Si estuviera impreso en papel, el expediente por las 4.040 cuentas de argentinos en la sede Suiza del HSBC ocuparía un despacho judicial entero. Para agilizar la comunicación, más del 90% de la investigación está digitalizada y cargada en un servidor al que sólo tienen acceso la jueza, el fiscal y los abogados defensores. Es la causa por delitos económicos más grande del país: 222 imputados por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión agravada por la fuga de más de 3.500 millones de dólares. La investigación involucra a banqueros, directivos de las principales multinacionales y hasta al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay.
El fiscal Navas Rial y la jueza Straccia sospechan que Martino montó una organización junto a otros 20 directivos y empleados de la entidad bancaria para facilitar el blanqueo, la fuga de divisas y la evasión fiscal. Después de quedar imputado en esta causa, el Banco Central —durante la gestión de Alejandro Vanoli— ordenó el desplazamiento de Martino de su cargo. Sin embargo, la semana pasada el banquero recuperó su lugar como presidente del HSBC Bank Argentina, luego de haber dado "cumplimiento de los pasos legales y administrativos que tuvieron lugar tras un fallo judicial que en diciembre pasado ordenó suspender los efectos de la resolución que, frente a las acusaciones del gobierno anterior, lo había removido como director de la entidad", explicó el banco en un comunicado.
El castigo duró sólo unos meses: en febrero la sala 5 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó el desplazamiento.
La lista de acusados se completa con unos doscientos empresarios, abogados, contadores y apoderados. Todos acusados por evasión fiscal agravada. "El número de imputados varía todo el tiempo, hubo algunas extinciones por muerte y a medida que avanzamos con la investigación se van incorporando más nombres", detalló el fiscal. Entre los involucrados figuran los directivos de los principales grupos económicos del país: el Grupo Clarín lidera la lista con 106 millones de dólares, le siguen el Grupo Fortabat (101,3 millones), la generadora termoeléctrica Central Puerto (82,2 millones), Telecom Argentina (18,8 millones), la compañía bursátil Caja de Valores (17,6 millones), Mastellone Hnos. (16,2 millones) y LKM Laboratorio (14 millones). También integra ese grupo selecto el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay. El ex titular del Banco Central y ex ejecutivo de JP Morgan figura como apoderado de la cuenta en el HSBC Suiza de la fallecida empresaria María Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo. A fines de 2006 en esa cuenta había un saldo de 68,3 millones de dólares. El funcionario macrista también aparece vinculado al Supervielle Group a través de los servicios prestados por su firma de consultoría financiera, Exprinter International Bank. Uno de los directivos de la entidad, Pilar Estela Supervielle, figura en el listado de cuentas secretas en Suiza con 19,6 millones de dólares.
"Prat Gay administraba una cuenta que había sido declarada ante la Afip. Había una diferencia (en la declaración) de alrededor de 0,6 dólares", explicó el fiscal, que desistió de imputar al ministro. La defensa de Prat Gay presentó un pedido de sobreseimiento que aún no fue resuelto.
El fiscal y la jueza esperan los resultados de un estudio del Banco Central sobre "confronte de comunicaciones del sistema bancario", que permitirá conocer algunos de los movimientos bancarios realizados. "Se utilizaron diferentes maniobras para sacar el dinero del país", explicó Navas Rial. La Justicia argentina también hizo un pedido de información al gobierno suizo que fue rechazado por haber sido presentado de modo general sin la descripción puntual de cada caso.
La "lista Falciani". Hevré Falciani, un ingeniero en sistemas italofrancés que trabajó diez años en el HSBC en Ginebra, Suiza, copió datos de 130 mil cuentas secretas en las que descansaban miles de millones de dólares y euros no declarados. El experto en informática huyó con 60 mil archivos a Francia, donde entregó la información a las autoridades fiscales de ese país y se ganó el apodo del "Edward Snowden" del secreto bancario. Ese fue el inicio del "Swiss Leaks", una enorme grita en el secreto bancario de uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Según el banco y las autoridades suizas, el ingeniero informático robó la información para venderla. l dice que intentó alertar a las autoridades suizas, pero que nunca obtuvo respuesta.
Las autoridades francesas entregaron al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Etchegaray, un CD encriptado con las fichas de todos los clientes argentinos. El ex titular del organismo presentó la denuncia en Argentina y así se empezaron a apilar los primeros cuerpos del expediente más grande el país por lavado y evasión. Un total de 4.040 cuentas a través de las que se fugaron 3.500 millones de dólares en 2006. Una cifra significativa: es el 8º país del mundo en número de clientes en el HSBC en Ginebra y el 21º en cantidad de dinero evadido.
Con la información de la "lista Falciani", que España y Estados Unidos obtuvieron mediante convenios con Francia similares al que firmó Argentina, el país ibérico recuperó más de 250 millones de dólares de los evasores y Estados Unidos 1.900 millones. La Afip calcula que la fuga de los 3.500 millones de dólares que había en las 4.040 cuentas permitieron a los argentinos evadir casi 62 millones de pesos.
Arquitectura de la fuga. La información que entregó la Afip a la Justicia Argentina permitió conocer cómo operaban los "facilitadores" e "intermediarios". Abogados, contadores y apoderados que se ocupaban de administrar y desviar fondos. Las maniobras son diversas e incluyen la creación de empresas offshore, firmas fantasma creadas en paraísos fiscales para ocultar el verdadero origen del dinero y evitar el pago de impuestos. Según un estudio reciente de la ONG internacional Oxfam Intermon, los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales. Una cifra que supera al Producto Bruto Interno (PBI) del Reino Unido y Alemania juntos. "Los países en desarrollo pierden cada año más de 100.000 millones por malas prácticas e incentivos fiscales a las empresas. Esta cantidad es cuatro veces superior a lo que se necesita para escolarizar a todos los niños del mundo", sostiene la ONG.
"Hay una fuerte presunción de que en Argentina se montó un sistema de banca privada por el cual, a través de estudios de contadores y abogados, facilitaban la salida de divisas al exterior", explicó el ex diputado nacional Roberto Feletti, que presidió la Comisión Bicameral que investigó las conductas sistemáticas de la fuga a partir de la lista Falciani.
Durante los 180 días que funcionó la Bicameral, diputados y senadores interrogaron a directivos de cuatro bancos, organismos reguladores (UIF, Banco Central y Afip), cinco empresas y arrepentidos. Gabriel Martino y el vicepresidente de la filial argentina el HSBC, Miguel Angel Estévez, se negaron a contestar las preguntas de los legisladores amparándose en el secreto bancario.
Según explicó Feletti, a partir de los testimonios lograron identificar algunos patrones comunes: al menos el 43 por ciento de los clientes que tenían cuentas en el HSBC Suiza en 2005 y 2006, eran clientes de la sede local del banco; en algunos casos se repetían los nombres apoderados de las empresas; el mecanismo de transferencias utilizado por la entidad bancaria para los "clientes vip" no estaba integrado al sistema Swift, utilizado para controlar las transferencias internacionales; existían debilidades en la auditoría externa e interna sobre normas de prevención.
No es la primera vez que el HSBC está involucrado en maniobras de lavado de activos. En 2001, las autoridades federales de Estados Unidos descubrieron que el banco ayudó a blanquear dinero de cárteles mexicanos y organizaciones terroristas. La entidad bancaria firmó una declaración de arrepentimiento y acordó pagar 1921 millones de dólares al gobierno norteamericano para frenar la investigación. En noviembre de 2014 tuvo que pagar otra multa: 611 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas por manipular los mercados de divisas.
Según la Unidad de Información Financiera (UIF), el HSBC no cumple una regla básica del mercado cambiario conocida como "Conozca a su cliente". En Argentina tiene tres multas por más de 100 millones de pesos y once sumarios administrativos por incumplir el deber de informar operaciones sospechosas de lavado de activos. Además, la Justicia Argentina lo investiga por intervenir en la devaluación del peso en enero de 2014, junto a los bancos Galicia, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribas, JP Morgan y de Córdoba.
El daño de la evasión. En Argentina la banca extranjera también tiene su prontuario. La Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados, en 2001, determinó que el 75% del dinero que salía ilegalmente del país lo hacía a través de la banca extranjera. Los principales involucrados eran el Citibank, Banco Río de la Plata, Galicia y HSBC.
Hoy, en la Justicia Penal Tributaria hay tres grandes causas que investigan la arquitectura montada por los grandes bancos internacionales para fugar divisas: la de las cuentas del HSBC en Suiza, la investigación contra el JP Morgan, nacida a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu, y el expediente BNP Paribás, en el que se estudia la fuga de más de mil millones de dólares a paraísos fiscales.
"En el caso del BNP Paribás se descubrió que había un staff de profesionales para captar clientes. Les ofrecían abrir una cuenta ligada a una empresa off shore por donde circularían esos fondos garantizando la confidencialidad", explicó a este diario el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella. Entre los involucrados hay legisladores, gremialistas, integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y un ex juez.
Según explicó Gonella, hay 400 mil millones de dólares de argentinos fuera del país. Por esta fuga, el país dejó de percibir más de 100 mil millones de dólares de impuesto a las ganancias. "El daño de evasión al Estado es inmenso", concluyó el fiscal.
