El proyecto en el Concejo busca garantizar el funcionamiento de ascensores, bombas de agua y luces de emergencia en edificios del centro y macrocentro, tanto construidos como por construirse
Por Nicolás Maggi
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Un proyecto en el Concejo promete levantar polvareda entre constructoras y consorcios, ya que prevé que los edificios del centro y macrocentro estén obligados a contar con grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de ascensores y bombeo de agua potable ante cortes prolongados en el servicio de energía eléctrica.
La propuesta de la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) establece la obligatoriedad de instalar un grupo electrógeno o fuente alternativa de electricidad en todos los edificios construidos y a construirse en el área delimitada por el río Paraná, bulevar 27 de Febrero y avenida Francia. Los equipos deberán garantizar, como mínimo, el funcionamiento de ascensores, bombas de agua y sistemas de iluminación de emergencia en espacios comunes.
"Los proyectos de construcción para edificios nuevos deberán incluir en sus planos las especificaciones técnicas para la instalación de un grupo electrógeno o una fuente alternativa de electricidad, siendo este requisito indispensable para la aprobación del permiso de obra. Mientras que, para los edificios ya construidos, habrá un plazo de 24 meses para adaptarse a la norma", explicó la concejala.
En tanto, marcó que la incorporación de fuentes alternativas de energía, como paneles solares o baterías de respaldo, también puede contribuir a la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.
En este marco, Gigliani apuntó al "escaso nivel de exigencia" por parte del municipio a las constructoras, e incluso señaló los casos donde se habilitan proyectos electrodependientes, saturando el servicio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
“Dado que la administración municipal deja en manos de los desarrolladores y la especulación inmobiliaria la construcción de la ciudad de Rosario, pedimos que al menos éstos sean los que realicen las inversiones necesarias para que las edificaciones sean sustentables y cubran los servicios básicos de quienes los habitan”, afirmó la edil.
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El proyecto surge en un contexto donde el aumento en la construcción de edificios ha generado una demanda exponencial en todos los servicios esenciales, con serios inconvenientes ante cada corte de energía que afectan especialmente a los adultos mayores y personas con movilidad reducida, quienes dependen del suministro eléctrico para el uso de ascensores, sistemas de salud y climatización.
Además, Gigliani marcó que la falta de energía en edificios de altura "genera dificultades en el abastecimiento de agua, seguridad en accesos y comunicación", y que "el déficit de este servicio en horarios nocturnos compromete la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos, dificultando el acceso a las viviendas y el normal desempeño de las fuerzas de seguridad y emergencias médicas".
"La calidad del servicio de energía eléctrica en la ciudad se ha resentido durante los últimos años, ya que se ha visto interrumpido con creciente frecuencia, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto genera una necesidad de implementar soluciones alternativas para suministrar energía eléctrica a la ciudadanía", acotó.
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En cuanto al área elegida, se debe a la gran densidad de edificaciones en altura ubicadas dentro del área comprendida entre el río Paraná, 27 de Febrero y Francia. "Este aumento en la construcción ha llevado a que la demanda de todos los servicios esenciales para las personas aumente de manera considerable, generando que las estructuras se vean desbordadas, bajando notablemente la calidad de los mismos", manifestó en los fundamentos del texto.
Por último, mencionó que ciudades de Argentina como Córdoba y Buenos Aires, entre otras, ya han implementado regulaciones similares, y recordó que en el año 2012, el concejal (mandato cumplido) Aldo Pedro Poy presentó una iniciativa con fines similares, bajo expediente N° 193019, el cual nunca fue considerado y que se encuentra en prescripción reglamentaria desde el 27 noviembre del año 2014.
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