La casa fue ocupada días después del allanamiento judicial, pero los delincuentes amenazaron a los nuevos moradores con armas de fuego
Foto: Gobierno de Santa Fe.
El búnker era una casa construida en una parte de un terreno mucho más amplio.
El gobierno de Santa Fe anunció este viernes la destrucción de un búnker de drogas por orden judicial. Se trata de la primera inactivación en Villa Gobernador Gálvez desde que rige la ley de microtráfico en la provincia. Aunque no hubo detenidos allí, los investigadores confirmaron que los vendedores se iban rotando para utilizar el lugar.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó el operativo como una herramienta para abordar una situación social grave que no sólo se repite en Rosario. De hecho, recordó que al sur del arroyo Saladillo también se estaban realizando allanamientos por abusos de armas de fuego y comercialización de estupefacientes.
En este caso puntual, el fiscal César Pierantoni precisó que el punto de venta de San Francisco de Asís al 2200 estaba funcionando desde 2024, pero no siempre lo utilizaban los mismos maleantes. El funcionario explicó que pidieron el cese de estado antijurídico para "bajar tranquilidad al barrio y que estos lugares no vuelvan a ser ocupados por las bandas".
A diferencia de otras causas sobre narcomenudeo en el departamento Rosario, la investigación se cerró sin arrestos a la hora de ir al búnker. "Lo que nos llamó la atención es que al momento de allanar, no había personas", reconoció el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras la cuadrilla empezaba a desmantelar el inmueble.
Fuentes oficiales confirmaron que la casa fue identificada mediante denuncias de vecinos. La vivienda ocupa apenas una parte de un terreno de unos mil metros cuadrados sobre un pasaje en inmediaciones del barrio La Rana y a pocas cuadras del Centro Municipal San Enrique.
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La pesquisa no terminó el día del allanamiento. El MPA hizo un seguimiento de lo que ocurría en la zona y dos días después advirtieron que alguien había pintado la fachada de celeste.
En el transcurso de esa semana, un grupo de personas se instaló en la casa deshabitada. Los nuevos habitantes no se dedicaban a la venta de drogas ilegales, pero su presencia incomodó a los delincuentes. "Así como entraron, se fueron porque las amenazaron con armas de fuego", precisó Pierantoni.
Para prevenir nuevos episodios de este tipo, la jueza Eleonora Verón autorizó el derribo de la vivienda en Villa Gobernador Gálvez. Los trabajadores a cargo de la demolición pusieron manos a la obra por la mañana y actuaron con el rostro cubierto en busca de evitar represalias similares por su labor.
La inactivación de puntos de venta de drogas ilegales en la provincia comenzó a principios de 2024. Hasta el momento se realiaron 60 operativos en los departamentos Rosario, San Lorenzo, La Capital y Castellanos.
Como representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, Pereira remarcó que las demoliciones permiten prevenir la cooptación de personas menores de edad en la comercialización de estupefacientes, entre factores de la violencia que rodea al negocio narco. Los procedimientos se habilitaron cuando se promulgó la ley de micotráfico y la desfederalización de las causas de menor escala.
Actualmente, el gobierno provincial cuenta con dos líneas telefónicas para denuncias sobre venta de drogas: el 911 y el 0800-444-3583. Cualquiera sea la vía, las autoridades aseguran que la mayoría de las investigaciones avanza hasta el punto del derribo o la inactivación de los lugares dedicados al narcomenudeo.
El ministro Cococcioni remarcó que "no hay un incremento de la violencia" pero reconoció que "la acumulación de casos llama la atención"
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