Antes de detallar las penas que pediría contra once personas acusadas en el caso conocido como megaestafa o fraude inmobiliario, el fiscal le dedicó un segmento a algo que que no suele verse en las audiencias donde los acusados son personas de bajo nivel económico, para contrastarlo con estas donde entre los implicados hay personas de condición desahogada y profesionales universitarios. Lo que se está juzgando en este trámite es la apropiación fraudulenta y a veces violenta de inmuebles para que luego los mismos fueran, a través de maniobras de escrituración o registrales, reconducidos al tráfico formal con apariencia de legalidad. Dos son los detalles que marcan estas actividades al margen de la ley según el fiscal: el hecho de que hay maniobras reiteradas por un mismo grupo y la utilización de escribanos que omiten sus deberes.
Para describir la sostenida indignación ante las acusaciones que, dijo el fiscal Sebastián Narvaja, redundaron en ataques al sistema de Justicia y sus funcionarios, el fiscal citó un texto célebre del criminólogo inglés Edwin Sutherland, El delito de guante blanco, en el que el autor dice: "El delincuente de cuello blanco no se considera delincuente porque con él no se emplean los mismos procedimientos de los demás. El público tampoco piensa que el hombre de negocios sea un delincuente porque no encaja en ese estereotipo. Este concepto público recibe, a veces, el nombre de estatus".
"Este es un escándalo judicial que involucró al establishment y conmocionó Rosario", decía una de las publicaciones que el fiscal mostró durante el juicio en las audiencias de esta semana.
Lo que demuestra esta investigación, dijo Narvaja, es una regularidad. Un particular que usa un poder falso como apoderado para vender propiedades de personas que desconocen que se las están sacando, un escribano que confecciona ese poder que se usa como instrumento, la compra por parte de personas ligadas al mismo grupo del bien apropiado y la reescrituración en favor del comprador. Por este tipo de maniobras reiteradas por ejemplo el fiscal pidió 20 años de prisión contra el escribano Eduardo Martín Torres. Quien reiteradamente aparece como beneficiario de los poderes falsos y vendedor de esos inmuebles es Juan Roberto Aymo.
El grupo en ocasiones tenía la precaución que los propietarios de los inmuebles a desapoderar no tuvieran residencia en el país o estuvieran de viaje. Por ejemplo el propietario de una casa apropiada en Pasco 1038 vivía en Alemania y su último viaje a Argentina había sido en 1988. Su hermana era cuatro años mayor que él y padecía de mal de Alzheimer. En el caso de María Elena Lacava, fue víctima de una maniobra de fraude, por la que le sacaron un campo de cuatro hectáreas en Arroyo Seco. Ella residía en Italia y no volvió a Argentina desde 2011.
"Este es un escándalo judicial que involucró al establishment y conmocionó Rosario" "Este es un escándalo judicial que involucró al establishment y conmocionó Rosario"
Uno de los compradores en varios casos es el titular de un ignoto Sindicato de Monteros, Maximiliano González de Gaetano, que también afronta otros procesos por lavado de dinero. Le atribuyeron el apoderamiento de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que era de Ana Josefina Luppi, la viuda de un camarista penal, con la participación del escribano Juan Bautista Aliau, que ahora afronta un pedido de nueve años de prisión por instar la inscripción de una escritura falsa del también falso apoderado de Luppi a González de Gaetano como comprador, lo que ocurrió el 14 de mayo de 2014. Aliau fue acusado de participar posteriormente del trámite de reventa de este mismo campo.
El Centro de Justicia Penal, donde esta semana el fiscal desplegó su acusación durante tres días.
Foto: La Capital / Archivo.
Hubo situaciones desconcertantes como la que vivió María Isabel Alvarado, propietaria de un lote de terreno en la calle 3 de Febrero, en Pueblo Esther, frente a la vivienda de De Gaetano. Un día fue a la comuna porque dejaron de llegarle los impuestos. Allí se enteró que mediante un poder apócrifo Roberto Aymo le había vendido su casa al vecino de enfrente. El escribano que actuó fue Torres.
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El escribano Luis María Kurtezmann (h) es señalado por intervenir en una operación del campo apropiado a Luppi, vendido a Marcelo Jaef, y haber pedido la regularización de la escritura del bien desapoderado en favor de los compradores pese a que, por la denuncia del hijo de la dueña, la fiscalía había hecho una inscripción litigiosa sobre ese bien. Narvaja aduce que el 14 de octubre de 2015 el escribano Kurtzemann ingresó un certificado en el Registro de la Propiedad pidiendo una inscripción definitiva del campo que fue rechazada por cuestiones formales. A la semana la fiscalía interpuso una medida para evitar nuevos movimientos de la propiedad. No obstante, planteó Narvaja, veinte días después Kurtzemann reingresó el certificado rechazado. Y el pedido se incorporó con la misma fecha y número que el trámite anterior. Eso permitió eludir el bloqueo fiscal y lograr la inscripción definitiva del inmueble.
La defensa de Kurtzemann es que la ley registral obliga al escribano que ya otorgó una escritura a ingresarla para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Narvaja describió en la semana una reiteración de hechos que denominó maniobras que dejaban ocultos ante organismos de control a personas como Leandro "Lelo" Pérez en una operación vinculada con la venta del campo apropiado a la viuda del camarista, que es la cesión de un departamento de la Torre Aqualina para Pérez, quien ya está condenado en este caso. Una de las operaciones que detalla es una escritura de compraventa entre el agente de bolsa Jorge Oneto y la empresa Palabra Santa SRL que tenía un mes de existencia y un capital integrado de 100 mil pesos.
"Kurtzemann sabía que esa empresa funcionaba como Pantalla de la persona de Pérez", dijo el fiscal. Quien también describe en detalle cómo el escribano interviene en actos relacionados con el traspaso del campo apropiado en Villa Amelia para agotar este ilícito. También afirma el fiscal que los valores de operaciones en Torre Aqualina (departamentos y cocheras) son irregulares. Al argumentar la acusación Narvaja recordó cómo Pérez, como agente de automotores, le vendió vehículos a integrantes o allegados a Los Monos. A Kurtzemann le solicitó una pena de cinco años y seis meses de prisión.
En las instancias previas las defensas de los escribanos Aliau y Kurtzemann señalaron que estos desconocían las irregularidades sobre los bienes en los que ellos intervenían como notarios y que ambos fueron inducidos a error. La próxima semana, en el juicio, las defensas ampliarán estos planteos.
