"La religión en las escuelas es un dispositivo de disciplinamiento"

"Vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio" en la escuela pública, se escuchó decir en abril de este año y en plena campaña electoral al por entonces ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich. Tras la declaración, gremios docentes, centros de estudiantes, pedagogos y organizaciones de la sociedad civil hicieron fila para criticarlo.

La frase, que chocó de frente con la educación laica que garantiza la Constitución Nacional, había sido pronunciada en un acto de inauguración de obras en Corrientes y en respuesta a un sacerdote que pidió que la enseñanza católica "vuelva a las aulas ya que eso no es algo imposible". En eso el cura tenía razón. En Salta, por ejemplo, la religión es una materia obligatoria en todas las escuelas públicas desde que la ley de educación de esa provincia así lo determinó hace diez años. La medida se aplica, pero con cuestionamientos, ya que un grupo de padres judicializó el caso y batalla en la Corte Suprema para dar marcha atrás con esa práctica que consideran discriminatoria para quienes no profesan ninguna religión.

Más cerca, en Santa Fe, está el caso truncado del proyecto de Ley de Educación Sexual Integral. La iniciativa quedó varada en la Legislatura en mayo de este año, en el mismo momento en que el Consejo de Pastores Evangélicos de Rafaela pidió que el debate "no siga avanzando y que se frene en la comisión de Asuntos Constitucionales", espacio en el que finalmente quedó cajoneada (ver aparte).

Las historias en diversas regiones del país muestran la dificultad que persiste para separar Estado y clero y sugieren que las demandas eclesiásticas pueden en muchos casos condicionar o limitar el desarrollo de las políticas públicas.

Pero dentro de la Iglesia, hay voces disidentes que opinan de otra manera. Marta Alanís es educadora popular, feminista y católica, y está a favor de la educación laica. Categórica, asegura que la religión en las escuelas es "un gran dispositivo de disciplinamiento" y opina que "es imperdonable" que la clase política ceda a las presiones de la Iglesia Católica. Consultada sobre por qué es tan difícil separar Iglesia de Estado no duda y dice que es así porque en muchas provincias los legisladores llegan a sus bancas con el aval del arzobispo y después, tienen que pagar los favores.

Alanís es una de las fundadoras de la agrupación Católicas Por el Derecho a Decidir, un movimiento autónomo de religiosas que se alarmó ante la gran cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos y definió juntarse para abordar el tema. Desde los 90 están comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y son una de las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En el marco de las actividades que se organizan por la temática, la diputada provincial Silvia Augsburger —que forma parte de la campaña— invitó a Alanís a Rosario para dar una charla en el Centro de Estudios Universitarios, Políticos y Sociales Igualdad Argentina y La Capital aprovechó su visita para entrevistarla.

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—¿Cuál es tu opinión sobre la enseñanza de la educación religiosa en las escuelas públicas?

—Es una aberración querer hacerlo. Lo quieren disfrazar de algo bueno que enseña valores y creencias acerca de la vida, pero en realidad funciona como un gran dispositivo de disciplinamiento de cómo debe ser la vida, un disciplinamiento tremendo a la juventud, a los pobres, a las mujeres, a las niñas. ¿Qué derecho tiene un niño que es judío o que en su casa son ateos? Nosotros tenemos un virtud con la escuela pública y es que es plural, para todos y para todas ¿Cómo vamos a enseñar una religión? Porque si realmente quisieran enseñar a creer en Dios o a promover la fe, sería distinto. La espiritualidad es mucho más abarcativa que la religión. Conozco la religión católica especialmente, no necesitamos un Papa, no necesitamos un Vaticano, no necesitamos una cúpula masculina que se disfraza, necesitamos hablar de amor al prójimo, de vida en comunidad, y uno de los principales acuerdos de convivencia que hay que poner sobre la mesa es la desigualdad. Romper con todo tipo de medidas que facilitan la concentración de dinero y de poder en unos pocos. La culpa es de los chicos que salen a robar, decimos, pero no del que generó las condiciones para que algunos queden excluidos. Tenemos que preguntarnos cómo debería ser el mundo y no cómo debería ser la religión.

—¿Cuál es el riesgo que se corre cuando el Estado avala ese tipo de pedidos por parte de la Iglesia Católica, como hizo hace meses el ex ministro de Educación Bullrich?

—El problema es que el Estado no puede imponer una creencia religiosa, ningún funcionario puede hacerlo, tampoco una maestra. A mí que la Iglesia Católica quiera dar educación religiosa en todas las escuelas no me sorprende, lo que es imperdonable es que la clase política ceda a esa presión. El problema no es la Iglesia, es nuestra clase política. La Iglesia no garantiza la libertad, la equidad, pero sí debe hacerlo el Estado.

—En Salta se da religión como materia obligatoria en todas las escuelas públicas, algo que hoy está judicializado. ¿Cuál es la consecuencia de segregar a los niños?

—Es discriminatorio. Los niños dicen: "Bueno yo más bien digo que soy católico para que no me saquen afuera o no me manden a otra aula". Van forzando la voluntad del niño a aprender una cosa que no le interesa. Ninguna religión surgió en el mundo para eso. Meterse en la educación pública, es un intento de avasallar a la comunidad en general. Si vos tenés una escuela católica que da religión, primero tendríamos que pedirle a esa institución que se autoabastezca y que no reciba subsidios del Estado, porque un montón de gente que a lo mejor no comparte esa religión, la está sosteniendo. Pero es de esperar que una escuela católica enseñe religión. Ahora, si vos mandás a tu hijo a una escuela pública, no tienen por qué enseñarle religión, sino la cuestión cívica para que de la escuela salgan ciudadanos y no sometidos que obedezcan.

—En Santa Fe está demorada la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), funciona como programa pero no como ley. ¿Cuál es el riesgo de que la ESI no exista como ley en las provincias?

—Hace tiempo que el riesgo es el embarazo adolescente, algo muy perverso, porque ninguna niña busca embarazarse y ser madre. Puede decidir tener un hijo pero no puede decidir no tenerlo. El riesgo es altísimo, exponerse a relaciones inseguras y que les puede costar riesgos para su salud. El tema del embarazo y una maternidad no deseada para las niñas además trae como consecuencia que no terminen la escuela, no puedan armar un proyecto de vida. Es como si se abandonara a los jóvenes a su suerte con la sexualidad, mientras que desde los medios masivos de comunicación hay un estímulo permanente a la sexualidad cada vez más sin límites. Hay una gran contradicción y los niños, en plena efervescencia de la adolescencia están desprotegidos. En la familia no se habla, no se rompen los prejuicios, hace falta una gran campaña de educación sexual que incluya a los niños que no están escolarizados. Para ver la cosa de otra manera es muy necesaria la educación en la escuela, en los medios, en las casas, en el diálogo entre pares, hay que llegar ahí. La educación no es solamente un plan de estudios o una ley, hay que llegar a donde se termina de concretar el aprendizaje porque a veces se considera educación lo que es solamente información. Cuando la información es un proceso de apropiación en la persona y se hizo cargo de eso para cuidarse y defender su proyecto de vida, ahí actuó el proceso educativo.

—Por un lado no se aprueba a nivel nacional la legalización del aborto pero por otro lado se retacea la educación sexual integral en las escuelas. ¿Cómo se explica esa lógica?

—Atraviesa a todos los gobiernos. La clase política en general cuando está en el gobierno se autodisciplina al poder de la Iglesia. Creo que la Iglesia no le viene a pedir tantos favores como los que le ofrecen a la Iglesia.

—¿Por qué cuesta tanto separar Iglesia de Estado?

—Muchas veces los diputados y senadores llegan a ese lugar con el aval del arzobispo y después tienen que retribuirles. Y ante el desgaste y el debilitamiento de la credibilidad de los gobernantes o ante el riesgo de que caiga la credibilidad, terminan teniendo un discurso y una actitud totalmente en sintonía con el de la Iglesia.

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La Educación Sexual Integral, un debate pendiente en la Legislatura