Día del petróleo: a 50 años de la batalla por la nacionalización del recurso

El 24 de julio de 1958 el presidente Arturo Frondizi anunció la “Batalla del Petróleo”, mediante la cual el país, que llegó a importar casi el 70% del petróleo que consumía, en apenas 4 años, y a través de Y.P.F., triplicó la producción nacional y alcanzó el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia de los grandes monopolios que nos abastecían del petróleo importado.

Los tres pilares en que se asentó esta política liberadora del gobierno de Frondizi fueron: 1) Nacionalización del petróleo. 2) Monopolio de Y.P.F. 3) Autoabastecimiento petrolero, plasmados ese mismo año 1958 en la  Ley 14.773 (ley de nacionalización del petróleo) que establecía: art.1º) Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos….. son bienes exclusivos, impresciptibles e inalienables del Estado Nacional… art.2º).Las actividades del Estado Nacional….. estarán a cargo de Y.P.F , Gas del Estado y de Y.C.F. .. Art.8ª) Se declara de urgente necesidad nacional…el autoabastecimiento de hidrocarburos y sus derivados.. Además el art. 4ª  dice: “queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamiento de nuevas concesiones”…….

Al llegar Arturo Frondizi al gobierno la grave situación del país mostraba que, para un consumo de 15.000.000 de toneladas de petróleo, el país sólo producía  5.000.000 millones, debiendo, por tanto, importarse más de 10.000.000 de toneladas, por un valor que representaba la tercera parte del producto de nuestras exportaciones.

La política encarada por el gobierno desarrollista permitió una gran expansión de Y.P.F., y la producción nacional en sólo 4 años llegó a 15.600.000 toneladas de petróleo.

Y.P.F. nunca contó en su vida con tantos recursos como en el período 1958-62. Se adquirieron 36 equipos perforadores de pozos petroleros, la más grande compra de su historia y, seguramente, una de las más grandes del mundo. En 1960 llegó a tener más de 100 equipos trabajando, el doble de lo que normalmente tenía Y.P.F. para trabajos por administración.

Así llegó Y.P.F., por administración, a más que duplicar su producción, superando los 10.400.000 toneladas de petróleo. El resto, hasta llegar a los 15.600.000 toneladas de petróleo, lo logró por medio de contratos de locación de obras y servicios, en especial con tres compañías: Banca Loeb (en Mendoza), Panamericam (en Comodoro Rivadavia) y Tenneessee (en Tierra del Fuego). Eran contratos de explotación que estipulaban que… “La compañía no tendrá derecho de propiedad sobre las tierras de cualquier área del contrato, ni sobre el petróleo y otros hidrocarburos extraídos de ellas. En cambio Y.P.F. tendrá la propiedad de todas las dichas tierras, de dicho petróleo y otros hidrocarburos”. (art. 8º del contrato con Banca Loeb). El art. 25º estipulaba que en caso de arbitraje sobre la letra del contrato, el 3º árbitro lo nombrará el presidente de la Nación, y el art. 33º establece que “las partes se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales le la República Argentina”.

No eran concesiones petroleras, como se acusó falsamente. Eran contratos de locación de obras donde las compañías no tenían derecho sobre el petróleo, el que debía ser entregado diariamente a Y.P.F. Esta modalidad contractual era similar a la aplicada por PEMEX, empresa estatal mejicana, después de la nacionalización de su petróleo, que fue luego aplicada con éxito en Indonesia y, posteriormente en el Medio Oriente, extendiéndose más adelante al resto del mapa mundial, incluyendo la ex Union Soviética y el resto del mundo socialista.

El objetivo de la Batalla del Petróleo se logró en sólo cuatro años.
Se triplicó la producción de petróleo y se logró el autoabastecimiento.
Se quintuplicó la producción de gas.
Las reservas petroleras aumentaron un 50%. Se pasó de 390.000.000 a 590.000.000 de toneladas de reservas en todo el país. 
Y todo ese petroleo en manos de Y.P.F.
Nacionalización.  Monopolio de Y.P.F.  y Autoabastecimiento.

La vieja lucha que iniciaran el Ing. Huergo, allá por 1907, y el General Mosconi, entre 1922 y 1930, y las banderas que levantaron, expresadas brillantemente por Arturo Frondizi en su libro Petróleo y Política, se vieron realizadas en esos cuatro años del gobierno desarrollista.

Pero eso les costó a Arturo Frondizi, a Rogelio Frigerio y a Arturo Sábato, artífices y ejecutores de esa política de liberación, la más espiadada campaña de difamación y calumnias que recuerde nuestra historia contemporánea.

Frondizi dijo: “Los monopolios me pueden perdonar mil libros “Petróleo y Política”, pero nunca me van a perdonar el autoabastecimiento petrolero.

La guerra psicológica que se desató no dejó sector sin abarcar. La derecha golpista y grandes sectores de una izquierda “vocinglera” , vacía de contenido nacional, se unieron en una cruzada de dudosa autenticidad, como lo hicieron en el golpe de estado de 1930, que terminó con el gobierno de Yrigoyen y con la política petrolera del General Moscón.

Illía anuló los contratos y luego se rectificó

Y no cejaron en su empeño hasta que, tras el golpe militar que derrocó a Frondizi, el gobierno minoritario radical de Arturo Illia, anuló los contratos petroleros.

Como consecuencia de ello el país perdió el autoabastecimiento y la producción petrolera no sólo se estancó sino que en 1965 fue inferior a la del año anterior.

Pero afortunadamente para los intereses del país, más allá de la propaganda política y la diatriba de los radicales, el presidente Illia rectificó la política de anulación de los contratos y las compañías que ayudaron al autoabastecimiento continuaron en el país. Solamente la Shell y la Esso (viejas importadoras de petróleo), que habían firmado contratos de exploración, para aumentar las reservas de Y.P.F., con la cláusula del riesgo minero, aceptaron de inmediato la anulación y recuperaron los 50.000.000 de dólares invertidos que, por la cláusula del riesgo minero, habrían perdido al no encontrar yacimientos productivos.

Argentina Cities Service (ex Banca Loeb) y Amoco (ex Panamericam) continuaron la explotación en los respectivos yacimientos de Mendoza y Comodoro Rivadavia, no sólo bajo el gobierno de Illía sino en los sucesivos gobiernos militares y civiles incluyendo el de Raúl Alfonsín, que llegó aún más lejos. Renegoció los contratos con estas dos compañías a los efectos de actualizarles el precio pagado con sustanciales aumentos (Clarín del 15/3/85). En los considerandos del decreto 619 de ese año dice: “los contratos con Amoco han contribuído a sostener la producción nacional desde febrero de 1959, habiendo entregado hasta enero de 1985 la cantidad de 59,3 millones de metros cúbicos de petróleo en condiciones económicas que pueden considerarse ventajosas en función de los costos internos y la evolución del precio del crudo importado.” (Clarín del 12/4/85, pág. 19). El secretrario de Energía era Conrado Storani.

Los considerandos de este decreto 619 de 1985 implican la reivindicación, tardía, de la política petrolera del gobierno de Arturo Frondizi. Valoramos el gesto de Raúl Alfonsín.

La modalidad contractual adoptada por gobierno desarrollista en 1958 es la que rigió por más de 30 años, bajo los distintos gobiernos, hasta la década del 90. Y gracias a ella el país mantuvo, con ciertas oscilaciones, el autoabastecimiento petrolero. Aunque sin el impulso espectacular que tuvo en la época de Frondizi.

La ley 14.773 fue modificada en 1967, en el gobierno militar de Onganía y reemplazada por la ley 17.319. Se mantuvo el principio de la propiedad estatal del petróleo, pero se eliminó el monopolio de Y.P.F y se anuló el art. 4º que prohibía otorgar nuevas concesiones.

Desnacionalización del petróleo y Privatización de Y.P.F.

En 1992, el gobierno peronista de Carlos Menem, desnacionalizó el petroleo, mediante la ley 24.145. Se transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias.

De esta manera se retrotrajo la situación a la época de los gobiernos conservadores donde los gobernadores entregaban discrecionalmente las reservas petroleras a distintas compañías, llegando incluso a impedir el ingreso de Y.P.F. , como ocurrió en Salta en aquellos años de lucha desigual.

La desnacionalización del petróleo fue sorpresivamente incorporada en el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, votada prácticamente a libro cerrado, tras el Pacto de Olivos ( Menem – Alfonsín ).

Pero la ley 24.145 no sólo desnacionalizó el petróleo, sino que privatizó a Y.P.F., perdiendo el país el poder de decisión sobre su política petrolera.

La bancada del partido Justicialista protagonizó una de las jornadas más tristes y contradictorias de nuestra historia al festejar con júbilo y algarabía desmedida la venta de Y.P.F. y la desnacionalización  de nuestro petróleo, al término de la votación en el Congreso de la Nación.

El miembro informante del bloque de diputados justicialistas fue Oscar Parrilli, actual Secretario General de la Presidencia de la Nación.

Hubo denuncias de “coimas” y sobornos, desechadas rápidamente por la justicia amiga del gobierno. Se sentaron diputados “truchos” para dar quórum. El entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, envió el avión sanitario de la gobernación para traer desde Misiones un diputado enfermo, para dar quórum.

Fue muy lamentable. Las banderas históricas de Yrigoyen, Perón y Mosconi fueron pisoteadas y ultrajadas en aquella negra jornada del Parlamento Nacional.

La desregulación petrolera y la pérdida de nuestras reservas.

La desregulación petrolera fue otra de las grandes mentiras del gobierno justicialista. Porque no hubo inversiones de riesgo. Las empresas privadas, nacionales y extranjeras, sólo vinieron al “negocio seguro” de extraer petróleo de los yacimientos conocidos que fueron enajenados a la ex Y.P.F. estatal. Pero no hubo inversiones de riesgo para explorar nuevos yacimientos.

En 1996, en el 2º Congreso Patagónico de Energía, se denunció que…“mientras la ex YPF estatal explotaba el petróleo en forma moderada y hacía una exploración agresiva,…..ahora sucede al revés: es agresiva la explotación, pero la búsqueda de petróleo se tornó moderada”. ( Clarín. 6/1/1997 )..

Y, lo que es más grave, se permitió a las empresas la libre disponibilidad del crudo, para exportar, y la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por dichas exportaciones. La extracción de petróleo, para exportar, superó el 50% por encima de las necesidades del mercado interno. De allí la brusca caída de nuestras reservas, que se agravaron por la falta de inversión en exploración, desde mediados de la década del 90 hasta nuestros días.

Es decir, la falta de inversión en materia petrolera no se debe a la falta de ajuste de las tarifas, como se dice actualmente, sino que viene desde principios de la década del 90 cuando, paradójicamente, se desreguló el mercado petrolero.

Es decir que la falsa desregulación del mercado petrolero se hizo en beneficio exclusivo de las empresas privadas que no querían correr riesgos, e invirtieron sus capitales para extraer el petróleo de los yacimientos ya existentes con el resultado tan negativo para nuestras reservas.

El caso Repsol – Enorme transferencia de nuestro patrimonio
 
El caso de Repsol es paradigmático de esta descomunal transferencia de nuestro patrimonio, de nuestras riquezas,  hacia el exterior.

Repsol (Refinería de petróleo y solventes) era una empresa española de poco relevancia en el negocio petrolero, y gracias a la dádiva y la protección de nuestros  gobiernos, desde la década del 90 hasta nuestros días, se ha convertido en una de las 10 mayores empresas petroleras del mundo.

Extraigo del diario Clarín del 7 de julio de 2000: “Y.P.F. le aportó a Repsol el petróleo que no tiene en terreno propio. Ahora sí está totalmente integrada desde los pozos de exploración hasta las estaciones de servicio”…..”cuando compraron las primeras acciones de Y.P.F. el barril de petróleo costaba 11 dólares. La semana pasada rozó los 35 dólares”. (7 / 7 / 2000).  ( Hoy, julio de 2008, el barril está a 145 dólares).

Cuando Repsol compró la totalidad del paquete accionario de Y.P.F. pagó 15.000 millones de dólares. Explotó los yacimientos ya existentes y, al tener libre disponibilidad del crudo, exportó enormes cantidades del mismo al mercado internacional, reinvirtiendo las divisas obtenidas para comprar yacimientos más rentables en Bolivia, Trinidad Tobago, Libia, y en otros lugares del mundo.

Obtuvo ganancias muy por encima de los 2.000 millones de dólares anuales, por lo que en pocos años recuperó con creces lo invertido. Como los yacimientos de nuestro país no eran tan rentables, la inversión en exploración fue muy baja. De allí la alarmante baja de nuestras reservas.

Hoy, ante la necesidad imperiosa que tiene nuestro país en explorar nuevas reservas, a Repsol le conviene vender por etapas todas sus acciones para así recuperar los 15.000 millones de dólares invertidos cuando compró Y.P.F. para continuar invirtiendo en el resto del mundo.

El caso Repsol implica una descomunal transferencia de nuestro patrimonio, que no se conoció ni en las peores épocas de la Standard Oil.

Y el actual gobierno alienta la compra de esas acciones de Repsol con la falsa bandera de la “argentinización” de Y.P.F.

Es que si alguna empresa, estatal o privada, dispone de esos millones de dólares, lo correcto es invertirlos en explorar nuevos yacimientos. Tanto en nuestro territorio como en la plataforma submarina. Comprar acciones de Repsol es distraer capitales para comprar lo que ya está, generando una nueva deuda que impediría nuevas inversiones en exploración.

Mientras tanto ya es hora que nuestro gobierno ponga límite a las exportaciones de gas y de petróleo, mientras se incentiva la búsqueda de nuevas reservas.

Parece mentira que a 50 años de la “Batalla del Petróleo”, que nos dio el autoabastecimiento, hoy haya que volver al punto de partida.

Para eso es necesario que el país recupere el poder de decisión en materia de gas y de petróleo, que se perdió con la nefasta ley 24.145, de 1992, y con el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, tras el Pacto de Olivos.

Es una deuda que peronistas y radicales tienen con Yrigoyen, Perón y Mosconi.

Eduardo Ferrari Del Sel

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