Los abogados de David Trigueros, a quien se lo acusa de integrar una red de servicios sexuales, solicitaron ayer ante la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas que el hijo del ex coordinador de Gabinete municipal goce del beneficio de la prisión domiciliaria. Por la gravedad de los delitos que les imputan a Trigueros, a Juan Mantovani y a Liliana Guzmán (facilitamiento de la prostitución y explotación económica de la actividad), todo indica que la magistrada no accederá a los pedidos de excarcelación concretados por sus defensas en el marco de la investigación de una trama que incluye una página web (www.supergatitas.com), dos privados en Rosario y un porno spa en Funes.
Las penas tienen un mínimo de cuatro años y pueden llegar a los diez y hoy vence el plazo para que Rodenas se expida sobrelos pedidos de libertad, luego de que la fiscal Cristina Herrera se pronunciara ayer dentro del expediente.
Herrera analizó desde el viernes pasado los cinco cuerpos del expediente de la causa y ya giró las actuaciones a la jueza interviente, que cuenta con un plazo de 24 horas (vence hoy) para expedirse sobre los pedidos de libertad de los seis imputados en la investigación por facilitamiento de la prostitución y explotación económica.
Todo indica que las solicitudes de excarcelación de Trigueros (responsable del portal), Mantovani (el empresario que resistió a los tiros el allanamiento en el porno spa ubicado en Funes) y Guzmán (sindicada como la madama) serán denegadas. "La excarcelación no procede por el monto de la pena", analizó una fuente judicial.
El artículo 125 bis del Código Penal reza: "El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con cuatro a seis años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima". Y el artículo 127 establece que será reprimido con prisión de cuatro a seis años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En ambos casos, los agravantes pueden elevar la pena hasta los diez años o 15 años si la víctima es menor de edad.
Respecto de Díaz, Cuesta y Roulín, identificados como los lugartenientes de los privados, la suerte podría ser distinta. Aunque al momento de la detención estaban armados y contaban con antecedentes penales.
El mismo agravante podría correrle a Mantovani, quien además abrió fuego cuando llegó la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) a Catamarca 1628 (Funes). Esos delitos se cometieron en el nuevo sistema procesal penal que rige desde febrero pasado.
Nuevo planteo. A media mañana, Guillermo Muratti y Claudio Tavella —abogados de Trigueros— presentaron un escrito ante el Juzgado Nº13 en el que desisten del pedido de excarcelación presentado inicialmente y lo reemplazan por la prisión domiciliaria.
También solicitaron la morigeración de la prisión preventiva, bajo la modalidad de prisión domiciliaria. "Ofrecemos una propiedad acompañando su escritura como caución real y cuatro garantes (dos familiares y dos terceros) que se hacen cargo en caso de que concedan su reclusión en un domicilio de Granadero Baigorria", explicó a La Capital Muratti.
Frente a la gravedad de los delitos que le imputan a Trigueros, sus asesores letrados afirmaron que "técnicamente será concedido, pero quizás no ahora sino más adelante". Luego, Muratti deslizó, por trascendidos, que Supergatitas.com "no estaría registrado a nombre" de su cliente.
Hospedaje reincidente. En su edición del 24 de diciembre de 2011, La Capital dio cuenta de dos allanamientos. Uno de ellos fue en San Juan 1450 (el mismo que fuera requerido por la Justicia el 12 de septiembre pasado) y el otro prostíbulo estaba ubicado en Presidente Roca al 1500.
En esa oportunidad, por orden de la fiscal Viviana Baliche y su par Marcelo Vienna (causas NN) encontraron a cuatro mujeres trabajando, una de ellas de origen dominicano, que no tenía los documentos en regla. Y demoraron a dos madamas que regenteaban los burdeles.
No obstante los antecedentes judiciales, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana municipal, Pablo Seghezzo, fue categórico: "Sobre este local (de San Juan 1450) no teníamos ninguna denuncia o sospecha. Tampoco nos trasladaron alguna inquietud desde el Concejo".
Según el funcionario, bajo el rubro hospedajes y albergues los inspectores realizan una verificación administrativa y controlan condiciones de seguridad y la habilitación.
"No es competencia del municipio ver si existen actividades ilícitas", agregó.
En los papeles oficiales, el hospedaje ubicado en San Juan 1450 fue inspeccionado en marzo.
"En ese marco, iniciamos un cese de actividad en cuanto a su habilitación porque se estaba haciendo un cambio de titular, que no había finalizado. Luego iniciaron el trámite de habilitación, se inspeccionó y, finalmente, fue habilitado en mayo", detalló Seghezzo.
Hasta ayer se desconocía a nombre de quién estaba habilitado desde mayo. Pero,la faja de clausura había sido quitada del ingreso.
