Se termina la investigación por la Tragedia de Once

El juez federal Claudio Bonadío "corrió vista" ayer a las defensas de los ex funcionarios y empresarios acusados por la tragedia ferroviaria de Once para que opinen respecto al cierre de la investigación y permita al juez su elevación a juicio oral y público.

Luego de que el fiscal federal Federico Delgado y las cuatro cabezas de querellas solicitaran el juicio oral, el juez Bonadío ahora pidió opinión a las 29 defensas sobre la elevación de la causa a esta etapa.

Si bien pueden oponerse a la elevación de la causa de inmediato y proponer la realización de alguna medida de prueba u otro planteo, dicha opinión no es vinculante respecto de lo que resuelva Bonadío.

"Visto la características del presente proceso y la cantidad de vistas y presentaciones y a los efectos de continuar con la tramitación de la elevación de los presente a juicio oral y público impónganse a las respectivas defensas el cargo de hacer esta presentación tanto en papel como en el medio electrónico que crean conveniente (mail, pendrive, CD, DVD etc)", expresó en el oficio que el juez le hizo llegar a las defensas.

Incluso, al ser voluminoso el conjunto de los requerimientos realizados en los últimos días por las cuatro querellas y el fiscal Delgado, el juez avisó a las defensas que de querer consultar las mismas pueden hacerlo por Secretaría o bien por el sitio web de la Corte Suprema (www.cij.gov.ar).

Este lunes, finalmente contestó la vista la querella de la familia de Lucas Menghini Rey, la última de las víctimas encontradas en el tren que chocó el 22 de febrero de 2012 contra el andén de la estación Once dejando 51 muertos.

De las acusaciones fue la más dura, en razón de los delitos por los cuales pidió el juzgamiento de los ex secretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime: los acusó por administración fraudulenta, descarrilamiento doloso y asociación ilícita.

Esta acusación, que también comprende a los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano (ex dueños de TBA) y demás ex funcionarios, se diferencia de la hecha por la Fiscalía, la cual imputó los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta luego del fallo de la Cámara Federal que calificara de esa forma los hechos.

Están imputados cinco ex funcionarios, 23 directivos de las empresas TBA y Cometrans, y el maquinista que conducía la malograda formación.