Julieta Makintach, integrante del Tribunal, aceptó su recusación luego de que el fiscal reveló que estaba filmando un documental. El jueves se definirá cómo sigue el proceso
Julieta Makintach, hasta este martes integrante del Tribunal de San Isidro que debe juzgar las presuntas responsabilidades por la muerte de Diego Maradona.
El Tribunal que juzga las presuntas responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona dispuso que este jueves al mediodía se definirá cómo seguirá el proceso luego de que Julieta Makintach, una de las magistradas que lo integra, aceptó su recusación tras revelarse que estaba formando parte de la filmación de un documental sobre la muerte del astro futbolístico.
Ahora se abren dos caminos posibles para seguir adelante con el juicio: que se declare nulo todo el proceso y se conforme un nuevo Tribunal, que es lo que solicita la Fiscalía y la querella, o que sólo se designe un juez que reemplace a Makintach, como piden algunos de los imputados.
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Algo es seguro, lo que se consumó en este juicio fue un verdadero escándalo judicial sobre el que no hay antecedentes.
En efecto, Makintach dejó de formar parte del tribunal de San Isidro que lleva adelante el proceso luego de que el fiscal mostró en una audiencia imágenes de un documental que comienza con los primeros momentos después de la muerte de Maradona en 2020 y el inicio del juicio hace más de dos meses, en el que la jueza aparece en varias tomas como una de sus protagonistas.
Makintach debía pronunciarse, lo mismo que los otros dos miembros del tribunal, sobre el pedido de su apartamiento que habían solicitado fiscales y querellantes.
La jueza había rechazado en un primer momento los cuestionamientos en su contra, pero el fiscal Patricio Ferrari rebatió sus argumentos al mostrar en una pantalla las imágenes del documental que, según acotó, se iba a llamar “Justicia Divina”.
En varias de esas imágenes recabadas en allanamientos a productoras audiovisuales se podía ver a Makintach entrando a la sede del Tribunal y en su despacho y acompañada por una amiga, también participante en la grabación.
El fiscal consideró que la magistrada protagonizó “un reality”. “Fue una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza”, afirmó Ferarri, mientras ella sostenía “no fui yo, no soy yo”.
Makintach sostuvo que no cometió delito alguno y que fue víctima de una operación mediática para apartarla del debate por el que ya han pasado más de 40 testigos.
A raíz de los señalamientos sobre su participación en el documental, la magistrada fue denunciada por no haberse mostrado imparcial con las preguntas que hizo a los acusados durante las audiencias, que habría usado como una puesta en escena para el producto audiovisual que se estaba grabando.
Los otros dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, se mostraron a favor del paso al costado de la magistrada.
Tras aceptar la recusación, Makintash se retiró el los Tribunales por una salida alternativa para evitar a la prensa y ahora podría estar en duda su futuro como jueza, ya que hay varias voces que se alzaron para solcitar su jury.
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, dijo a periodistas que el juicio debe comenzar nuevamente y que el reemplazante de Makintach debería designarse por sorteo.
Del lado de uno de los principales acusados, se mostraron partidarios de la designación de un nuevo tribunal.
“No hay manera de remontar esto, hay que hacer un nuevo juicio”, expresó Mara Digiuni, abogada del neurocirujano Leopoldo Luque, quien era el médico de cabecera de Maradona en el momento de su muerte.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se recuperaba durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital de una cirugía para remover un hematoma subdural en su cabeza, a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada.
La fiscalía considera que los siete profesionales de la salud acusados no cuidaron adecuadamente de él.
Los procesados encaran la imputación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción.
El ilícito se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.
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