Federico Reynares Solari advirtió que la continuidad del magistrado genera "gran estrés institucional" en el fuero federal de Rosario
Marcelo Bailaque continúa en su cargo a pesar de la grave acusación en su contra.
La orden de prisión domiciliaria para el juez federal Marcelo Bailaque determinó un cambio formal en el proceso penal por corrupción, pero en la práctica sigue ejerciendo su cargo en Rosario. Ante esta situación, el fiscal Federico Reynares Solari señaló este martes que espera pasar a la instancia de juicio "lo más rápidamente" para esclarecer los hechos.
"Esta situación nos genera un gran estrés institucional", remarcó el acusador en cuanto a la situación del magistrado, que continúa en funciones gracias a sus fueros a pesar de las denuncias en su contra sobre extorsión y prevaricato. Durante un reportaje en LT8, el investigador señaló que ambos pueden llegar a cruzarse en audiencias sobre otros casos y también se refirió a la disparidad en la aplicación de las medidas cautelares.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que el arresto domiciliario dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario es un leve retroceso. A la hora de la comparación con la resolución de primera instancia, que era de carácter efectivo, indicó: "De alguna manera nos metieron un gol sobre la hora, pero creo que seguimos ganando el partido".
"Lo que más pone en tensión al sistema es el doctor está decidiendo en audiencia del sistema acusatorio todos los días", apuntó Reynares Solari. En segundo lugar recordó que los integrantes del tribunal de alzada intervinieron en algunas causas previas a cargo de Bailaque. Luego enfatizó que eso no es motivo de recusación, pero opinó que esos antecedentes pesaron sobre la subjetividad de Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal.
A diferencia del empresario Fernando Whpei, coprotagonista de la denuncia sobre corrupción en los Tribunales federales de Rosario, el juez imputado sigue en libertad hasta que el Consejo de la Magistratura evalúe si corresponde el desafuero. "Esa posibilidad no la tienen la mayoría de las personas atrapadas por el sistema judicial", enfatizó el funcionario del MPF.
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El fiscal señaló que sobran los casos de arresto efectivo con una calificación jurídica menor que la de los delitos atribuidos al magistrado. Así concluyó que "la prisión preventiva se reparte de manera desigual en la sociedad como un montón de otros bienes".
En cuanto a la parte positiva de la resolución, el investigador destacó que la Cámara ratificó por unanimidad la necesidad de dictar una medida cautelar. "Las acusaciones que estamos llevando adelante son sólidas y tienen fundamentos", expresó.
Por otra parte, Reynares Solari se refirió al contexto en el que estalló la denuncia contra Bailaque por supuesta complicidad con el narcotraficante Esteban Alvarado y otros delitos. Como parte del sistema, advirtió que una "gran parte" de los actores de la Justicia federal pasaron mucho tiempo sin saber que la ciudadanía esperaba determinadas cosas y no las estaba recibiendo.
"Con este caso, de alguna manera, llegó todo de golpe", indicó el funcionario. Respecto del efecto político e institucional, añadió: "Se rompió la compuerta y llegaron todas las críticas al sistema y a las prácticas institucionales que había".
El investigador planteó que dentro de los Tribunales se habilitaban "ciertos procederes delictivos" con las antiguas reglas de juego. A continuación puntualizó: "Algunos decíamos que esto así no sirve más. Ahora todos se enteraron de golpe".
Hace menos de un mes, Bailaque fue citado a una audiencia ante su par Eduardo Rodrigues Da Cruz por diferentes denuncias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Una de las acusaciones más graves se refiere al entorpecimiento de causas contra Alvarado a partir de la relación común de ambos con el contador Gabriel Mizzau.
Por otro lado, el ex director de Afip en Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido en el expediente y mencionó al magistrado dentro de un plan de extorsión al empresario Claudio Iglesias. El testimonio también incluyó a Whpei, recientemente detenido en el marco del mismo proceso penal.
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Finalmente, la acusación se refiere al manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín y San Lorenzo. En este caso, el juez está bajo sospecha por el giro de unos mil millones de pesos hacia mutuales que estaban bajo el control del financista detenido la semana anterior.
En primera instancia, Rodrigues Da Crus ordenó la prisión preventiva efectiva por 90 días para Bailaque, aunque su colega tiene inmunidad de arresto. También le trabó un embargo de 1.400 millones de pesos, pero la Cámara de Apelaciones redujo el bloqueo a 600 millones y dispuso que la medida cautelar sea de carácter domiciliario en caso de que llegar a ejecutarse.
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