Será este jueves, a las 11, y habrá una pantalla gigante para seguir minuto a minuto la sesión parlamentaria en el Congreso de la Nación
Virginia Benedetto / La Capital
Una resolución de la Justicia federal de Córdoba obliga al gobierno nacional a regularizar los pagos del programa Incluir Salud y de prestaciones para beneficiarios del Pami.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
La posibilidad de que el Senado trate el proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector de discapacidad tiene en vilo a organizaciones rosarinas, que este jueves convocaron a una concentración frente al Concejo Municipal, a modo de vigilia, para seguir de cerca y de manera colectiva lo que ocurra en el Congreso de la Nación.
El horario para la convocatoria está fijado a las 11, en 1º de Mayo y Córdoba, donde habrá una pantalla gigante para seguir la sesión parlamentaria en el Senado, que tratará el proyecto luego de obtener la media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
La semana pasada, senadores peronistas y radicales emitieron el dictamen a favor del proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026. El objetivo de la norma, resistida por el oficialismo, es actualizar las prestaciones y las pensiones, así como los pagos adeudados.
Serán varias las organizaciones que se concentrarán frente al Concejo este jueves. Entre ellas, estarán las instituciones nucleadas en la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), transportistas, profesionales, trabajadores del sector, familiares y personas con discapacidad.
"Esto es una cuestión de derechos humanos y de supervivencia. Y es un intento de poner un freno a la precarización y garantizar la continuidad de las prestaciones que son vitales para la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dijo el presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego. Y agregó que los senadores tienen una "responsabilidad histórica".
"Esto no es un mero trámite legislativo. Es el grito de auxilio de miles de personas con discapacidad y sus familias, que hoy ven sus derechos más básicos seriamente amenazados”, advirtió Bolego.
Por su parte, agregó: “Durante años, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y los prestadores de servicios hemos advertido sobre la fragilidad de un sistema que, a pesar de estar amparado por leyes nacionales como la 22.431 y la 24.901, ha sido constantemente desfinanciado y desatendido. La falta de actualización de aranceles, los retrasos crónicos en los pagos a los prestadores y la ausencia de una política pública integral han llevado al sector a una situación límite ”.
El presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier ley que se sancione y que sea perjudicial para el equilibrio fiscal que pregona. En ese sentido, Bolego dijo que una situación así "significaría un golpe devastador para todo el sistema”.
“La vulneración de derechos ya es una realidad cotidiana: falta de transportistas para cubrir la demanda, terapias interrumpidas, falta de acceso a medicamentos, centros de día al borde del cierre. Todo esto, sumado a la incertidumbre sobre el futuro, genera una angustia inmensa en las familias”, agregó el titular de Atraes.
Desde diciembre de 2024, los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran congelados y acumulan un desfase del 73% respecto a la inflación.
Esta brecha, afirmaron, ya se torna insostenible y afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, que dependen de terapias, transporte, educación y atención diaria.
“La posible ruptura del sistema único de prestaciones básicas es el escenario más temido. Si no se garantiza la sostenibilidad de estas fuentes y se permite que la crisis se profundice, corremos el riesgo de desmantelar años de avances y de dejar a miles de personas sin la cobertura y el apoyo que necesitan para vivir con dignidad”, apuntó Bolego.
A su vez, la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, expresó que la concentración de este jueves también busca respuestas para el sector por parte de los Estados municipal y provincial.
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"Se está convocando frente al Concejo Municipal para solicitar respuestas urgentes para la crisis enorme y sin precedentes que atraviesa el sector. También necesitamos que el gobierno municipal y provincial confirmen medidas de alivio para prestadoras. La urgencia es que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad”, explicó.
El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
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En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio.
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