto es una de las principales políticas de salud pública amenazadas desde que, en diciembre del 2023, el líder de la ultraderecha Javier Milei llegó a la presidencia argentina.
Desde que La Libertad Avanza arribó al poder la “batalla cultural”, como la denominan en la sobreutilización de términos bélicos, es mucho más que discursiva. No sólo va de la mano del desfinanciamiento de todos los programas vinculados a la educación sexual y reproductiva, sino que además significó el desembarco en los despachos oficiales de referentes de las iglesias católica y evangélicas, quienes históricamente obstaculizaron las prácticas de aborto.
De hecho, a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2023, una decena de profesionales, dirigentes y militantes de la llamada “causa celeste” ascendió a áreas de decisión en diferentes estamentos del Estado. Son los mismos que en los debates legislativos argumentaron en contra del proyecto de ley.
Entre ellos, por sólo citar algunos nombres, está Manuel García Mansilla, quien en febrero de 2025 fue designado ministro de la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto presidencial y ocupó ese cargo por 39 días hasta que el Senado rechazó su pliego; Ursula Basset quien fue designada como jefa de gabinete en Cancillería o Rodolfo Barra, que ocupó entre diciembre de 2023 y enero de 2025 el cargo de Procurador del Tesoro Nacional, el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Ejecutivo.
Milei se expresó en varias oportunidades contrario a la ley de aborto. Lo hizo el 15 de agosto de 2023, cuando aún no había asumido, en una entrevista en el canal TN. Allí expuso su posición de defensa del derecho a la vida basado en “la biología y la matemática”. También sostuvo que “la ley no se votó de manera limpia”, que “hubo multinacionales jugando en eso” y dijo preferir que sobre “algo tan importante como el derecho a la vida se haga un referéndum”.
En marzo del año siguiente volvió a referirse al tema. Fue en el discurso de apertura del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copello. Una exclusiva institución de la ciudad de Buenos Aires, fundada en 1938 por los hermanos Menesianos, congregación religiosa laica católica. Allí el presidente cursó la primaria y la secundaria. Y frente al alumnado volvió a declararse contrario a la ley de aborto y consideró "asesinos" a sus partidarios.
Apenas 17 días después, en su cuenta de X, calificó al aborto como “un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de fuerzas”. Fiel a su estilo discursivo agregó: “Si usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo”.
Sin embargo, el único intento por presentar un proyecto legislativo para derogar la ley de aborto terminó en un papelón. A principios de febrero de 2024, una diputada nacional electa por La Libertad Avanza, la santafesina Rocio Bonacci, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, incorporando penas de “uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare” y de uno a quince años para quienes practicaran el aborto.
Según el texto, la propuesta llevaba la firma de cinco legisladores, pero algunos advirtieron que no habían firmado el proyecto. Bonacci explicó después que sí le habían dado su apoyo por WhatsApp, aunque el mismo vocero presidencial Manuel Adorni saliera a aclarar que el tema no se encontraba en la agenda del presidente.
Más que por el camino legislativo, la gestión de Milei parecería haber optado por eliminar los programas que garantizaban la compra de insumos para la salud de las mujeres.
El informe del Proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Heath, que desde la sanción de la ley de interrupción del embarazo evalúa su cumplimiento, destacó que “durante 2024, el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ningún tratamiento medicamentoso para la interrupción voluntaria y legal del embarazo de los 100.400 planificados” y que “las provincias reportaron dificultades significativas tras la suspensión de la distribución de tratamientos para el aborto por parte del Ministerio de Salud de la Nación”.
Rocío Garro, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, con sede en Córdoba, destaca que desde la sanción de la ley de aborto, los grupos vinculados a las iglesias desarrollaron distintas estrategias. “Lo que sucedió inmediatamente después de la aprobación, fue el ataque directo a la normativa a través de la judicialización con demandas de inconstitucionalidad”, explica.
Al 2021 las activistas cordobesas habían relevado 34 acciones judiciales contra la ley de aborto legal en diferentes jurisdicciones del país tanto en la justicia federal como en las justicias provinciales, aunque la mayoría de las presentaciones fueron descartadas.
Con el rechazo sistemático que encontraron en la vía judicial, Garro considera que la estrategia mutó a partir de 2021, cuando “se inició una persecución y criminalización directa de agentes de la salud, mujeres y activistas, y se focalizó para lograr la obstaculización de casos concretos”.
Como ejemplos cita la denuncia contra Grávida en Santa Fe por el secuestro de una niña; la persecución que desde agosto de 2021 sufrió en la provincia de Salta la médica Miranda Ruiz, quien enfrentó un proceso penal por haber garantizado un aborto bajo el amparo de la ley; o la detención de cuatro mujeres cordobesas integrantes de una red de socorristas de Villa María, ocurrida un año después.
Ahora, dice, la escasez de insumos, la desarticulación de los programas de salud sexual y la desfinanciación se transformaron en el modo de obstaculizar el acceso que encontraron las organizaciones con canales de llegada al propio Estado, responsable de garantizar derechos. “Suspender los envíos, desmantelar los programas y poner a las provincias al límite es lo que marca la nueva etapa”, afirma.
En febrero de 2021, el ex intendente de Roldán, José Pedretti, presentó en la Justicia Federal de Rosario una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley de aborto que fue rechazada. Ocho años antes, el municipio del departamento Rosario, que en los últimos diez años creció en forma exponencial a fuerza de la construcción de barrios privados, se había declarado como una “Ciudad Pro Vida” por un decreto del Concejo Municipal.
María Celeste Alarcón Loizaga es médica generalista e integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. También es la única profesional que garantiza la interrupción del embarazo en Roldán. “Cuando empezamos a trabajar, la primera tarea fue bajar una cantidad impresionante de fotos y cuadros de vírgenes que había en el centro de salud. Como sucede en otras localidades pequeñas, hay mucho estigma sobre los profesionales que garantizamos interrupciones. Para muchos, yo soy la abortera de Roldán”, dice.
El mote, dicho en forma despectiva, lo escuchó varias veces en boca de las administrativas del centro de salud y de las mismas pacientes. “Explicar que es un consultorio de salud sexual, donde la interrupción del embarazo no es lo único que se garantiza, es un laburo de hormiguita, de todos los días”.
En Roldán hay tres centros de salud y sólo una consejería. En San Lorenzo, los dispensarios son quince y sólo dos profesionales reciben la demanda de esa localidad y otras como Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez o Puerto General San Martín. Para la médica, la falta de equipos obedece a la ausencia de compromiso desde la gestión sanitaria actual para que en todos esos espacios se garantice la interrupción del embarazo. “No hay una decisión política en eso, esto es claro”, subraya.
Las consecuencias son graves: las mujeres que viven en esas localidades y quieren poner fin a su embarazo deben trasladarse varios kilómetros hacia otros lugares donde puedan asistirlas. Por estas dilaciones, llegan a las consejerías en estados gestacionales más avanzados, lo que complica la atención.
En el norte santafesino pasa lo mismo. El 1º de abril de 2019, la localidad de Rafaela reglamentó la ordenanza 5048, impulsada por la asociación Rafaelinos por la Vida, que crea un sistema de "Protección integral de los derechos de la mujer embarazada, su hijo por nacer y su familia, en especial estado de vulnerabilidad”. Gisel Biodi es médica generalista y divide su actividad laboral entre el Centro de Salud del barrio Monseñor Zaspe y el hospital Jaime Ferré de esa ciudad, conocida como La Perla del Oeste.
Ese último efector fue noticia en julio de 2023, cuando se conoció que durante 15 años el jefe del Servicio de Anatomía Patológica había preservado 257 fetos, que se negó a descartar como residuos patogénicos y recurrió a la Justicia para que se ordenara la inscripción en el Registro Civil.
A Biodi también varias veces la llamaron la abortera del pueblo. Es más, alguna vez en una misa o en algún grupo de WhatsApp, fieles católicos convocaron a “orar por su alma”. No es algo que la sorprenda. “Hay muchos otros colegas que fueron escrachados en su casa, salieron en el diario. Todo digitado por organizaciones antiderecho”, afirma. Y aclara que “hacia adentro de lo institucional también ha habido un montón de resistencias y de microviolencias”. En la práctica, dice, eso se traducía en constantes cambios de consultorio, en que le escondieran la llave o le dejaran estampitas por debajo de la puerta o cruces sobre el escritorio.
Por eso, señala, la legalización del aborto “vino a dar un poco de tranquilidad a los profesionales que garantizamos. También ayuda a que las usuarias se sientan seguras. Y, por otro lado, al menos los hostigamientos ya no son tan visibles, tal vez son más sutiles”. Antes de la ley, recuerda, “hubo situaciones graves de malos tratos, de no querer ingresar a la paciente, no querer hacerle la cama, correrle la sábana, no querer ponerle suero”. Para evitar esos hostigamientos, se decidía el traslado de la mujer a otro centro de salud.
En el medio de esa embestida, apunta, se pierden de vista muchas cuestiones: “Yo quisiera que ninguna usuaria tuviera que pasar por una situación tan crítica de decidir si continúa o no con un embarazo no intencional, que no buscó. Tomar esa decisión es compleja para todas las mujeres. La joven, la chica, la grande, la que tiene hijos, la que no tiene hijos. Lo que hacen esos grupos es una vulneración a los derechos de estas personas”.
Rubén Mamprín, actual jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital Eva Perón, trabajó durante varios años en el servicio de ginecología del Hospital Gutiérrez de la localidad de Venado Tuerto, una ciudad de 83 mil habitantes del sudoeste santafesino. “Durante muchos años tuvimos un proceso de estigmatización de la práctica del aborto, de estar absolutamente prohibida y penalizada a convertirse en una práctica habitual, como es hoy, hubo un largo camino, al que muchas colegas le pusieron sinceramente el pecho”, dice.
El médico explica las consecuencias que acarreaba la prohibición del aborto con una anécdota. Hace 25 años, la revista venadense El Entuerto publicó una investigación que tituló “La industria del aborto” y advertía sobre la cantidad de mujeres que llegaban al hospital con infecciones producto de abortos incompletos. La publicación empujó una investigación judicial en la cual personal del hospital quedó procesado.
“Nos pidieron los registros de las mujeres atendidas en los últimos dos años y como cotejaron que no existían denuncias judiciales de esos casos, porque los médicos no las hacíamos, nos imputaron por encubrimiento agravado, por no denunciar los casos y por la repetición”, dice Mamprín y recuerda la mañana en que llegó al hospital para tomar su guardia y terminó en la comisaría, donde le tomaron sus huellas digitales y lo fotografiaron para abrir el expediente. La causa se mantuvo abierta unos cinco años, hasta que la Corte provincial la desestimó.
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Jésica cuenta que se enteró de que estaba embarazada porque tenía diarrea. Dos años después, todavía, se pone colorada cuando lo cuenta, esboza una sonrisa y entrecierra sus ojos achinados. “Era muy joven”, explica como queriendo disculparse. La mujer está sentada en uno de los comedores que la Corriente Clasista y Combativa, una organización social nacida durante la crisis económica del 2001 como respuesta al crecimiento del desempleo, tiene repartidos en numerosos barrios de Rosario.
Hace dos años, recuerda, pasaba gran parte del día acompañando a su madre que estaba internada en el Hospital de Emergencias. Fue entonces cuando empezó con problemas gástricos. Primero pensó que era la angustia, pero como el problema persistía fue al centro de salud donde se atendía habitualmente y le recetaron un protector estomacal. Como los síntomas seguían, decidió hacerse un test de embarazo. Esa tarde, dice, sintió que el cielo se le caía encima. Después de varias noches sin dormir, volvió al centro de salud y pidió un turno para interrumpir la gestación.
La médica le explicó el procedimiento y le dio un turno para que se hiciera una ecografía en otro centro asistencial público del distrito noroeste. Llegó puntual y compartió la espera con varias mujeres embarazadas. Cuando por fin ingresó al consultorio, el médico que la atendió le mostró las imágenes ecográficas, le hizo escuchar los latidos fetales, le dijo que era una niña y la despidió con un: “Pensá bien lo que estás haciendo”.
Jésica todavía recuerda la angustia de la vuelta a su casa, las lágrimas cayendo por su cara redonda, los espasmos ahogados. “No podía hablar con nadie. Soy de la comunidad qom y para mi gente, los hijos son regalos de la madre tierra. Y si quien lo parió no lo quiere se lo da a su mamá, a una tía, a una abuela. Hay una condena sobre la elección de interrumpir el embarazo. Pero yo no podía…”, rememora.
Después describe un errático camino de turnos, con médicos y psicólogos. “Me tuvieron de acá para allá y estiraron todo”, completa. El embarazo siguió su curso, al sexto mes, Jésica tuvo una bebé de bajo peso con quien le costó mucho establecer un vínculo. Su mamá falleció a los 30 días, ella que ya tenía una hija, se quedó sola con dos chiquitas a su cargo. “Fue un choque enorme para mí”, dice. Como si le hubiera pasado un camión por encima, compara.
Vanina Otero la escucha, ceba mates y asiente. Es una de las referentes del área de género de la organización social y asegura que ya escuchó relatos similares de las pacientes de otros centros de salud públicos. Ella las llama “las pibas”, porque tienen casi la edad de sus hijas, y las acompaña cada vez que necesitan una consulta médica, un anticonceptivo que escasea, y también cuando piensan en la posibilidad de interrumpir un embarazo.
“Tuve que aprender todo para poder acompañarlas”, dice la mujer que desanudó su propia historia familiar y personal para hoy poder llevar adelante ese acompañamiento. “Yo era de las que estaba en contra del aborto”, dice como escupiendo palabras. Tenía apenas dos años y su hermana cuatro cuando perdieron a su mamá, de 41, a causa de un aborto clandestino. Criadas con tíos y abuelos poco se habló del tema. Con el paso de los años, el nacimiento de sus seis hijos, uno fallecido, y la violencia que sufrió durante su matrimonio, la fueron llevando de a poco a desandar ese camino.
Para Vanina, lo más doloroso del momento actual es la posibilidad de que los abortos clandestinos vuelvan a practicarse. “Si bien en los centros de salud de los barrios hay buenos profesionales, los recursos que brinda el Estado son escasos. Y, a veces, volvés a escuchar a las chicas hablar sobre cómo se usa un tallo de perejil para interrumpir un embarazo y ahí te tenés que poner en alerta, empezar de nuevo, conversar de qué se trata, explicar que tienen derechos”.
Y las acompaña. “Les recomiendo que por lo menos hablen con una ginecóloga. Y si no hay, algo que también pasa, que busquen una generalista, pero que pregunten”, cuenta Vanina y gira su mirada por cada uno de los rincones del comedor. Allí, cree, las historias tienen nombres y apellidos. Y muchas veces los derechos no llegan, aunque sean ley.
Mari tiene un rosario de cuentas color rojo en la mano y una pechera blanca. En el frente, la prenda lleva el logo de la campaña 40 Días por la Vida escrito en letras mayúsculas, en el dorso la consigna: “Reza por el fin del aborto”.
En su página de internet, la organización se presenta como la iniciativa más grande del mundo de “orantes por la vida naciente”. La campaña de rezos, afirma la publicación, lleva ya 18 años y asegura haber alcanzado un millón de ciudades en 63 países.
Esa capilaridad es importante. Fundado en Estados Unidos, el grupo busca desarrollar estrategias locales y de cercanía para, en sus palabras, “terminar con el aborto” o que “el aborto sea impensado”. En función de ese objetivo, exhiben los resultados de esas acciones: “25.351 vidas salvadas, 268 renuncias de trabajadores y 159 centros cerrados”.
Frente al hospital Eva Perón, 40 Días por la Vida ya realizó dos campañas, la primera fue del 25 de septiembre al 3 de noviembre del año pasado y la segunda del 5 de marzo al 13 de abril de 2025. Un centenar de voluntarios se anotó para cubrir cada una de las diez horas de rezos, de lunes a lunes, durante 40 días. Esa productividad fue reconocida con la presencia de la directora de campañas en Iberoamérica, Lourdes Varela.
Mari, y las otras dos mujeres que esta mañana de fin de octubre potencian sus voces para competir con el viento, se sumaron a la iniciativa después de la invitación que el sacerdote de la parroquia San Ramón hizo en una misa. Así se contactaron con Marcela, la coordinadora de la campaña en Rosario, y se sumaron al grupo de WhatsApp que comparten los rezadores.
Todos tienen las mismas instrucciones: cubrir un turno de oración e informar a los responsables de la campaña cada vez que una mujer se acerca al grupo, “para preguntar o pedir ayuda”. Después, según esas directrices, “voluntarios o personal de los rescatadores o de asociaciones provida especializadas hablan con la madre o con la persona que ha pedido ayuda, escuchan el problema y ofrecen soluciones: opciones que respetan el derecho a la vida, ayuda económica, un ultrasonido o una segunda opinión de un ginecólogo”.
Marcela Nóbili lleva seis años al frente de la campaña en Rosario. Es psicóloga y ejerce como docente en el Instituto Natividad del Señor, un colegio dirigido por el sacerdote católico Ignacio Periés, conocido en todo el país como “cura sanador”. Pero esa parte de su historia, dice, no se relaciona con su participación en la campaña que “es una acción ecuménica”.
Para la mujer, la iniciativa tiene “una veta educativa, formativa” y puntualiza: “Tratamos de transmitir que existe vida desde el momento de la concepción”. Esto, continúa, “no es un concepto religioso, sino de la biología”.
También explica que en cada lugar donde se realiza la campaña se trabaja junto a otras instituciones que acompañan a mujeres embarazadas, como la Fundación de la Visitación, que tiene hogares que llevan el nombre de Madre de la Ternura, y Casa de la Esperanza, donde alojan a las mujeres, Grávida y una red de abogados que “asisten no solamente a la mujer, sino también a todo el personal médico que quiere plantear la objeción de conciencia” a las prácticas de interrupción del embarazo.
Navegar las páginas y las redes sociales de las organizaciones que rechazan el aborto permite ver lo frecuente de estas relaciones. La Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable aglutina a entidades que se identifican como “celestes”, “provida” o “profamilia”. Se presenta como una organización nacional compuesta por más de 400 organizaciones “comprometidas con la defensa de las dos vidas”.
La pastora Evelyn Rodríguez es la referente de la red que desde el 1º de abril del 2019 sostiene una línea telefónica gratuita y un número de WhatsApp donde se ofrece asistencia y contención” a toda mujer que atraviesa un embarazo inesperado o vulnerable y que desea continuarlo”. La iniciativa tiene presencia en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y suma a instituciones diversas: desde los hogares que reciben a las mujeres hasta fundaciones encargadas de garantizar fondos de funcionamiento o convenios con organismos del estado.
El proyecto se presentó el 6 de marzo de 2019 en el Congreso Nacional. Del acto participaron los máximos representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), Jucum (un movimiento misionero cristiano internacional) y el Frente Joven, un espacio de formación política que mantiene relaciones con grupos católicos como la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta).
Esta composición transversal en cuanto a geografías, credos y actividades se repite en otras organizaciones como Unidad Provida que, gestada por Santiago Santurio, actual diputado nacional por La Libertad Avanza y referente de la agrupación política Ciudadanos, se presenta como una red de más de 150 organizaciones que promueven “el derecho a vivir de la mujer y del niño por nacer”. Otro ejemplo es Marcha por la vida, referenciada a nivel nacional por Alejandro Geyer, que cada 29 de marzo organiza manifestaciones en todo el país para conmemorar el Día del Niño por Nacer.
Mari y las otras mujeres que rezan en la puerta del Hospital Eva Perón no conocen tantos detalles. Ni están interesadas en hablar con periodistas. Sólo piden que en la nota se mencione que la dirección del centro de salud no las deja rezar en el hall, ni circular por el edificio con las pecheras de la campaña puestas. Después siguen con su plegaria. Es mediodía, el hospital está repleto y el viento sopla fuerte.
La modalidad de autoservicio empezó a funcionar en Rosario desde el pasado martes entre las 22 y las 6 de la mañana
Por Nicolás Maggi
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