La fallida canasta de monedas

Abril de 2001 fue el mes en que la ley de convertibilidad cumplió 10 años y el mes en que el ministro de Economía Domingo Cavallo tuvo que una y otra vez tratar de convencer a los actores políticos y económicos y a la sociedad en su conjunto sobre la continuidad del sistema. La “eurización” comenzó a sonar y la desconfianza envolvió a la economía.

  Por esos días, el titular de la cartera económica lanzó la propuesta de vincular al peso con el dólar y el euro en proporciones iguales. La posibilidad de incluir al euro en una canasta de monedas daría a la Argentina una menor dependencia de las variaciones de tipo de cambio del dólar y una mayor estabilidad, esgrimía Cavallo durante su gira por Francia para contar a los líderes del país del Viejo Continente que la economía argentina crecería más del 2,5% durante 2001.

  Tras hacerse pública la posibilidad de que el euro ingrese como moneda de referencia a la convertibilidad surgió la incógnita de si esta nueva política económica sería una devaluación encubierta, teoría que rápidamente el súper ministro de Economía salió a negar entre los popes de la city financiera.

  Cavallo aseguró en ese momento que el hecho de que Argentina pueda pedir préstamos y tener cuentas en euros con la misma facilidad con que se manejan esas operaciones con dólares o pesos no era el preludio a un salto devaluatorio sino una fórmula para reforzar la convertibilidad. El tiempo diría otra cosa.

  Así fue que se armó el proyecto de ley para incorporar al euro a la economía argentina. El ministro se cansó de afirmar que la flexibilización de la convertibilidad beneficiaría al peso pero las dudas en el establishment económico seguían firmes. Finalmente el presidente Fernando de la Rúa firmó el proyecto que sumaba al euro a la convertibilidad para que comience a regir cuando la moneda de la Unión Europea y la estadounidense coticen a la par —en ese momento había una brecha del 13% entre una y otra divisa— y la iniciativa se trasladó al Congreso.

Déficit. Las arcas del Estado estaban flacas y había que buscar alternativas para contar con efectivo. El gobierno nacional se volcó al diseño de un paquete de medidas para cumplir con las metas de déficit fiscal. Durante el primer trimestre del año se había registrado un desfasaje de mil millones de dólares, pero el ministro de Economía no dudó en afirmar que se cumplirían con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eran días en que Cavallo se esforzaba por afirmar que el país no necesitaba más plata de los organismos multilaterales, aunque una gira del súper ministro a Estados Unidos y Canadá hizo hacia de esas afirmaciones.

  Fue en ese mismo momento cuando desde el hemisferio Norte el por entonces titular del FMI Horst Koehler sugirió que la Argentina necesitaría una reprogramación en los plazos de los desembolsos correspondientes al blindaje financiero.

  Tras la visita de una misión del Fondo que llegó al país para auditar las cuentas nacionales, el gobierno se comprometió ante el organismo multilateral a realizar un ajuste de 300 millones de pesos en la administración pública para mantener en vigencia el blindaje financiero. El recorte alcanzaría a la Ansés, el ministerio de Desarrollo Social y el de Interior. Se estimaba que con este ajuste y los ingresos por el nuevo impuesto a las transferencias financieras se alcanzaría a cumplir la pauta fiscal fijada. Finalmente promediando el mes se anunció que el ajuste sería por 700 millones de pesos y se lograría ordenando las asignaciones familiares irregulares y los sectores burocráticos del Estado.

  Sin embargo, la búsqueda de dinero fresco que había emprendido Cavallo llegó primero con la emisión de tres bonos por un total de 3.500 millones de pesos. La reducción de encajes bancarios permitió esta posibilidad.

Más ajuste. Nada alcanza y el ajuste siguió, esta vez por 900 millones de pesos en el gasto público. Además, se anunció una batería de medidas impositivas para lograr una mayor recaudación fiscal y salvar el desborde del déficit de las cuentas públicas. Se generalizó el IVA y se aumentó al 1,5% la tasa del impuesto a las transacciones financieras y se eliminó la exención al pago de ganancias de las personas físicas sobre la venta acciones de empresas, entre otras medidas.

  En abril se cumplieron los 10 años de la paridad uno-uno y se cumplió un mes del regreso de Cavallo como ministro de Economía, pero también fue el mes en que el padre de la convertibilidad tuvo que salir en varias oportunidades a desmentir versiones sobre su renuncia. La posibilidad de entrar en cesación de pagos sacudió a los mercados, la Bolsa porteña cayó varios días seguidos y el riesgo país —ese indicador que luego se transformaría en parte de la cotidianeidad de los argentinos— sufrió una abrupta suba. Como corolario, Cavallo mandó a hacerse atender por el psiquiatra a los analistas ortodoxos que renegaban y desconfiaban de sus últimas estrategias. La tensión sacó a Pedro Pou del Banco Central, y como reemplazante llegó Roque Maccarrone quien no quería saber nada con ampliar la convertibilidad con el ingreso del euro.

  La postal del mes fue ver a Cavallo una y otra vez defender la continuidad de la convertibilidad y responder a las críticas que surgieron con la incorporación del euro a la economía nacional. Salir a aclarar que no había posibilidad de que la Argentina devalúe se convirtió en una constante de esos días. Promediando abril comenzó a circular la posibilidad de una megaoperación de canje por 20 mil millones de dólares para extender el vencimiento de las obligaciones que debían saldarse antes de 2006. Mayo fue el mes del megacanje. •